Una sanidad de maquetas

Representaba una “apuesta por la modernidad” y su presupuesto “estaba garantizado”. El expresidente de la Generalitat Francisco Camps se mostraba pletórico en septiembre de 2008 al anunciar la “inminente” construcción del hospital de Torrent, una obra concebida para atender a 130.000 habitantes y descongestionar el área de Valencia, que arrastra el tercer peor ratio de camas por habitante de España (2,78 por cada 1.000), según el último informe de la Federación de Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Cuatro años después, el solar de 42.000 metros cuadrados junto a la A-7 sigue siendo de uso rústico. Ni la Generalitat ni el Ayuntamiento, que durante dos días no ha respondido a la llamada de EL PAÍS, han adquirido los terrenos. Y el único recuerdo del flamante sanatorio es una valla luminosa de 18.000 euros situada en una rotonda pública. Donde debió levantarse un hospital de 200 camas y tres plantas pastan ahora los corderos. Ni rastro de los quirófanos y las camillas. “Pensar que se construirá el edificio es un acto de fe”, lamenta Albert Andreu, de la plataforma pro hospital, vinculada a Compromís, que recuerda que la consejera de Educación, María José Català, llegó a decir en 2011 que el centro “ya existe”.

El hospital fantasma de Torrent no es un caso aislado. Los centros de Llíria (120 camas) y Gandia (240) son también virtuales. Debieron comenzar a funcionar en 2009 y 2010, respectivamente. Sin embargo, a diferencia de Torrent, están acabados. Al 100% de ejecución, según la consejería, pero carecen de equipamiento. Se encuentran cerrados hasta nueva orden. El primero está tapiado y el segundo podría correr la misma suerte. Abrirlos, instalar la maquinaria y sufragar el mantenimiento de los equipos supondría unos gastos extra de entre 20 y 30 millones de euros anuales respectivamente, según un gestor sanitario de la Generalitat que pide el anonimato. El inicio de actividad no está previsto a corto plazo, como se deduce de la idea admitida por Sanidad de no tener fecha para sacar a concurso el equipamiento o contratar seguridad privada para evitar actos vandálicos en los recintos.

Seis años después de las primeras piedras, carpas y discursos, el Gobierno valenciano debe velar para evitar que la inversión de la construcción —más de 20 millones en Llíria y 48 de un total de 60 en Gandia— no se pierda por el deterioro de unos edificios de apariencia espectral. En el aire queda la promesa de erigir un moderno centro en Camp de Túria con área materno-infantil incluida para cubrir las necesidades de los pacientes que deben desplazarse a Valencia al nuevo hospital La Fe o el Arnau de Vilanova, que cubre a una población de 300.000 personas.

Un futuro más incierto corren los centros prometidos en campaña electoral en Vall d’Uixó (60 camas), Peñíscola (120), Ontinyent y Benidorm, que no figuran en los últimos presupuestos de la Generalitat. Todos están bloqueados. Sentenciados por la crisis y el calculado silencio de la consejería, que evita comprometer nuevas fechas de apertura aduciendo la crisis: “Las infraestructuras se llevarán a cabo cuando las condiciones económicas lo permitan”, zanja una portavoz del consejero Rosado.

La gestión de los centros construidos

El parón hospitalario de la Comunidad ha dejado en el aire 720 camas y desatendido a 420.000 pacientes, según cálculos de EL PAÍS. También ha reforzado la saturación de los 30 hospitales públicos de Alicante, Castellón y Valencia. “La demanda asistencial en la Comunidad, donde se han destruido 1.000 camas en los últimos años, sigue creciendo. Desde la Generalitat se prefiere impulsar el negocio de la sanidad privada”, opina José Mayans, exresponsable de sanidad del PSPV-PSOE y médico del Hospital Arnau de Vilanova, un centro que —según denuncia— “tiene seis camas de intensivos averiadas para una población de 300.000 habitantes”.

La gestión de los centros construidos cerrados es otra de las incógnitas a despejar. Los hospitales de Gandia y Llíria se proyectaron para funcionar bajo el modelo Alzira, buque insignia de la política del PP desde 1999. La Administración construye el edificio y es una adjudicataria privada la encargada de prestar los servicios. Sin embargo, la nueva arquitectura hospitalaria esbozada en abril por el Gobierno de Alberto Fabra, basada en subastar los 18 departamentos sanitarios, ha desatado las dudas en el sector, que desconoce la letra pequeña del modelo y cuestiona que la fórmula permita abrir las infraestructuras de La Safor y Camp de Túria. “La Generalitat tendrá parado el hospital de Llíria durante mucho tiempo, ya que el canon por su gestión será tan alto que ninguna empresa se lo quedará”, augura el consejero delegado de uno de los cuatro grupos hospitalarios autonómicos que operan en la Comunidad. Pese al imparable desarrollo de la sanidad privada —que controla el 43% de la oferta en las tres provincias, según IDIS, el principal lobby del sector—, este directivo niega que el frenazo constructor impulse a su actividad. “Cada vez concertamos menos”, se queja después de admitir “un incremento significativo” en la contratación de pólizas. El 12% de los valencianos (613.000) tienen seguros sanitarios, según el informe de diciembre de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA). El diputado del PSPV Ignacio Subías también recela del nuevo modelo de gestión y de la apertura de los centros prometidos: “Las empresas no son ONG, tienen que rendir cuentas a sus consejos de administración, y cuando descubran que no pueden hacer negocio, se retirarán de la puja”, asegura el socialista, que tilda las promesas incumplidas de “fraude electoral”.

Sanidad evita comprometer fechas

Fue en la víspera de las elecciones autonómicas de 2011 cuando el candidato popular Francisco Camps visitó por última vez las obras del hospital de Gandia, concebido para sustituir al obsoleto Francesc de Borja, que se construyó hace tres décadas, cuando la capital de La Safor tenía la mitad de población. Camps había puesto la primera piedra del centro en 2007, dos meses antes de las autonómicas de ese año. “Visitó los terrenos y al poco tiempo se colocó una enorme valla iluminada”, recuerda el concejal socialista Vicent Mascarell, que acompañó a la comitiva presidencial. Tras las promesas, llegaron los retrasos de cuatro años. Las carpas desaparecieron y las máquinas enmudecieron. “Los operarios dejaron de trabajar el pasado año”, según Antonio Agustí, de UGT, que cifra el cartel publicitario gigante que ensalza el edificio precintado en 50.000 euros. EL PAÍS ha intentado sin éxito concertar una entrevista con un responsable de la consejería para preguntar cuestiones como los costes de propaganda de los hospitales no construidos o sus fechas de apertura.