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El Supremo condena a Vaersa por “cesión ilícita” de una trabajadora a Agricultura

El fallo sienta un precedente que afecta a muchos empleados al servicio de Infraestructuras

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el despido en 2009 de una trabajadora de Vaersa, empresa pública de aprovechamiento de residuos, que desarrollaba sus funciones al servicio de la Consejería de Agricultura, Pesca y Allimentación. La trabajadora desarrollaba idénticas tareas que los Ingenieros Técnicos Agrícolas funcionarios y bajo la dirección del propio jefe de área de Garantía Agraria; atendiendo y asesorando incluso, al público, en las dependencias de la consejeria.

Al declarar nulo el despido, la consejería deberá abonar los salarios a la demandante, como si hubiera estado trabajando todo este tiempo (unos 70.000 euros), debe readmitirla. La trabajadora puede elegir si prefiere incorporarse Vaersa o a la plantilla de la Consejería de Agricultura.

Como en este caso, un buen número de los trabajadores, previsiblemente afectados por el futuro procedimiento de regulación de empleo, son trabajadores de los Parques Naturales de la Generalitat Valenciana, que trabajan en las propias instalaciones de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que dirige Isabel Bonig, bajo la supervisión y dirección de los directores de los Parques. Trabajadores que podrían ejercitar demanda, reclamando cesión ilegal podrían reincorporarse a la consejería y multiplicar los costes de las indemnizaciones vinculadas al despido colectivo en Vaersa.

El diputado autonómico Rafael Rubio ha anunciado que el Grupo Socialista en las Cortes solicitará la inmediata comparecencia de Pedro García Ribot, secretario autonómico de Administración Pública, para que explique cuántas personas podrían acogerse a la sentencia del Tribunal Supremo al haber trabajado para la Adminsitración autonómico cedidos ilegalmente desde empresas públicas.

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