¿Cuánto cuesta la autonomía?

La respuesta a esta pregunta debiera ser capital a la hora de arbitrar el inminente choque de trenes, previsiblemente virulento y de desenlace incierto, entre quienes quieren aprovechar la crisis para ir desmantelando el Estado autonómico (o parte de él, quizás de modo asimétrico según regiones) y los que consideramos que los problemas económicos poco o nada tienen que ver con la descentralización territorial, que podemos acudir al siempre edificante ejemplo alemán, donde no parece que las generosas competencias que gestionan con gran libertad los diferentes Länder pongan en peligro la unidad del país. O su solvencia.

El debate tiene aristas desagradables pero, sobre todo, una que lo hace especialmente antipático: no hay manera de saber, en verdad, lo que cuesta la autonomía; si es mucho o poco, si es un lujo saudí o un esfuerzo razonable que vale la pena porque mejora nuestra organización institucional. O sí, podría pensarse, basta mirar a nuestro alrededor y a nuestra historia para hacerse una idea. Pero, en el fondo, como es sabido que cada ciudadano tiene tendencia a contemplar la realidad desde su particular prisma, no estaría de más, como decía Leibnitz, que dejemos de discutir y nos pongamos a calcular. Y aquí es donde nos encontramos con un problema. Ni el Gobierno central ni los Gobiernos autonómicos han sido tradicionalmente muy dados a dar números, a explicarlos y a hacerlo de modo transparente. Como sociedad, de hecho, estamos acostumbrados a movernos en este terreno a partir de sensaciones y del trazo grueso, porque el detalle, por ejemplo en materia de balanzas fiscales, aparece guardado bajo siete llaves, resguardado de miradas ciudadanas indiscretas. Y lejos del debate público, que eso de los números, ya se sabe, es una cosa muy árida.

En un divertido libro J. A. Paulos hablaba de la Innumeracy: Mathematical Illiteracy and its Consequences. En la edición española la obra se llama El hombre anumérico. Pues bien, el diseño del Estado Autonómico en España ha sido hecho desde una perspectiva francamente anumérica, aceptada por una sociedad que se ha sentido tradicionalmente cómoda considerando que ese mundo de los números no es tan importante o no merece ocupar el debate público.

Poder calcular lo que cuesta la autonomía es esencial para evaluar si la queremos y nos conviene o no. Para ello, además, hay que centrar buena parte del debate en números, en cómo nos llegan y en cómo se generan. No podemos tener un sistema de distribución territorial del poder donde los ingresos de Ayuntamientos y Comunidades autónomas no dependen esencialmente de lo que recauden, de unos impuestos propios, que lleven a la corresponsabilidad fiscal y a que el debate sobre el gasto y los ingresos necesarios para cubrirlo se acabe generando de manera natural allí donde va a tener efectos. No puede ser que no sepamos los datos sobre esfuerzos fiscales absolutos y relativos de los ciudadanos y que no se tengan en cuenta a la hora de asignar recursos y establecer mecanismos de solidaridad. No puede ser que el sistema de financiación autonómica dependa de que el Gobierno decida aflojar o no la bolsa, “rescatar” o no y que además se base en previsiones desfasadas de los ingresos reales en unos dos años, con las consecuencias que estamos padeciendo.

Calculemos, señores.

@Andres_Boix blog en http://blogs.elpais.com/no-se-trata-de-hacer-leer/