El alcalde de Finestrat vive en una casa sobre suelo no urbanizable

El alcalde de Finestrat, Honorato Algado, del PP, habita un chalé ilegal construido en una parcela de suelo rústico de 4.508 metros desde septiembre de 2007, fecha en la que fue escriturada su compra. Algado ganó las elecciones municipales en mayo de ese año y adquirió la vivienda el 21 de septiembre, menos de cuatro meses después de conocer el resultado electoral.

Según figura anotado en el Registro de la Propiedad, se trata de “una vivienda unifamiliar compuesta de una sola planta, consta de tres dormitorios, un cuarto de baño, un aseo, un salón-comedor con cocina con barra americana” que “se halla dotado de los adecuados servicios e instalaciones de agua, alumbrado y saneamientos, reuniendo las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas”. Está ubicada en el conocido como paraje Areneta del término municipal de Finestrat con excelentes vistas a la bahía de Benidorm. Para comprar el chalé, Algado solicitó una hipoteca de 130.000 euros con un vencimiento de 29 años.

El regidor explicó a este periódico que “la vivienda se construyó hace más de 30 años y nunca ha estado en situación ilegal”. “Le compré la casa a una inmobiliaria de Finestrat y antes de hacerlo confirmé en el Ayuntamiento que no había ninguna infracción urbanística”, añadió, “porque tras entrar en política quería algo legal; si no, no me hubiera metido”.

Algado defiende que el chalé nunca ha estado en situación ilegal

Algado asegura que la licencia de obras data del 28 de octubre de 1981, antes de promulgarse las normas subsidiarias de Finestrat, aún vigentes. El alcalde defiende la legalidad de la obra “en base a que la superficie exigida para edificar en suelo rústico era entonces de 2.500 metros cuadrados”. El regidor incide en que el pleno del Ayuntamiento le dio licencia de obra.

Sin embargo, aunque la Ley de Suelo no Urbanizable de la Comunidad Valenciana de 1992 permitió edificar en parcelas rústicas de una hectárea si se cumplen una serie de requisitos, la legislación urbanística del Estado, que se superpone a la autonómica, siempre ha mantenido la prohibición de construir viviendas en suelo no urbanizable. El problema en Finestrat es que entre 1979 y 2007, el periodo en el que fue alcalde Miguel Llorca, del PSPV, el Ayuntamiento consintió todo tipo de irregularidades urbanísticas sin siquiera abrir los correspondientes expedientes de infracción, como así sucedió con la vivienda que compró Algado, hasta el punto de que en 2006 el Consell barajó retirarle las competencias urbanísticas al Consistorio, como hizo finalmente con Catral, en La Vega Baja.

El mismo concejal de Urbanismo, Juan Francisco Pérez, confirmó que al chalé del regidor “nunca se le abrió un expediente de infracción urbanística” y que las licencias de obra menor solicitadas posteriormente por Algado, o la que pidió para construir una piscina, “pasaron por la comisión de Gobierno y tenían los preceptivos informes técnicos favorables”. En todos los casos, además, el alcalde se abstuvo de votar.

El Ayuntamiento consintió irregularidades sin abrir expedientes

El procedimiento seguido por Finestrat y otros muchos Ayuntamientos valencianos durante décadas para consentir las edificaciones en suelo no urbanizable fue no actuar en el plazo de cuatro años que la Administración tiene para conseguir la demolición de la casa levantada ilegalmente. Tras ese periodo, la casa se queda en una especie de limbo jurídico porque a pesar de que no puede ser ya derribada, sigue estando a todos los efectos fuera de ordenación y solo se pueden realizar en ella obras de mera conservación, pero nunca de mejora o ampliación.

En una entrevista a EL PAÍS publicada el pasado 22 de julio, el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Territorio de Valencia, Joaquín Baños, abogó por la retirada de las competencias urbanísticas a los municipios y reconoció que en la Comunidad Valenciana existen entre 30.000 y 40.000 viviendas ilegales, sin que haya llegado a demolerse ninguna. Baños anunció: “Vamos a perseguir a los Ayuntamientos que no han tirado las construcciones ilegales” en una ofensiva de oficio por no ordenar la demolición de estas casas tras haber cobrado sanciones urbanísticas.