Fomento ve ahora inviable la primera autovía con fondos público-privados

El futuro de la autovía Darro-Iznalloz, en la provincia de Granada, está en cuestión. No su ejecución, pero sí “cómo y cuándo”. La Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés, de IU, cree demasiado elevado el coste de la primera gran infraestructura viaria con financiación público-privada en Andalucía, una apuesta del anterior Ejecutivo. El delegado de Fomento en Granada, Manuel Morales, aseguró ayer tras reunirse con la consejera, que la infraestructura “no es viable” tal y como está planteada y debe ajustarse a la realidad presupuestaria.

Las discrepancias en el seno del Gobierno son claras por este tema, al menos, en la provincia de Granada, donde el delegado de Fomento, que es a su vez coordinador provincial de IU, ha dicho que, en este momento, “sería un despilfarro” mantener el contrato inicialmente firmado para hacer esa autovía. Mientras, la delegada del Gobierno en la provincia, María José Sánchez (PSOE), reiteró ayer su compromiso y dijo que solo si hubiera que “replantear” toda la inversión de la obra pública “se estudiarían nuevos plazos de ejecución”. La secretaria general de los socialistas granadinos, Teresa Jiménez, reiteró el compromiso “firme” del PSOE y exigió a la Junta que lo mantenga por ser “fundamental” para el desarrollo de la comarca.

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, fue ayer interrogado sobre el asunto en Almería, donde está paralizada la Autovía del Almanzora. El jefe del Ejecutivo andaluz dejó claro que las infraestructuras viarias cuya ejecución, mantenimiento y explotación se lleva a cabo mediante fórmulas de colaboración público-privada se “culminarán según lo previsto”, informa Europa Press.

La primera piedra de la autovía 308 Darro-Iznalloz se colocó en abril pasado. Según Morales, la obra no ha avanzado. Se trata de una inversión de 180 millones de euros para construir una vía de gran capacidad que unirá a través de 36,6 kilómetros las autovías A-92 y A-44 hacia Jaén-Bailén-Madrid. Su plazo de ejecución previsto era de 32 meses.

La obra fue adjudicada a la UTE formada por las empresas Iridum (ACS), Comsa Emte, y las andaluzas Contrat, Arpo, Marín Casillas y Maygar. Ellas, según lo previsto, anticiparían la inversión en la construcción de la infraestructura y cuando esté en funcionamiento, la Junta empieza a efectuaría el pago por disponibilidad anual durante el periodo de la concesión. La previsión es que la Junta pague entonces 20,72 millones anuales. “Ese contrato pertenece a otra etapa, donde había otro Gobierno y otra realidad económica llevaría a pagar a los andaluces más del doble del coste real de la infraestructura afrontando durante 25 años un coste superior a 20 millones anuales”, dijo Morales.

La posible revisión del contrato ha generado intranquilidad en las comarcas afectadas. Está previsto que la delegada de la Junta en Granada se reúna hoy con los alcaldes de los Montes Orientales para tratar el asunto.