Reus sopesa comprar un centro comercial por más de 10 millones

Las carambolas y entramados financieros ideados durante los pasados mandatos desde Innova, el holding empresarial del Ayuntamiento de Reus (Baix Camp) que arrastra una deuda de 216 millones, siguen lastrando las arcas municipales. Tanto es así que el Consistorio, con una deuda consolidada de 369 millones, gobernado por CiU y PP, sopesa adquirir por entre 10 y 12,5 millones de euros un centro comercial en construcción adjudicado a la empresa Metrovacesa. El complejo es hoy una mole de hormigón a medio alzar porque su construcción está paralizada por la crisis. Esta suspensión de las obras se ha convertido, según el alcalde de Reus, Carles Pellicer (CiU), en “el gran problema” del Consistorio porque se tuvieron en cuenta ingresos actualmente inexistentes y que hacen tambalear las finanzas del Ayuntamiento.

La aventura empresarial fue acometida durante los pasados mandatos municipales de Lluís Miquel Pérez (PSC) cuando Josep Prat, expresidente del Instituto Catalán de la Salud, era director y factótum de Innova. Entonces Reus, en el contexto de la histórica pugna que mantiene con Tarragona, se planteó la construcción del centro comercial para poder competir con la capital provincial, que en 2010 inauguró un Corte Inglés.

Reus admite que

Por eso el Ayuntamiento concedió en 2006 —época de vacas gordas y gastos sin límites— la construcción de un complejo comercial similar al de El Corte Inglés a la empresa Metrovacesa. El centro, ubicado en los terrenos de la antigua Fira, junto al parque de Sant Jordi, debería tener una extensión construida de 41.700 metros cuadrados, gran parte de ellos alquilables a comercios y establecimientos de ocio. Metrovacesa asumió las obras, se comprometió a pagar cuando el centro abriera un canon de cinco millones de euros anuales durante los cinco primeros años y 2,2 en los siguientes. A su vez, en una complicada operación financiera, el Ayuntamiento trazó un plan para utilizar los hipotéticos y futuros ingresos provenientes de Metrovacesa: El Consistorio necesitaba dinero para la nueva Fira, por lo que firmó mediante una empresa controlada por Innova, Redessa, un crédito de 37,6 millones para financiar las obras. De este dinero, 32 millones fueron avalados directamente por el Ayuntamiento. Pérez y Prat pensaron que la cantidad estaría cubierta con el canon recibido de Metrovacesa. Sin embargo, el contrato firmado con esta empresa entrañaba un gran riesgo: si la constructora no cumplía y el centro comercial no se inauguraba, Metrovacesa no estaba obligada a abonar las anualidades.

La crisis ha acelerado acontecimientos y este escenario se ha hecho realidad, las obras llevan desde el verano pasado paralizadas y el Ayuntamiento negocia in extremis con la constructora. La empresa tiene problemas financieros y está controlada por seis bancos. 

Las constructora Metrovacesa paró

La licencia de obras del centro comercial de Reus expira en medio año, tiempo del todo insuficiente para finalizar las obras. Además, Pellicer se ha marcado este mes como fecha límite para dar con la solución que menos dinero haga perder al Ayuntamiento. “Tenemos abiertas todas las vías de negociación; no descartamos absolutamente nada, estamos poniendo los cinco sentidos en encontrar una solución, pero no es fácil. La empresa no puede cumplir los compromisos que en su momento tomó”, explicó Pellicer esta semana en la cadena Ser.

En un principio, la constructora puso encima de la mesa una rebaja del 70% del canon, algo que Pellicer tacha de inasumible. Otra vía que toma fuerza estos días es que Metrovacesa ceda el centro comercial inacabado al Ayuntamiento fijando un precio por las obras construidas hasta ahora que podría rondar los 20 o 25 millones de euros. El Consistorio, según apunta la revista NW Reus, se haría cargo de la mitad de la deuda y podría pagarla en plazos flexibles. En todo caso, el Consistorio asume que la carambola financiera fraguada en los pasados mandatos ahondará la elevada deuda del Ayuntamiento.

Las escándalos en Innova y los recortes aplicados por el Consistorio han desembocado en protestas en la calle en Reus. La más sonada ocurrió durante las fiestas mayores de Sant Pere, a finales de junio, cuando se convocó a través de las redes sociales una pitada popular al paso de las autoridades locales. La protesta desembocó en tensión entre la policía y algunos manifestantes. Por el momento, siete personas están imputadas por desórdenes públicos. La Asamblea Popular de Reus asegura que prepara nuevas movilizaciones y que no permitirá que se les “criminalice impunemente” ni que “la represión salga gratis”.