Jurado popular para Goiriena

Han tenido que pasar doce años desde que la UPV presentó una querella contra el entonces decano de Medicina, Francisco Javier Goiriena, y la responsable de Estomatología, Monserrat Barranquero, para que ambos se sienten en el banquillo. Lo harán la próxima semana, en la Audiencia de Bizkaia, acusados de delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental oficial. El juicio comenzará oficialmente mañana con la selección de los miembros del jurado popular, si bien los acusados no empezarán a declarar hasta el lunes.

Los hechos ahora juzgados se remontan a 1994, cuando según la fiscalía, Goiriena “aprovechó su condición” de decano de la Facultad de Medicina y Odontología para destinar a “su propio beneficio económico y a fines particulares” determinados bienes y dinero perteneciente a la UPV. Para ello presuntamente se puso de acuerdo con Monserrat Barranquero.

El principal acusado y una exdirectora se apropiaron de 720.000 euros

En el escrito, la fiscalía detalla cómo los dos acusados se quedaron presuntamente con partidas económicas que la universidad destinaba a las denominadas Unidades de Gasto Autorizado (UGA), unas partidas dirigidas a financiar proyectos concretos en la Facultad de Medicina y de las que eran titulares los dos procesados, por los cargos que ocupaban. Sólo con su firma disponían de ese dinero. Según la fiscalía, Goiriena “incorporó a su nómina procedentes de esas cuentas 181.646 euros” y Barranquero, 179.471, “sin que hubiera gasto alguno derivado de la actividad por la que se crearon esas unidades”.

En la calificación final, la fiscalía incide en cómo “siendo rector el hermano del acusado, la UPV firmó un convenio con el Departamento de Interior para realizar dos programas centrados en riesgos cardiovasculares” y el rector aprobó las unidades de gasto para llevar a cabo estos programas, por valor de 330.00 euros, “adjudicando la titularidad de esas cuentas” a Goiriena y Barranquero. El convenio estaba destinado a hacer revisiones a ertzainas, pero no fue así. Los ahora procesados, según la fiscalía, “con ánimo de quedarse con la mayor parte posible del dinero, hasta 223.750 euros, utilizaron material del Departamento de Estomatología para hacer radiografías”.

Los acusados llegaron a crear, figurando como titulares, hasta cuatro sociedades relacionadas con materia dental. Entidades que la fiscalía califica en su escrito de “meras pantallas” y que “utilizaron para emitir facturas no reales”. Además, estaban constituidas fuera de Bizkaia, su único cliente era la UPV y no realizaban declaraciones fiscales. Tras varias auditorías en 1999 y 2000, y la puesta en marcha de una comisión de investigación, la universidad acusó a los ahora procesados de quince delitos económicos.

Los acusados se sientan en el banquillo después de que en noviembre de 2007 la Audiencia territorial ya rechazara los recursos planteados por los dos imputados para evitar esa fotografía y diera luz verde a reabrir el caso, sosteniendo que la investigación realizada arrojaba “indicios sólidos” de que Goiriena y Barranquero destinaron fondos de la UPV para fines ajenos a la actividad formativa, así como que elaboraron facturas que no se correspondían con la contratación de servicios que se consignaban en los documentos.

La Fiscalía del Tribunal Superior vasco solicita diez años de cárcel para el exdecano y otros diez para la exdirectora, inhabilitación absoluta por un tiempo de ocho años y una indemnización a la UPV de 750.265 euros. Según los datos de la acusación pública, los dos catedráticos se apropiaron entre 1994 y 2000 de más de 720.000 euros de la institución académica. Fuentes jurídicas no descartan que una de las líneas argumentativas de la defensa sea demostrar “el fallo que hubo en los mecanismos de control”. Del caso se ha encargado el Juzgado de Instrucción número 4 de Getxo. Mañana se compondrá el jurado popular con las nueve personas seleccionadas para dictaminar su inocencia o culpabilidad.