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La Junta abre una red provincial de oficinas para evitar desahucios

Fomento pretende realojar en casas del parque público a los desahuciados

La Junta sostiene que “rompe la neutralidad” y se sitúa “junto a las víctimas”

La consejera pedirá a los ayuntamientos que participen con sus recursos

Elena Cortés, en un momento de su intervención en el Parlamento. Ampliar foto
Elena Cortés, en un momento de su intervención en el Parlamento.

Tras muchas reuniones con colectivos de afectados y actos simbólicos en contra de los desahucios sobrevenidos por la crisis económica, la consejera de Fomento y Vivienda, la izquierdista Elena Cortés, anunció este jueves en el Parlamento un plan para tratar de evitar este drama humano. Consiste en la apertura de una red de oficinas provinciales de asesoramiento, prevención, intermediación y protección, asistidas por licenciados en derecho y trabajadores sociales que, a su vez, tienen el apoyo del personal de la consejería. La novedad, según Cortés, es la posición de partida: “La Administración andaluza renuncia a la neutralidad y se sitúa al lado de la víctima”. La consejera dijo que su departamento intervendrá activamente, aprovechará todos los resquicios y medios a su alcance y no permanecerá indiferente ante una situación “que nos avergüenza”. Entre las medidas, destaca el realojo de los desahuciados en riesgo de probreza en el parque público residencial, para lo que es preciso la colaboración de los municipios.

Las oficinas del plan, denominado Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, estarán ubicadas en las delegaciones provinciales de la Consejería de Fomento y comenzarán a funcionar en unas semanas.

La red de oficinas se ubicarán en las ocho delegaciones provinciales

Desde que fue nombrada consejera, una de las obsesiones de Cortés ha sido paliar en lo posible la catástrofe de los desahucios por impagos hipotecarios, y muy especialmente la tragedia de quienes se ven forzados a abonar a los bancos las cuotas de una vivienda que ya no es suya, y encima están en la calle. Incluso firmó en junio a favor de la iniciativa legislativa popular para que el Congreso de los Diputados apruebe la dación en pago (aceptación por parte del banco de la entrega de la casa para saldar la deuda). Su empeño se ha traducido en el plan que presentó este jueves en el Parlamento con mucho apasionamiento, si bien el marco legal para abordar este problema, como reconoció la propia Cortés, es de ámbito estatal, y eso es inamovible.

“No nos vamos a limitar a explicarles a las víctimas que se están ahogando, ni tampoco arrojarles una cuerda, sino que directamente vamos a tirarnos al agua con ellos”, dijo la consejera, quien insistió una y otra vez en que el aspecto novedoso del programa es que la Junta rompe con la neutralidad entre las partes y toma partido directamente por los afectados.

El plan, según explicó, se divide en tres áreas. Una primera de asesoramiento a quienes se dispongan a solicitar una hipoteca, en la que, deslizó Cortés, su departamento aconsejará “otros modelos distintos” a la compra, como el alquiler. La segunda es la intermediación ante las entidades financieras, acompañando a las familias que lo soliciten, y la tercera es la protección a quienes se encuentren en riesgo de exclusión social, con el realojo en el parque público residencial mediante un alquiler social.

Para que prospere este último propósito, Elena Cortés tiene previsto reunirse con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) con el fin de firmar un convenio y que los Ayuntamientos colaboren con sus servicios sociales.

Técnicos de la Junta irán con las familias a negociar con los bancos

La consejera hizo inventario de las reuniones que ha mantenido con diferentes colectivos y la Oficina del Defensor del Pueblo, así como de las acciones que han servido para frenar la espiral de desahucios. Entre ellas, exigir a los bancos, con la ley en la mano y la posibilidad de imponer sanciones, la entrega a los registros municipales de demandantes las viviendas protegidas (VPO) embargadas para que sean reasignadas bajo criterios sociales. También la paralización de los desalojos en los pisos del parque público andaluz en casos de sobreendeudamiento y de familias con menores dependientes.

“La Consejería de Fomento pretende acabar con la indiferencia y la resignación”, enfatizó su titular, quien calificó de inédito el hecho de que haya puesto las sedes provinciales de su departamento al servicio de las entidades involucradas. “Esto solo se puede parar desde la política”, repitió.

Andalucía encabeza la clasificación de desahucios en viviendas libres, con 68.053 ejecuciones hipotecarias entre 2007 y 2011, según datos del Consejo General del Poder Judicial. En el primer trimestre de 2012, 3.272 familias se han quedado sin viviendas.

El PP cree un plagio las medidas

El PP ha calificado el plan de la Consejería directamente de plagio. La portavoz de Vivienda, Alicía Martínez, recordó en una nota difundida por su partido, que en el primer pleno de la legislatura su grupo llevó al Parlamento andaluz una proposición no de ley con medidas prácticamente idénticas, rechazadas por el “sectarismo ideológico” de PSOE e Izquierda Unida. La misma Martínez defendió entonces establecer un servicio de mediación de la Junta con las entidades financieras, y que la Administración tenga opción a la recompra de las viviendas protegidas en el caso de que se den situaciones de morosidad sobrevenida que supongan la pérdida de la residencia habitual. También un servicio de asesoramiento a las familias y el alquiler social de VPO para los desahuciados en situación de exclusión social. Introdujo en su intervención argumentos que se han escuchado muchas veces en boca de dirigentes izquierdistas, incluida la crítica a que el Gobierno de Rodríguez Zapatero sostuviera en su día que la dación en pago no era solución, y se “pusiera del lado de los bancos”.

Sin embargo, la parlamentaria de IU Inmaculada Nieto invalidó todas las propuestas bajo la premisa de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que es el que tiene la potestad para hacerlo, debe aprobar la dación en pago y sugirió al PP que, con su mayoría absoluta en el Congreso, atienda la iniciativa legislativa popular que está en marcha sobre este asunto. Nieto criticó incluso que la mediación o intermediación crearía “expectativas falsas” en las familias porque estas son baladí frente a la legislación estatal.

Alicia Martínez, quien el pleno del pasado mayo ya se mostró visiblemente indignada por el rechazo “partidista, lamentó este jueves en la nota que PSOE e IU “sean incapaces de aceptar la ayuda del PP para plantarle cara a la crisis económica”.