González Pons dice que hay otras sentencias que las valida
El alto cargo del PP acata la decisión del tribunal La oposición se siente respaldada en sus denuncias de amiguismo
El vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que "respeta" y "acata" la decisión del Tribunal Supremo (TS) de anular la adjudicación de las TDT de 2006 de la Generalitat y recuerda que ha habido un "cambio de criterio" en el TS porque hay otras dos sentencias anteriores --del mes de marzo-- que las valida.
Pons se ha expresado de esta manera a preguntas de los medios en relación a la desición del Tribunal Supremo de declarar la nulidad de la adjudicación, decidida por la Generalitat en enero de 2006, de las concesiones locales de Televisión Digital Terrestre (TDT) al considerar que la valoración de los candidatos, realizada por una empresa privada y no por la Mesa de Contratación "carece de las notas de objetividad e imparcialidad que es propia de los órganos técnicos de la Administración". Una adjudicación cuya resolución firmó el entonces conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación, Esteban González Pons.
En este sentido, ha explicado que esta es la tercera sentencia del TS sobre este tema. "En las dos anteriores había validado la adjudicación y ahora ha decidido lo contrario", por lo que, "igual que cuando en marzo el TS validó la adjudicación había que acatar y respetar la sentencia, también ahora hay que respetar la sentencia".
De esta manera, ha recordado que ha habido "más de 20 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y dos sentenias del TS avalando la adjudicación". Pero, en esta última el TS "ha decidido cambiar de criterio y no cabe más que acatar y respetar el cambio de criterio que se ha producido en el TS".
Los representantes de los distintos partidos de la oposición en las Corts se han felicitado por la sentencia. El portavoz en funciones del PP, Rafael Maluenda, no ha querido valorar esta mañana la sentencia "por no tener el contenido".
Maluenda ha reconocido, al término de la junta de portavoces, que o conocía la sentencia, pero "el PP tiene el máximo respeto por las decisiones de los tribunales, se comparta o no se comparta la sentencia". El portavoz en funciones ha explicado que "habrá que estudiar la sentencia y analizarla".
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts, Antonio Torres, ha recordado que los socialistas valencianos ya denunciaron en su día que había "amiguismo y nepotismo" en la resolución de las concesiones. "Y una prueba evidente de ello", ha añadido el síndic socialista, "es que la mayoría de las que se hicieron fueron a parar a una sola mano".
Torres, que se ha referido así a preguntas de los periodistas y tras asistir a la junta de síndics. El portavoz ha recordado que el volumen "más importante" de concesiones se hizo a una persona "relacionada con Grtel y con la financiación irregular del PP" que era quien estaba "confomando las empresas audiovisuales a objeto de conseguir el máximo número de licencias", ha denunciado.
Por su parte, el diputado socialista, Josep Moreno, ha incidido, en un comunicado, que la sentencia, "sitúa una vez más" al gobierno del Partido Popular de Fabra y "de su compañero de mesa de hace unas horas, Esteban González Pons, en el centro de los escándalos políticos de este país". El diputado socialista ha instado al PP a que "pida disculpas públicamente y dé garantías de que la nueva adjudicación de las TDT valencanas sería sencillamente legal".
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha asegurado, en un comunicado, que con la decisión de revocar las concesiones de TDT locales, el Tribunal Supremo "pone fin a uno de los mayores ataques a la democracia y a la libertad de expresión que se han registrado en el País Valenciano".
Mollà ha indicado que el Gobierno de Camps otorgó las licencias de TDT a empresas que "incumplían de manera evidente" los plazos de emisión o "el pliego de condiciones para no emitir programación local", pero contaban con el requisito "fundamental" para el PP: "ser medios afines a la Conferencia Episcopal o a la extrema derecha, entre los cuales se encuentran también empresas relacionadas con la trama Grtel".
Ante este "regalo" a las cadenas "amigas", el Gobierno de Camps y también el de Fabra "han marginado y acosado" a diferentes televisiones con una reconocida trayectoria profesional y que emitían programación local, como TeleElx, InfoTV, Gandia TV o Localia, "minando la pluralidad informativa de nuestro territorio", ha explicado.
Ante la sentencia del TS, Mollà ha anunciado que el grupo parlamentario de Compromís en las Corts ha solicitado realizar una interpelación al pleno y ha pedido la comparecencia del consejero de Presidencia, José Císcar, para conocer "cuál será la política que ponga en marcha a partir de ahora el Gobierno del PP".
Por su parte, la síndica del grupo parlamentario de EUPV, Marga Sanz, ha recordado que "en aquel momento" EUPV ya denunció que la adjudicación se había hecho con unos criterios que "obedecía más a afinidades políticas e ideológicas, que a lo que era la pluralidad informativa y por tanto una adjudicación transparente".
Sanz se ha "alegrado" de la sentencia y ahora su partido planteará al Consell que se vuelvan a realizar estas adjudicaciones de forma "transparente" y con unas condiciones en las que puedan colaborar el resto de grupos parlamentarios.
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