Las eólicas exigen una compensación mínima a Industria de nueve millones
El sector tilda de “chapuza”, la actuación de la Consellería de Economía
![María Fernández](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Ff8aa1205-e8dc-4adf-b080-2485e080d9bc.png?auth=31a1d67ddcd125eaa37b3fd512555e9b8252e4d11b6f1067451d45a1dd5c3c7d&width=100&height=100&smart=true)
![Parque eólico de Mañon](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/ZMNFV65KTAMZ3BINGGWZZARHL4.jpg?auth=c8dfd48d87baaf7f361c44357dbacaad805fcb9a14b71e804135a6b50b29f022&width=414)
El concurso eólico del bipartito era, para el conselleiro de Economía, “oscuro e inconstitucional”, con “tachas de ilegalidad” e “inviable jurídicamente”. Estas y otras perlas adornaron el discurso de Javier Guerra durante los meses que siguieron a su nombramiento, en 2009, al frente del departamento de Industria en la Xunta. Poco tardó en suspender el reparto de 2.290 megavatios autorizado por su antecesor, Fernando Blanco, y aprobar a toda prisa una ley que habilitaba una tasa a los molinos. A raíz de aquella decisión, las empresas ganadoras del primer reparto de mevagatios vieron cómo sus supuestas concesiones se esfumaban.
La Xunta dirigida por el PP eligió entonces un camino que se ha demostrado de nula cobertura legal para desistir del procedimiento de concesión y así poder organizar su propio reparto del viento. Ahora, en la recta final de la legislatura, tras varios varapalos judiciales durísimos —el último, la sentencia conocida en agosto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que desmontó las decisiones tomadas por Guerra y halló pruebas de “desviación de poder”—, el camino jurídico que varias empresas han empezado a recorrer amenaza con estallar bajo los pies de la Consellería con argumentos parecidos a los que la dirección general de Industria utilizó entonces para tumbar el decreto.
Varios despachos de abogados consultados por este periodico preparan una batería de reclamaciones monetarias por responsabilidad patrimonial que, según distintas fuentes, podrían oscilar entre 3.500 y 6.000 euros por megavatio (horquilla en que se mueve el coste de elaboración de los proyectos que fueron tramitados por la Xunta dirigida por Emilio Pérez Touriño). La factura por el error de la Consellería, aventuran varias empresas del sector, sumaría entre nueve y 14 millones de euros, aunque cada caso es distinto.
“Fue una chapuza. La Xunta debería haber iniciado un procedimiento de nulidad, como corresponde a la Administración Pública, contra el decreto. Por el contrario optaron por la suspensión, la aprobación de una ley y el desestimiento, algo totalmente equivocado. Todos hemos pagado las consecuencias de lo que supuestamente se quería arreglar, la inseguridad jurídica”, comenta un alto directivo. La ley eólica establece que la Xunta solo atenderá a las reclamaciones sobre los costes de los anteproyectos en los que podrían haber incurrido los perjudicados por el primer concurso, limitando otras vías, como el lucro cesante por el desarrollo de los megavatios. “En sí mismo, ese aspecto tiene visos de inconstitucionalidad”, reflexiona la misma fuente. El problema para el sector es que la cuestión de inconstitucionalidad no la pueden plantear particulares. Varios despachos buscan una vía indirecta para que el TSXG traslade al Tribunal Constitucional el asunto porque consideran que se ha alterado “el funcionamiento normal de la administración”. Esa vía parte de reclamaciones individuales contra la resolución que anuló el procedimiento, el 30 de diciembre de 2009.
Ulises Bértolo, abogado que prepara la reclamación de Aucosa, que resultó adjudicataria de 216 megavatios y no se presentó al último reparto, cree que la cuestión de inconstitucionalidad sobrevuela el proceso: “Existían unas concesiones firmes, que eran unos derechos que fueron confiscados quebrando el principio de seguridad jurídica”.
Aunque Guerra ha dicho en más de una ocasión que sus decisiones se iban a saldar con “todas las garantías y cero recursos”, lo cierto es que incluso empresas consultadas por este periódico que resultaron beneficiadas por el nuevo reparto han ido a los tribunales.
La justicia tiene la última palabra, aunque las empresas creen que la solución podría dilatarse meses, incluso años. Mientras, la Asociación Eólica de Galicia, EGA, ya no disimula que la gestión de la Xunta aboca al fracaso del último concurso, el proyecto estrella de Guerra.
Guerra, fuera de agenda
Esta semana se cumple un mes de la práctica desaparición de la agenda pública del conselleiro de Economía, Javier Guerra. La cara visible de su departamento en agosto ha sido Nava Castro, directora general de comercio que durante la última legislatura apenas ha acaparado protagonismo. Aunque en la Consellería aseguraban ayer que apenas se ha permitido unos días de vacaciones, Javier Guerra ni siquiera se ha dejado ver en alguna de las romerías que pueblan el verano gallego, al contrario que más de un compañero de Gobierno. Su ausencia se notó en los momentos críticos. Fue su departamento y no él, a través de un comunicado, quien despachó a los medios cuando se dio a conocer la sentencia que anulaba la suspensión del concurso eólico. El diputado popular Pedro Arias reforzó luego la idea de que el asunto no tenía mayor importancia.
Lo cierto es que la imagen del conselleiro está en sus horas más bajas: tras apelar durante meses a que su actuación daba “seguridad jurídica” al sector eólico, su estrategia para la industria, articulada desde la dirección general por Ángel Bernardo Tahoces, solo ha recibido críticas de las empresas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
![María Fernández](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Ff8aa1205-e8dc-4adf-b080-2485e080d9bc.png?auth=31a1d67ddcd125eaa37b3fd512555e9b8252e4d11b6f1067451d45a1dd5c3c7d&width=100&height=100&smart=true)