La Generalitat dará cobertura médica a los inmigrantes en situación irregular

La Generalitat, adalid de los recortes sanitarios desde que Artur Mas tomara posesión del puesto de presidente a finales de 2010, desoye al Gobierno central con el real decreto que regula la condición de asegurado y dará asistencia médica no urgente a partir del 1 de septiembre a los cerca de 180.000 inmigrantes sin papeles que residen en Cataluña, según los cálculos del Departamento de Salud. Asimismo, otros 420.000 ciudadanos con nacionalidad española, a los que el real decreto aprobado en agosto por el Gobierno central excluía del sistema de sanidad pública, tendrán derecho a recibir atención sanitaria.

No todo el colectivo se favorecerá de la medida del Ejecutivo catalán. Así, los inmigrantes que quieran obtener una tarjeta de salud que les dé derecho a recibir atención primaria; de urgencias, incluyendo el transporte sanitario; financiación del gasto farmacéutico del 40%, y excepcionalmente tratamientos con médicos especialistas, deberán demostrar que han estado empadronados más de tres meses y tener unos ingresos inferiores a los que marca la renta básica para la inclusión y protección social, algo menos de 500 euros mensuales para una persona, y 600 para una familia de tres miembros. Para certificar este último requisito, el inmigrante tendrá que hacerlo con documentos, aunque en caso de no existir estos papeles, valdrá con una simple declaración jurada.

Los inmigrantes tendrán seis meses para regularizar su situación con el Servicio Catalán de Salud, CatSalut, a partir del 1 de septiembre, y conseguir su tarjeta sanitaria, que tendrán que renovar anualmente. Los beneficiarios de esta tarjeta conseguirán recuperar todos los derechos sanitarios, incluido el de visitas y tratamientos con médicos especialistas, a partir de la primera renovación. El consejero de Salud, Boi Ruiz, insistió este jueves en que estas medidas están destinada a erradicar el turismo sanitario.

Durante el primer semestre, la Generalitat hará una moratoria y dará la misma cobertura sanitaria que tienen actualmente. “Cumplimos con el real decreto que regula la condición de asegurado, pero vamos más allá, siguiendo la convicción de que la salud es un derecho de la ciudadanía y no depende de si es beneficiarios o no de la Seguridad Social” denunció el consejero de Salud para justificar esta medida, ya que la ley estatal dejaba sin cobertura sanitaria a más del 8% de la población catalana.

El real decreto dejaba sin médico a más del 8% de los catalanes

Dentro del colectivo de 420.000 ciudadanos con nacionalidad española que el Gobierno central quería dejar sin cobertura médica pública se encuentran trabajadores con profesiones liberales, personas sin recursos, trabajadores que no cotizan a la Seguridad Social, los miembros de órdenes religiosas y aquellos que declaran ingresos superiores a 100.000 euros anuales. Estos, igual que los inmigrantes, dispondrán de un máximo de seis meses para dirigirse a su centro de atención primaria para regularizar su situación.

El consejero reveló también que, a partir de ahora, toda la asistencia recibida por los inmigrantes que no tengan la tarjeta sanitaria será pagada por los Gobiernos de los respectivos países. “Si no hay convenio con ese país se hará, y si lo hay se cobrará de inmediato”, anunció Ruiz, que no quiso valorar la posibilidad de que esta medida provoque un empadronamiento masivo de ciudadanos de otras regiones.

Sobre el coste de la medida, ahora que la Generalitat ha formalizado la petición de más de 5.000 millones de euros al Gobierno central, Ruiz relativizó sobre el presupuesto que se destina para atender a “un grupo tan reducido de personas”.

Reacciones a la medida

Pese a ser esperado, el anuncio de Ruiz generó reacciones dispares en los distintos agentes sociales. Uno de los que mostró su alivio fue el sindicato Comisiones Obreras (CC OO), que por medio de un comunicado valoró positivamente la apuesta del Gobierno catalán por mantener la cobertura sanitaria universal, aunque cuestionaba la exigencia de los tres meses de empadronamiento para tener acceso a la sanidad pública.

La posición adoptada por el Ejecutivo catalán parece estar también respaldada por el PSC. “Estamos satisfechos. Era una de nuestras peticiones”, declaró Esperanza Esteve, secretaria de salud de los socialistas. Y añadió: “Queremos hacer política responsable, y siempre que sea en esta dirección, el Gobierno catalán nos encontrará para colaborar”. Al igual que CC OO, desde el PSC también se encontró un pero a la medida anunciada por Boi Ruiz. Los socialistas se muestran preocupados por el tratamiento que se dará a los mayores de 26 años que no hayan trabajado. “Los jóvenes ya tienen suficientes problemas para encontrar trabajo como para que se les prive de la asistencia sanitaria”, apuntó Esteve.

Mientras, desde el PP catalán se recibió la noticia con cierto malestar. “No sabemos de dónde sacará la Generalitat los recursos para hacer este gasto”, argumentaba Eva García, portavoz de salud del partido. Y se preguntaba: “¿Cómo puede ser que no haya dinero para mantener quirófanos y hospitales, y sí para tomar una decisión así?”. Además de recordar que la atención urgente y la relativa a los partos se garantiza para cualquier individuo, la portavoz popular propuso: “Si lo quieren hacer, que el gasto lo asuma CiU, pero que no lo tengan que pagar todos los catalanes”.