Readmitido un inspector de policía que se enfrenta a 44 años de cárcel

El inspector José Javier Martín Pujal, de 51 años, ha vuelto al Cuerpo Nacional de Policía. El agente estaba suspendido desde 2009, cuando se vio en el centro de una trama corrupta en torno a los burdeles Riviera y Saratoga, en Castelldefels (Baix Llobregat). Gracias a un defecto de forma, el policía ha recuperado su placa, su pistola y su sueldo.

Martín Pujal está acusado de extorsionar a los dueños de ambos clubes, a cambio de no incordiarles con redadas. El fiscal contra la corrupción y el crimen organizado Fernando Bermejo pide para él 44 años de cárcel por una retahíla de delitos: cohecho, revelación de secretos, asociación ilícita, coacciones y favorecer la prostitución.

El pasado 16 de agosto por la tarde acudió a la Secretaría de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, donde firmó el reingreso, según varias fuentes policiales consultadas. La Jefatura Superior de Policía ha declinado dar cualquier explicación al respecto.

El inspector, según esas mismas fuentes, regresa a la unidad en la que estaba. Martín formaba parte del grupo I de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif), aunque durante los últimos años estaba relegado a tramitar los expedientes de expulsión. Este diario trasladó al entorno del inspector la petición de conocer su opinión, que no atendió.

Martín reingresó en la brigada de extranjería el pasado jueves

La readmisión se basa en un defecto de forma de la suspensión de empleo y sueldo, que dictó la Dirección General de Policía. El acusado recurrió primero a la división de personal del cuerpo, que denegó su petición, y acabó en los tribunales, que, finalmente, le han dado la razón, según esas mismas fuentes. La Jefatura tampoco ha detallado si actuará contra esta decisión, ni si destinará a un lugar distinto al policía.

El caso de los burdeles Riviera y Saratoga supuso un terremoto en el área de inmigración del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en Barcelona y una guerra fría entre cuerpos. Una delicada investigación de los Mossos d’Esquadra hizo aflorar varios casos de supuesta corrupción policial, del inspector, pero también de sus jefes, el también inspector Abundio Navas y el comisario Luis Gómez. En total, hay imputadas 20 personas, entre ellas seis mandos y agentes del CNP, siete personas vinculadas a los burdeles (que siguen precintados) y tres abogados.

Los acusados, además de extorsionar a los burdeles, recibían presuntamente relojes de lujo, estancias en hoteles, lotes navideños e incluso fueron agasajados con el pago de una operación de cirugía estética de la hija de uno de ellos, según el fiscal.

La implicación de Martín, que en la trama adquirió el nombre de guerra de Jordi, arranca bastante antes de que los Mossos comenzasen su investigación.

En junio de 2007, el director del burdel Saratoga, Carmelo Sanz, denunció a Martín por haberle pedido 3.000 euros a cambio de no acosar con redadas su local

En junio de 2007, el entonces director del burdel Saratoga, Carmelo Sanz, denunció a Martín por haberle pedido 3.000 euros a cambio de que sus agentes no acosasen con redadas su local. El supuesto chantaje se verbalizó en una reunión en el hotel Fira Plaza de Barcelona. Martín propuso “algún tipo de acuerdo” para no incordiar con “trabajo” al Saratoga, según el escrito de acusación de la fiscalía. Los tres allí reunidos (también se encontraba el otro dueño del Saratoga, Raúl Pascual), pactaron pagarle 3.000 euros al mes. “La mitad de lo que le dabas al otro”, aseguró Martín, en referencia a sus jefes, también implicados en la operación.

Pero Martín no sabía que los dueños del Saratoga habían dado cuenta de sus chantajes a la Guardia Civil, que estaba siguiendo la reunión. Además, grabaron toda la conversación que mantuvieron aquella tarde. Al salir del hotel, cuando el inspector ya había recibido el sobre, se inició una persecución. El policía se libró de los 3.000 euros, pero fue detenido finalmente.

Tras aquel turbio episodio, Martín no fue suspendido de sus funciones. La Guardia Civil no logró reunir suficientes pruebas contra él, que salió en libertad. Un mes después le apartaron como jefe del grupo I de la Ucrif y se responsabilizó de los expedientes de expulsión de extranjeros irregulares. Asuntos Internos, sin embargo, le abrió una investigación para aclarar lo sucedido.

Al año siguiente, fue él mismo quien acudió al Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona a explicar cómo funcionaban los sobornos a los burdeles. Eso sirvió para que la juez, Elisabet Castelló, encargase la investigación a los Mossos d’Esquadra, que acabaron deteniéndole de nuevo en 2009.

Cuando se hizo pública la operación en torno al Riviera y el Saratoga y se conoció la imputación de los distintos mandos policiales, abogados y funcionarios, el inspector fue suspendido de empleo y sueldo, a la espera de que el caso se dirima en los juzgados.

El escrito de acusación de la fiscalía dibuja a Martín como un inspector que se dejó llevar por lo que hacían sus jefes presuntamente corruptos

El escrito de acusación de la fiscalía dibuja a Martín como un inspector que se dejó llevar por lo que hacían sus jefes presuntamente corruptos. Tanto Navas como Gómez continúan relegados de sus funciones, mientras que él ha conseguido burlar con un subterfugio formal la suspensión ordenada por la dirección general.

“Siempre cae de pie”, apuntan fuentes policiales. Aunque otras personas consultadas del entorno del inspector aseguran que no son tan infrecuentes los defectos de forma en las investigaciones y escritos de Asuntos Internos. “No siempre se ponen a los agentes más expertos en este tipo de áreas tan delicadas”, añade otro mando policial.

En el caso del Riviera y el Saratoga, Martín se lleva la peor parte. Bermejo pide para él 44 años de cárcel, la pena máxima de la veintena de imputados. El que fue su jefe, el inspector Navas deberá responder a la petición de 22 años de prisión, mientras que el comisario Gómez se enfrenta a 17 años de cárcel. En la causa está imputado también el inspector de los servicios técnicos del Eixample, Manuel Martínez, para el que el fiscal solicita 19 años por avisar de revisiones administrativas a burdeles de Barcelona.