¿Quién rescata a los parados?
Ninguno de los 23 decretos-ley del Gobierno de Rajoy contiene medidas concretas para combatir el desempleo
Pasaban solo un par de minutos de las nueve de la mañana del martes, cuando la radio volvió a golpear las conciencias dormidas: 4.625.634 españoles están inscritos en las oficinas de empleo. Buscan trabajo y no lo encuentran.
Los expertos dijeron que el dato era previsible. El Gobierno, que es mejor que el dato de agosto del año pasado. Y pasaron página.
Pero el lamento que se escuchaba en los hogares de esos millones de parados (un millón más, según la EPA) era muy distinto: ¿Quién me rescata a mí?
Las cifras son cada vez más negativas e insoportables: de esos casi seis millones de parados, 2,6 no perciben ya ningún tipo de prestación, ni subsidio; en 1,7 millones de hogares, todos los miembros de la familia están parados; el 23% de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza.
¿Quién piensa en un rescate masivo y urgente de esos millones de ciudadanos desesperados?
Enfangados en el barullo financiero, preocupados por la prima de riesgo, la fluctuación de la bolsa y el rescate a los bancos, la impresión que tiene el ciudadano es que los políticos se han olvidado de ellos. Ninguno de los 23 decretos-ley del Gobierno de Rajoy contiene medidas concretas para combatir el desempleo.
Aquí y ahora, del único rescate que se habla es del rescate a la banca y si acaso del rescate de la deuda. Hasta que ha explotado la situación de asfixia financiera de las comunidades autónomas. Todas atraviesan graves problemas para pagar a proveedores, costear la sanidad y la educación y atender la nómina de sus empleados.
Hasta ahora, cuando un Gobierno autónomo tenía dificultades de liquidez, solicitaba del Gobierno central un anticipo, a cuenta de las cantidades que le corresponden por la participación en los ingresos (impuestos) del Estado. Básicamente, 50% del IVA y del IRPF.
Con total normalidad, Hacienda ha entregado por este concepto 5.476 millones de euros en los primeros seis meses del año. La parte del león se la han llevado las comunidades del PP, 3.363 millones. Sobresalen los 1.398 de Valencia, en cuatro pagos. Cataluña tiene el premio gordo: 1.805 millones, en dos pagos.
Sumando ambas cantidades, se ve cómo los Gobiernos conservadores (PP y CiU) se han embolsado 5.168 millones (casi el 95% del total). Quedaron unos magros 300 millones para Andalucía (229 millones, el 4%, siendo la comunidad más poblada) y Asturias.
Las cuentas son claras y proceden de la Intervención General del Estado. No hay engaño. Aun así, la derecha mediática más sectaria, del brazo de los dirigentes del PP, ha puesto el grito en el cielo cuando el Gobierno andaluz ha pedido que, con las mismas condiciones que a los demás, se le anticipen 1.000 millones.
Juan Ignacio Zoido, el nuevo dirigente del PP, ha acusado a Griñán de “insolidario” por pedir ese anticipo en tiempos de crisis. Afirma que el Gobierno andaluz camina “mentira sobre mentira” por las cuentas públicas.
¿Mentiras, señor Zoido? ¿Acaso no le pasa su compañero de partido, diputado por Sevilla y ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las estadísticas que elabora su ministerio? Mucho me temo que sí, que las conoce, pero que miente a sabiendas y con la esperanza de crear confusión.
El Gobierno ha respondido a la Junta que no hay anticipo que valga. Que recurra al Fondo de Liquidez Autonómico. Porque así, Montoro y sus montoritos, los encargados de controlar las cuentas de quienes sean rescatados, podrán forzar a la Junta a variar su política de recortar el gasto, pero no los derechos de los ciudadanos.
Mientras, atónitos ante este nuevo ajuste de cuentas de la derecha andaluza, los millones de parados esperan su propio y más urgente rescate. El que les proporcione un trabajo que los saque de la miseria.
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