100.000 vecinos se quedan sin pueblo
Las entidades locales autónomas rechazan su supresión, como defiende el PP
Más de 100.000 andaluces se podrían quedar sin pueblo. El Gobierno prevé suprimir las entidades locales autónomas, de las que en Andalucía hay 48 y a las que habría que sumar otras 12 en proceso de segregación. Pero los habitantes de estas localidades, algunas tan importantes como San Pedro de Alcántara, Torre del Mar o Guadalcacín, están dispuestos a dar batalla. Han conseguido el compromiso político de partidos y sindicatos y esta semana se han reunido con el diputado socialista Gaspar Zarrías para reclamarle que su proyecto de ley alternativo los defienda. Pero no quieren solo palabras, exigen que el Gobierno retire su propuesta y un "pronunciamiento claro e inequívoco" del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, contra el proyecto del Ejecutivo del PP.
La guerra la desató el Consejo de Ministros del pasado día 13 de julio, cuando aprobó el informe del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local. Este texto normativo prevé "la disolución de las 3.723 entidades locales menores existentes, que pasan a ser absorbidas por los Ayuntamientos de los que dependan".
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo justificó en la necesidad de "redefinir" la estructura de la administración local y garantizar "servicios públicos adecuados a precios adecuados y mejor gestionados". Y añadió un argumento que ha sido combustible para los responsables de estas entidades: "Poner orden en la multiplicidad de entidades locales que ejercen con una gran parafernalia administrativa una multiplicidad de competencias que multiplican la gestión y por tanto, los recursos públicos".
Las ELA afirman que su supresión no supondría ahorro y causaría abandono
"Tenemos superávit, no le costamos ni un euro al Estado, no generamos deuda pública y damos servicios eficaces", replica el secretario general de la Federación Andaluza de Entidades Locales Municipales (Faem), Miguel Gregorio Martínez, quien rechaza uno por uno los argumentos contra estas localidades.
Y añade razones. "Suprimir las entidades locales no sólo no supondría ahorro alguno [el Gobierno calculó que su reforma de la administración local evitaría 3.500 millones de gasto] sino que generaría además abandono rural y el consiguiente daño ambiental y social".
El responsable de la Faem atribuye la propuesta del Gobierno a una "operación de maquillaje político". "Pretenden dar la imagen en Europa de que quitan administraciones y políticos", asegura.
Pero insiste Miguel Gregorio en que muchos concejales ni siquiera tienen sueldo salvo quienes tienen dedicación exclusiva, que las ELA viven de las tasas y de la explotación de bienes comunales porque la norma les impide cobrar impuestos y que no pueden generar deuda porque tiene que autorizarla el Ayuntamiento matriz y la intervención, generalmente, no lo permite. "Ni siquiera nos deja acceder a una subvención si no tenemos al día la liquidación", añade.
Por lo tanto, el argumento económico no sirve y el de la población es insuficiente porque, de aplicar como criterio la supresión de administraciones solo por la escasez de habitantes, habría que acabar con más de la mitad de los pueblos de España, donde 4.900 municipios no superan los 1.000 habitantes y el 85% no llega a los 20.000 que el PP exige para que mantengan sus competencias. Además, insiste la Faem, la falta de población no los hace onerosos para las arcas públicas, ya que las entidades locales aportan dinero al Estado al tener superávit mientras otros municipios como la propia capital de España acumula casi un tercio de la deuda pública de todas las ciudades, 28.000 millones.
Las ELA son un elemento clave para sus 100.000 vecinos, ya que son las entidades que prestan los servicios y asumen la responsabilidad del pueblo. Además, evitan desplazamientos innecesarios de los habitantes.
"La supresión de las entidades locales originaría una merma en la democracia en estas poblaciones, un paso atrás en la prestación de servicios básicos públicos a las ciudadanas y ciudadanos, y de capacidad para participar y decidir sobre las cuestiones de su territorio", resume una moción que ahora recorre los ayuntamientos andaluces contra la reforma de la administración que promueve el PP.
"Un invento de última hora"
Los presupuestos de las entidades locales oscilan entre los 600.000 y el millón y medio de euros de media, aunque todas tienen sus peculiaridades. Las hay de 60 habitantes, como San Julián en Marmolejo (Jaén), que presume de superávit frente a la deuda de su municipio matriz, y de más de 20.000 vecinos, como Torre del Mar. En verano, Balanegra, Zahara de los Atunes, Carchuna Calahonda, Torrenueva y la Redondela llegan a los 30.000 habitantes.
Todas alardean de una economía saneada y destacan que su dependencia de un municipio matriz sin entidad autónoma sólo acarrea problemas y desatención. Por lo tanto, niegan los argumentos económicos y organizativos.
Aseguran, además, que nadie ha reclamado la supresión de estas entidades "Es un invento de última hora, ya que el grupo de trabajo constituido en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), al que el Gobierno encargó un documento sobre la reforma, emitió un informe el 25 de Mayo de 2012 que no incluía esta medida", defiende el secretario general de la Federación de entidades locales (Faem), Miguel Gregorio, quien considera que la idea de suprimir las ELA la incorporó más tarde el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Ministros. Por esta razón exigen que sea también en Consejo de Ministros donde se apruebe la retirada definitiva de este proyecto de reforma que, según defiende Faem, "es nocivo para el sistema democrático y no arregla nada en el terreno económico".
"La mera intención de cualquier texto en donde aparezca, la eliminación de las entidades locales autónomas [o menores, como se denominan fuera de Andalucía] supone un error total y una afrenta para los representantes de estas", añaden.
Además de la rectificación del Gobierno, reclaman una moción en el Congreso y Senado en defensa de las entidades locales menores de España. También demandan una declaración institucional en todas las Comunidades Autónomas, por ser la administración mas cercana a los ciudadanos.
Por el momento, Izquierda Unida y PSOE se han mostrado favorables a recurrir la reforma de la administración local promovida por el PP. Pero desconfían de las declaraciones políticas y ya solo admiten hechos. Por eso se preparan para demostrar en Madrid el próximo día 10 de septiembre que tienen voz, y alta, y capacidad de organización. Lo han hecho al margen de las organizaciones municipales exitentes porque afirman que están mediatizadas por una "excesiva politización" y la "permanente interinidad" de sus representantes. No se casan con nadie y, desde su creación, la federación que agrupa a los entes locales decidió vivir de las cuotas de sus socios.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
