Víctimas de las preferentes denuncian “caciqueo” con la tramitación del arbitraje

La reunión celebrada ayer entre diversas plataformas de afectados por las preferentes y la directora del Instituto Galego de Consumo, Nava Castro, no sirvió para aclarar las múltiples dudas que siguen rodeando al arbitraje y a los otros métodos a los que pueden recurrir los clientes para tratar de recuperar su dinero. Los portavoces de la plataforma de O Rosal, una de las primeras en crearse, denunciaron la existencia de “prácticas caciquiles” durante la tramitación de los arbitrajes y confirmaron que no siempre los casos más claros son los primeros en resolverse. José Manuel Vázquez, de la plataforma de O Salnés-O Grove, denunció también la “falta de criterio” a la hora de resolver los expedientes de arbitraje. “A alguno la solución le va a sorprender en la caja de difuntos”, indicó.

En los últimos días tanto la Xunta como el PP se están multiplicando para tratar de evitar que el conflicto salpique la campaña electoral. “Este es un problema político que los señores Rajoy y Feijóo tienen que arreglar. Como siga así, les va a golpear en las elecciones”, advirtió Argimiro Martínez, portavoz de la plataforma de O Rosal. Martínez explicó que el propio alcalde de su localidad, Jesús Fernández Portela (PP), ha llegado a realizar en persona llamadas a afectados para animarles a apostar por la vía del arbitraje como mejor solución para recuperar el dinero. Este periódico no pudo localizar ayer a Fernández Portela para conocer su versión de lo sucedido. “Sabemos que esta no va a ser la solución para todo el mundo pero parece que sí que va a resolver el problema de algunos amigos del PP, como el concejal de Deportes de O Rosal, que al parecer ya ha cobrado el dinero que depositó en las preferentes”, indicó Martínez, quien calificó como “auténtica cacicada” que desde el propio Ayuntamiento se indique a los afectados lo que deben hacer.

Martínez apuntó que en O Rosal la práctica totalidad del millar de afectados que puede haber en el pueblo ha solicitado acogerse al arbitraje. Sin embargo, por ahora no son muchos los que han recibido una comunicación positiva. “Hay gente que presentó la solicitud a finales de julio y todavía no sabe nada. Y entre ellos hay personas a las que entregaron libretas, muy mayores y analfabetos que aún no saben lo que va a pasar con sus ahorros”, indicó Martínez, quien añadió que tras la reunión de ayer en la Xunta se fueron con las mismas dudas con las que habían llegado. “Pedimos una solución colectiva para las preferentes y las subordinadas. No puede ser solo para unos cuantos”, señaló.

Antonio Rodríguez, portavoz de la plataforma de O Morrazo indicó, por su parte, que en la reunión se les comunicó lo que ya sabían “por la prensa”. Olga Vázquez, miembro de la plataforma de Ourense, declaró que al menos les tranquilizó saber que la vía arbitral y la judicial van a seguir abiertas.

Lo sucedido en O Rosal es un ejemplo de la fiebre por presentar la solicitud de arbitraje que se ha despertado en toda Galicia en las últimas semanas, al difundirse el rumor de que esta vía podría ser cerrada por el Gobierno. Por ahora, Novagalicia Banco ha dado el visto bueno a devolver el dinero a unos 3.000 afectados aunque los laudos arbitrales ya firmados solo alcanzan los 600. Las solicitudes se multiplicaron en pocos días y ya se han presentado más de 13.000. Quedan unas 10.000 sin respuesta por el momento y no se tiene constancia por el momento de que haya habido alguna comunicación negativa, lo que no implica que no vaya a haberlas. Desde la propia entidad calcularon antes de iniciar el proceso que las devoluciones a través del arbitraje podrían rondar el 30% del total. Novagalicia ha explicado que los casos que antes se resuelven son los que presentan mayor claridad.

La responsable de Consumo de la Xunta comunicó a los representantes de los afectados que la vía del arbitraje seguirá abierta y dijo desconocer si Bruselas impondrá un límite a los casos que se pueden resolver a través de este método. “Como Instituto Galego de Consumo y como Xunta hasta el momento no tenemos ningún límite. Tramitamos todas las solicitudes que recibimos”, concluyó Nava Castro.

Castro recordó que un laudo arbitral viene a equivaler a una sentencia judicial firme en la que se dice que el contrato de venta no debería haberse firmado. Castro insistió en que se intenta dar una solución lo más rápida posible al problema que afecta a más de 43.000 gallegos. Anunció que se van a incorporar ocho árbitros al equipo de 15 que ya venía desarrollando esta labor. Añadió que el nerviosismo y la desconfianza de los afectados son lícitos, pero defendió que la Xunta solo trata de resolver sus dudas.