Colas en los centros de salud para pedir la tarjeta de los pensionistas

Los pensionistas madrileños han empezado hoy a pedir en sus centros de salud la tarjeta de cartulina —“documento de dispensación”, la llama la Consejería de Sanidad— que les permite dejar de pagar los medicamentos en la farmacia cuando llegan a su tope mensual. El sistema es muy básico: en la ventanilla les entregan la tarjeta, en la que un administrativo anota a mano el nombre, el código de identificación personal, el del tipo de aportación, el límite de aportación (8, 18 o 60 euros, según la renta) y el mes de validez, además de estampar el sello del centro. Previamente el funcionario habrá tenido que consultar todos esos datos en el sistema informático. Muchos pasos, que requieren varios minutos por paciente. Resultado: colapso en las unidades administrativas de los centros de salud. “Un caos”, se quejaba ayer una administrativa del centro de salud General Ricardos, en Carabanchel, uno de los mayores de la capital, con casi 50.000 tarjetas sanitarias asignadas.

La semana pasada la Consejería de Sanidad distribuyó 1.500 carteles informativos en los centros. “¿Para qué sirve? Para no tener que pagar por adelantado las recetas en la Comunidad de Madrid una vez que el paciente ha alcanzado su límite máximo de aportación mensual”, señala. El problema es que no especifica que muchos pensionistas difícilmente llegan a su límite, explica el director de General Ricardos, Paulino Cubero, por lo que ellos han optado por añadir otra nota para evitar que se repitan las colas de ayer, cuando cerca de 200 personas se presentaron a pedir la tarjeta. “Los pacientes que no deben pagar en medicación, de forma habitual, más de 8 euros al mes, no necesitan solicitar la tarjeta de dispensación”, informa.

Trabajadores de diferentes centros de salud de toda la región han relatado a este diario cómo las unidades administrativas se colapsaron, con colas de hasta una hora en algunos centros. La jefa de administración de uno de ellos, en el sur de Madrid, explicó que muchos pacientes acudían diciendo que en la farmacia les habían indicado que el documento es necesario. La semana pasada el sindicato CSIT-UP ya alertó del “riesgo de colapso” que podían sufrir los centros. “Solicitamos a la Consejería de Sanidad que modifique el procedimiento adoptado para evitar el colapso”, aseguraba en un comunicado. “No comprendemos que tras la informatización completa de todos los procesos relacionados con asistencia sanitaria y la gestión de datos de los usuarios, se recurra al sistema tradicional de cumplimentar documentos de forma manual, ya que aumenta innecesariamente la carga burocrática del trabajo de los profesionales y supone una pérdida de información y control sobre la actividad realizada”, denunciaba.

Sanidad parece ser consciente de los problemas, que algunos ambulatorios le han comunicado esta mañana, porque asegura a preguntas de este diario: “Trataremos de facilitar a los centros de salud una relación de las personas que podrían acudir a pedir el documento para que lo tengan a la vista y no hagan consultas individuales”. El Real Decreto Ley 16/2012 establece que los pensionistas, que antes no pagaban nada por sus fármacos, deben abonar ahora el 10% de su coste, con unos topes en función de la renta —ocho euros si los ingresos anuales son inferiores a 18.000 euros; 18 si están entre 18.000 y 100.000 y 60 si superan esta última cifra— que otras comunidades no respetan. Mientras otras regiones siguen cobrando a los pensionistas si rebasan el límite, lo que obliga a devolverles lo cobrado de más a los tres o seis meses, Madrid ha puesto en marcha este sistema de manera provisional, según ha explicado el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. Dentro de unos meses, la cartulina en la que se escribe a mano debería cambiarse por un sistema informatizado, según Sanidad.

También hoy ha sido el primer día laborable de aplicación de la norma que excluye a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria ordinaria. “Normalidad total debido al escaso número de irregulares”, aseguró la Consejería.