Las eólicas exigen una compensación mínima a Industria de nueve millones

El concurso eólico del bipartito era, para el conselleiro de Economía, “oscuro e inconstitucional”, con “tachas de ilegalidad” e “inviable jurídicamente”. Estas y otras perlas adornaron el discurso de Javier Guerra durante los meses que siguieron a su nombramiento, en 2009, al frente del departamento de Industria en la Xunta. Poco tardó en suspender el reparto de 2.290 megavatios autorizado por su antecesor, Fernando Blanco, y aprobar a toda prisa una ley que habilitaba una tasa a los molinos. A raíz de aquella decisión, las empresas ganadoras del primer reparto de mevagatios vieron cómo sus supuestas concesiones se esfumaban.

La Xunta dirigida por el PP eligió entonces un camino que se ha demostrado de nula cobertura legal para desistir del procedimiento de concesión y así poder organizar su propio reparto del viento. Ahora, en la recta final de la legislatura, tras varios varapalos judiciales durísimos —el último, la sentencia conocida en agosto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que desmontó las decisiones tomadas por Guerra y halló pruebas de “desviación de poder”—, el camino jurídico que varias empresas han empezado a recorrer amenaza con estallar bajo los pies de la Consellería con argumentos parecidos a los que la dirección general de Industria utilizó entonces para tumbar el decreto.

Varios despachos de abogados consultados por este periodico preparan una batería de reclamaciones monetarias por responsabilidad patrimonial que, según distintas fuentes, podrían oscilar entre 3.500 y 6.000 euros por megavatio (horquilla en que se mueve el coste de elaboración de los proyectos que fueron tramitados por la Xunta dirigida por Emilio Pérez Touriño). La factura por el error de la Consellería, aventuran varias empresas del sector, sumaría entre nueve y 14 millones de euros, aunque cada caso es distinto.

“Fue una chapuza. La Xunta debería haber iniciado un procedimiento de nulidad, como corresponde a la Administración Pública, contra el decreto. Por el contrario optaron por la suspensión, la aprobación de una ley y el desestimiento, algo totalmente equivocado. Todos hemos pagado las consecuencias de lo que supuestamente se quería arreglar, la inseguridad jurídica”, comenta un alto directivo. La ley eólica establece que la Xunta solo atenderá a las reclamaciones sobre los costes de los anteproyectos en los que podrían haber incurrido los perjudicados por el primer concurso, limitando otras vías, como el lucro cesante por el desarrollo de los megavatios. “En sí mismo, ese aspecto tiene visos de inconstitucionalidad”, reflexiona la misma fuente. El problema para el sector es que la cuestión de inconstitucionalidad no la pueden plantear particulares. Varios despachos buscan una vía indirecta para que el TSXG traslade al Tribunal Constitucional el asunto porque consideran que se ha alterado “el funcionamiento normal de la administración”. Esa vía parte de reclamaciones individuales contra la resolución que anuló el procedimiento, el 30 de diciembre de 2009.

Ulises Bértolo, abogado que prepara la reclamación de Aucosa, que resultó adjudicataria de 216 megavatios y no se presentó al último reparto, cree que la cuestión de inconstitucionalidad sobrevuela el proceso: “Existían unas concesiones firmes, que eran unos derechos que fueron confiscados quebrando el principio de seguridad jurídica”.

Aunque Guerra ha dicho en más de una ocasión que sus decisiones se iban a saldar con “todas las garantías y cero recursos”, lo cierto es que incluso empresas consultadas por este periódico que resultaron beneficiadas por el nuevo reparto han ido a los tribunales.

La justicia tiene la última palabra, aunque las empresas creen que la solución podría dilatarse meses, incluso años. Mientras, la Asociación Eólica de Galicia, EGA, ya no disimula que la gestión de la Xunta aboca al fracaso del último concurso, el proyecto estrella de Guerra.