La Junta abre el curso con leyes de transparencia y contra el fraude

El inicio del curso político del Consejo de Gobierno, después de las vacaciones estivales, estuvo marcado este martes por el diseño de una agenda de negociación con los agentes sociales y económicos, los partidos políticos y los distintos colectivos para un “pacto por Andalucía”. A esta idea de aunar fuerzas se suma la prioridad del Gobierno de coalición de recuperar la confianza de la ciudadanía en la política mediante la aprobación en el Parlamento andaluz de dos leyes, una sobre transparencia y acceso a la información y otra para la lucha contra el fraude político y social.

La consejera de la Presidencia e Igualdad y diputada socialista, Susana Díaz fue la responsable de explicar los puntos tratados este martes en la primera reunión del Consejo de Gobierno. “Queremos que los ciudadanos confíen en la política porque en la política está la solución a los problemas”, matizó en varias ocasiones Díaz sobre la necesidad de llevar al Parlamento la ley de Transparencia. La normativa será la primera que se apruebe en el próximo periodo de sesiones parlamentarias, con la salvedad de la ley de Presupuestos para 2013, y es fruto del acuerdo firmado por el PSOE e IU para la gobernabilidad en Andalucía en el que los partidos se comprometieron a la defensa de la autonomía, el empleo y las políticas sociales.

La normativa promoverá el Escaño 110 y las incompatibilidades

La diputada socialista explicó que la ley, que será debatida y analizada con la sociedad, va a profundizar en la práctica y en la trayectoria de transparencia de la Junta, que ha estado centrada en la declaración y publicación de ingresos y patrimonio de los miembros del Gobierno, diputados y altos cargos; en el impulso a la iniciativa Escaño 110, reservado físicamente a la ciudadanía para que pueda intervenir ante la Cámara el portavoz de una iniciativa legislativa popular; y en la finalización del cuadro de incompatibilidades de cargo público.

El Gobierno quiere potenciar con la ley de Transparencia la confianza de los ciudadanos en la política, por lo que en la ley se incluirá tanto la rendición de cuentas de los cargos públicos como la facilidad para que los ciudadanos puedan conocer la situación de los expedientes de las decisiones que les afecten.

La Junta apuesta por incidir en la lucha contra el fraude fiscal y social, por eso va a impulsar de manera prioritaria, dada la actual coyuntura económica y la necesidad de propiciar un reparto más justo y equilibrado de las cargas fiscales, la aprobación de otra ley en el Parlamento.

“Desde el Gobierno somos conscientes de que es una reivindicación del conjunto de ciudadanos que pagan sus impuestos, que cumplen con la ley y que están ayudando al sostenimiento del estado del bienestar. Por eso vamos a perseguir a los que vienen a defraudar lo que es de todos”, puntualizó la diputada.

La consejera de la Presidencia quiso dejar clara la manera de la Junta de impulsar leyes con respecto al Ejecutivo central. “Se aprobarán leyes, no decretos leyes como nos tiene acostumbrado el Gobierno de la Nación”, enfatizó Díaz.

Esta apuesta por la diferencia en la forma de hacer política, también se verá en la apertura de un diálogo con los distintos colectivos para impulsar un “pacto por Andalucía”.

El Gobierno andaluz convocará para septiembre a las principales fuerzas políticas y a las organizaciones sociales y económicas para alcanzar un acuerdo, que tenga como objetivos la reactivación económica y creación de empleo; la apuesta por el sistema de educación pública y de calidad; y el mantenimiento de la red sanitaria pública universal.

El acuerdo por la comunidad pretende reactivar la economía

Esta primera medida, que decidió este martes poner en marcha el Consejo de Gobierno, ya fue planteada por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a finales de julio en el Parlamento. Griñán pidió el apoyo de todos los grupos parlamentario para alcanzar un “gran pacto por Andalucía” que implica la defensa del Estatuto de Autonomía y un “nuevo modelo de financiación” autonómico más justo y equitativo.

La consejera de la Presidencia insistió en la necesidad de que partidos políticos y organizaciones sociales trabajen de manera conjunta para que Andalucía “inicie el camino de la recuperación, pero sin renunciar a las conquistas sociales y al estado del bienestar”.

“Este Gobierno va a abrir esas vías de diálogo y entendimiento, y va a abrir nuestro pacto de gobierno a todos los que quieran sumar voluntades, buscar puntos de unión y aportar soluciones en un momento en que los ciudadanos lo pasan mal y quieren respuestas”, apostilló Díaz, quien consideró que el futuro acuerdo social debe además hacer frente “a los ataques que está sufriendo la educación, la sanidad y el estado del bienestar”.

La diputada socialista explicó que se ha pedido a todos los consejeros que concreten un calendario legislativo que permita desarrollar el acuerdo político con “la mayor celeridad”.

La consejera de la Presidencia reconoció que la Junta tiene un “estrecho margen” para marcar la diferencia de las políticas que se pueden poner en marcha debido a las exigencias que hay en el país y en el ámbito internacional. No obstante, enfatizó que se puede superar la crisis con un camino diferente.