El Puerto de Vigo desprecia todas las alegaciones ambientalistas
La demarcación de espacios se aprobará sin evaluación ambiental estratégica
La Autoridad Portuaria de Vigo ha desestimado la práctica totalidad de las alegaciones ambientalistas a la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP, más conocida por su anterior denominación de plan de usos). El denominador común en las tandas de alegaciones presentadas, la relativa a la ausencia en la DEUP de evaluación ambiental estratégica, es considerada de importancia capital por sus promotores, pero el Puerto tenía a mano desde el mes de abril su fundamentación para rechazarla sin contemplaciones: “La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Ambiente resolvió que no se admitía a trámite dicha evaluación ambiental por no encontrarse incluida la DEUP dentro del ámbito de la Ley 9/2006”, responde el Puerto, pese a que esta ley trata precisamente “sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente”.
Dos significados colectivos de la ría por su activismo, el Foro Social de Cangas y Bouzas Móvete, presentaron sendas compilaciones de alegaciones en cuya redacción participaron juristas, biólogos y expertos portuarios que cuestionaban la adecuación de la DEUP sometida a información pública a la pesarosa historia ambiental y circunstancias actuales del puerto y de la ría de Vigo. Indicaban que la evaluación ambiental estratégica de la DEUP, no incorporada al documento, podría explicar los severos desajustes operados en el puerto en las últimas décadas, facilitar su subsanación y, sobre todo, perfilar con mayor fundamento el futuro de la terminal portuaria y de la ría viguesa. A mayores, apuntaban que la no incorporación de dicha evaluación a la DEUP debería ser causa de su anulación.
“Una burla a la participación pública”
Entre 1990 y 2010, por dar una referencia extraída de las detalladas alegaciones ambientalistas a la Demarcación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) de Vigo, la zona terrestre de servicio portuario aumentó un 62,5% a base de rellenos —casi tres millones de metros cuadrados en total, ejecutados sobre todo desde 1968—, una práctica que tiene su última y polémica expresión en la ampliación de los muelles del Areal (79.190 metros cuadrados) y que continuará, según la DEUP, con la prolongación de muelles y nuevas rampas en Bouzas (71.500 metros). Una de sus consecuencias ha sido la desaparición de seis importantes bancos marisqueros.
La DEUP, planteaban el Foro Social y Bouzas Móvete en sus alegaciones, debería conjugar el desarrollo del puerto con los valores económicos y ambientales de la ría (7.000 empleos directos en pesca y marisqueo, 740 barcos, 511 bateas…), lo que requeriría aplicar con todo rigor el principio de cautela al diseñar cualquier tipo de actuación y, en todo caso, justificar la legalidad de las infraestructuras realizadas y, de no hacerlo, recuperar el estado anterior del entorno.
Bouzas Móvete considera la respuesta de la Autoridad Portuaria a sus alegaciones “indignante, vacía de contenido, sin argumentaciones racionales y una burla al proceso de participación pública en la redacción de documentos de planificación”. “Fue redactada con el único ánimo de cumplir el trámite legal de dar respuesta”, concluye el portavoz de la asociación, Duarte Ferrín. “Tampoco es que nos haya sorprendido”, comenta Tiago Pérez, portavoz del Foro Social: “Siempre actuaron así, ya estamos acostumbrados”.
Las dos organizaciones apelaron al Principio de Precaución, un referente impulsado por la Unión Europea para reorientar las relaciones de la humanidad con la biosfera bajo el criterio de que allí donde existan amenazas de daños graves e irreversibles, la falta de certeza científica completa sobre estos daños no debe usarse como razón para atenuar o aplazar las medidas que impidan la degradación del medio ambiente y los daños a la salud, sino que ello mismo obliga a descartar de entrada las vías que puedan conducir a esos resultados, aunque las alternativas sean más difíciles u onerosas. Este Principio de Precaución, según indicaban el Foro Social de Cangas y Bouzas Móvete, cada una por su lado, nunca se tuvo en cuenta en la gestión y planificación del puerto vigués y tampoco ahora, con ocasión de la DEUP.
La citada resolución del Ministerio de Medio Ambiente rechazó el pasado mes de abril admitir a trámite la evaluación ambiental estratégica de la DEUP sin justificarlo y aunque la propia ley que invoca señala, entre los planes y programas con efectos significativos sobre el medio ambiente, y por tanto obligados a evaluación ambiental estratégica, los relacionados con la pesca, la acuicultura, el transporte, la gestión de recursos hídricos, la ocupación de dominio público marítimo terrestre, el turismo o los que requieran una evaluación conforme a la normativa reguladora de la red Natura 2000.
Todos esos aspectos están presentes en el ámbito portuario y, a mayor abundancia, la propia DEUP anuncia, entre las actuaciones previstas a su amparo, nuevas obras de infraestructura como rampas de carga y descarga, ampliación de calados y explanadas y diversas construcciones para amarres de barcos deportivos, además de reconocer, como usos admitidos, instalaciones industriales y astilleros. En consecuencia, las alegaciones interpretaban que la resolución de la dirección general del Ministerio de Medio Ambiente “carece de todo rigor y validez legal” e incluso el Foro Social anunciaba en ellas su intención de presentar denuncia penal contra la directora que la firmó, Guillermina Yanguas Montero, por prevaricación, además de denunciar el caso ante la UE.
De haberse admitido a trámite esa evaluación ambiental, conllevaría la obligación de realizar un Informe de Sostenibilidad Ambiental que recogería las alegaciones “sobre las potencialidades de la ría que ignora esta DEUP”, responde la Autoridad Portuaria a Bouzas Móvete. Pero como no es el caso, las desestima todas para asegurar que “se puede compatibilizar el uso de marisqueo con el uso marítimo-portuario general”, que “el que un espacio esté en red Natura no quiere decir que no pueda estar incluido en la zona de servicio de un puerto de interés general” o que los impactos ambientales provocados por las obras y la actividad portuaria sean asunto de la DEUP. La única alegación que la Autoridad Portuaria admiteió e informó favorablemente es la relativa a “la corrección de toda la toponimia”.
La sombra alargada del ya exdirector Lara Rubido
20 años de “ilegalidad”
El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio López-Chaves, comunicó el pasado 31 de julio el cese del director del puerto, Luis Lara Rubido, para sorpresa general, incluida la del propio afectado, que se enteró media hora antes de que el consejo de administración aprobara su cese, que tampoco figuraba en el orden del día de la sesión. Fue un efectista golpe de mano de López-Chaves, que aprovechó la fecha y las delegaciones de voto de los consejeros ausentes que le garantizaban la aprobación de su propuesta sin anticiparla, para evitar, con cautela felina, que el propio Lara pudiera neutralizarla.
López-Chaves, ante el consejo y luego ante la prensa, elogió la “trayectoria intachable” de Lara como director del puerto vigués durante más de 22 años —un caso insólito en el conjunto de los puertos españoles— y justificó su relevo en la apertura de “una nueva etapa con nuevos proyectos”, lo que evidentemente no lo explica. El desconcierto que sembró su decisión sigue latente, en el puerto y fuera.
Ese mismo 31 de julio el consejo aprobó la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), un documento reiteradamente demandado por los usuarios y que había requerido 20 años –desde que se impuso legalmente su elaboración en 1993—para hacerse realidad, dijo López Chaves colgándose la medalla. Al fin podía remitirse a Madrid para su aprobación definitiva. La víspera, 30 de julio, el director había firmado junto con Beatriz Colunga Fidalgo, subdirectora de Planificación e Infraestructuras y ahora directora provisional, la desestimación de las alegaciones a la DEUP del Foro Social de Cangas y, unos días antes, de Bouzas Móvete.
Ambas organizaciones coincidían en reflejar en sus alegaciones los “20 años de absoluta ilegalidad” que marcan al puerto de Vigo, a partir de la inexistencia del plan de usos y por hacer “todo tipo de ampliaciones sin proyecto ni base legal” que han generado “graves impactos ambientales”. A partir de ahora, rellenos como el de Areal precisarán de estudios de impacto. Pero Lara despachó los tres primeros apartados de las alegaciones del Foro Social (valores y fragilidad de la ría, situación y límites del puerto e historial de este) sin responderlos, ya que “en ellos se realizan una serie de descripciones y comentarios en los que no se alega nada concreto en relación con la DEUP”.
No obstante, todas las alegaciones llegaron a Madrid y en ambas organizaciones se contempla con delectación que acaso tuvieran alguna influencia en el cese de Lara, al que venían apuntando desde hace años como principal responsable y bestia parda del puerto vigués.
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