La Generalitat trata de reanimar la venta de casas a extranjeros tras caer un 78%

La Generalitat presentó ayer a las autoridades europeas su proyecto de ley urbanística, más centrada en la rehabilitación que en la reclasificación de suelo para la construcción. “Vamos a una época más de rehabilitación urbana y de lae mejora de espacios urbanos, de cascos históricos, que de clasificar suelos, que ya tenemos”, afirmó la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig.

La consejera admitió que con la legislación anterior —que impulsó una variable descontrolada de urbanismo— “evidentemente ha habido cosas que se han hecho mal”. Bonig sostuvo, sin embargo, que lo mismo habría ocurrido “en todas las comunidades y regiones de Europa”. El cambio de perspectiva de la norma fue “muy bien acogido” por la Comisión Europea, afirmó. Las instituciones comunitarias fueron muy críticas con el modelo anterior.

La consejera se mostró esperanzada en que la recuperación de ventas de viviendas a extranjeros se consolide. En 2006 se vendieron 33.421 casas a inversores foráneos en territorio valenciano. Tres años después, el pinchazo inmobiliario redujo la cifra un 78%, hasta las 7.473. Desde entonces el número de transacciones se ha ido recuperando lentamente. Hubo 9.287 ventas en 2010; 10.592 en 2011 y este año, hasta el primer trimestre, se han producido 2.794. La recuperación es pues tímida y tiene lugar en un contexto de caída generalizada de los precios que todo apunta que continuará.

José Vicente Morata, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, que también estuvo en Bruselas, explicó que trasladará a las cámaras del norte de Europa que la fuerte caída de precios convierte la compra de viviendas valencianas en “el gran negocio”. “Los precios se ajustarán a la demanda. Estarán en el punto justo para que la gente los compre. Esos precios van a ser muy competitivos”, agregó.

Los socialistas consideraron el proyecto de ley, a través de su diputado Francesc Signes, como un punto “aceptable” para el debate político. Señalaron, sin embargo, varios elementos a modificar. Entre ellos, aumentar la reserva de viviendas de protección pública hasta un mínimo del 50%. Ampliar la reserva del 10% de aprovechamiento que corresponde a la Administración en los desarrollos urbanísticos también a los que se efectúen dentro de las ciudades. Y elevar la reserva prevista para las dotaciones públicas. El PSPV consideró necesario lograr el máximo consenso para definir el nuevo urbanismo.