El Consejo sanciona con mil euros al juez del caso Guateque por retrasos en la causa

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha impuesto al magistrado de Madrid Santiago Torres una multa de mil euros por retraso injustificado en la instrucción del caso Guateque (la trama de corrupción detectada en el Ayuntamiento de Madrid y relacionada con pagos a funcionarios para obtener y acelerar licencias de locales de ocio). El argumento del Consejo es que Torres ha dilatado indebidamente durante varios años la instrucción del caso Guateque, en el que llegó a haber 118 imputados. El juez señala en un escrito ante el Consejo que algunos imputados de esta macrocausa se han apoyado en la falta de medios del juzgado para "hundirle" y "apartarle" de la investigación.

El Poder Judicial ha obviado en su decisión la enorme carga de trabajo que soportaba el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid en época de Torres. Se da la circunstancia de que la denuncia del retraso que ha derivado en la sanción de mil euros la interpuso ante el Consejo el sindicato ultraderechista Manos Limpias y también uno de los imputados en la trama de las licencias, el exfuncionario del Ayuntamiento de Madrid Joaquín Fernández de Castro.

El Juzgado 32 de Madrid es uno de los órganos de su tipo más saturados de causas de España y el que más actividad ha tenido en los últimos años de los 50 que hay la sede judicial madrileña de la plaza de Castilla. Durante dos años, el magistrado Torres estuvo pidiendo, tanto al Consejo como al Tribunal Superior de Madrid, un juzgado de apoyo. Finalmente, cuando el juzgado ya estaba atestado de causas, algunas tan complejas como voluminosas, y con un elevado numero de presos (más de 100), el Consejo le facilitó un refuerzo temporal. Pero el colapso ya era una evidencia.

La carga de trabajo del juzgado de Torres obedece, no solo al fenomenal volumen de las diligencias del caso Guateque, que ocupan decenas de miles de folios, sino también a las ramificaciones delictivas, tráfico de drogas a gran escala, surgidas durante la instrucción de este asunto. Y que llevó al juez a encarcelar a medio centenar de personas por tráfico de drogas.

En su escrito de alegaciones ante el Consejo, el juez Torres revela que algunos de los imputados en la trama del Guateque y su entorno han tratado de “hundirle y apartarle” de la investigación “a través de múltiples mecanismos”. “Uno de esos mecanismos”, aclara el juez, “ha sido aprovechar la deficiencia de medios del Juzgado” para presentar “diversas denuncias por retrasos en la tramitación” de procedimientos surgidos en el caso Guateque y otros como la denominada Operación Yugoslavia. Torres lamenta que el Consejo “no haya tenido en consideración hechos de trascendencia” que justificaban la situación del juzgado y atenuaban el retraso en la instrucción del citado caso de corrupción del Ayuntamiento de Madrid. Legalmente, las causas con presos tienen prioridad sobre otras sin ellos. La Operación Yugoslavia invadió de presos el juzgado de Torres, frente a la del Guateque, que en ese momento no los tenía. “El juez, lógicamente, se centró en la causa con presos, es su obligación, y eso fue lo que generó retrasos en la otra, pero no ha debido ser sancionado”, señalan fuentes que aún trabajan en el Juzgado 32 de Madrid. Torres pidió traslado hace varios meses y ahora trabaja como magistrado en la Audiencia de Madrid.