Ahora, los municipios

El Gobierno podría aprobar este mismo mes su proyecto de Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), presentado a fines de julio. Podría, pero no es seguro que lo haga ante las resistencias de numerosos alcaldes del PP que ven en la reforma un recorte de su poder.

A esta reforma se ha llegado por dos caminos: la conveniencia de adaptar la estructura municipal al desarrollo del Estado autónomo; y el compromiso de reformas administrativas remitido por el Gobierno a Bruselas en abril pasado a fin de reducir el gasto público. Ambas vías inciden en el gasto, cuando el principal problema de los municipios españoles tiene que ver con el recorte de ingresos provocado por el estallido de la burbuja inmobiliaria. De ahí las críticas de quienes defienden que la reforma debería incluir un modelo realista de financiación municipal.

Sin embargo, algo ya se ha hecho al elevar el IBI, del que depende el 30% de los ingresos; y para abordar la financiación en profundidad será conveniente un plan previo de racionalización del gasto. La reforma delimita competencias, refuerza el control de las cuentas por interventores que lo sean por oposición, libera a los Ayuntamientos de servicios impropios que venían asumiendo y potencia el papel de las diputaciones en la prestación de servicios públicos en municipios pequeños o medianos. Esto último incide en uno de los temas de la pasada campaña electoral. El candidato socialista planteó como una de las vías de ahorro la reducción de funciones y personal de las diputaciones dada la asunción de sus competencias por las autonomías.

Es un tema recurrente, pero la actitud de los principales partidos ha ido cambiando por razones de clientelismo político. Desde mayo de 2011 el PP gobierna 24 de las 38 diputaciones de régimen común y es reticente a su desaparición o adelgazamiento, mientras que el PSOE, que se opuso en 2006 a un plan en esa dirección, es ahora más bien favorable.

La crisis ha hecho que pase a primer plano el aspecto de la eficiencia, que implica evitar duplicidades. Pero nadie obligaba a los Ayuntamientos a asumir las llamadas competencias impropias: lo hacían por tradición (las casas de socorro, por ejemplo) o interés político. El plan propone eliminarlas, pero no está claro que el Gobierno pueda prohibir que una corporación decida, en aplicación de su autonomía, garantizada por el artículo 140 de la Constitución, destinar una parte de su presupuesto a complementar un servicio cuya competencia sea autonómica. Lo que no podrá hacer es endeudarse para financiarla. Pero la actual Ley de Haciendas Locales ya incluye la prohibición de aprobar presupuestos con déficit: aunque sea necesario actualizar la ley, lo primero es aplicarla.

Otra reforma polémica es la de reducir en un 30% el número de concejales. Podría hacerse, pero no al precio de recortar la pluralidad política. Y es lógico regular las remuneraciones de los ediles para evitar abusos, y hacerlo en función del número de habitantes del municipio.