El veto a la prostitución en Barcelona arranca sin denuncias

Las tres prostitutas, de origen subsahariano, con vaqueros y camisetas de colores vivos, se separan del árbol que les sirve de apoyo en sus largas noches de trabajo, delante de un sex shop en la parte baja de La Rambla de Barcelona. Un grupo de turistas borrachos se acerca. Las mujeres no dudan en abordarlos y los halagan con un “hola, guapos”. Una de ellas, más atrevida, pone la mano en la entrepierna a uno, mientras le susurra “papi”. Tras una pequeña charla, los visitantes deciden seguir su curso y ellas vuelven al árbol. La noche es larga.

Esta escena, en la madrugada de ayer, se repite en la Barcelona libre de prostitución callejera que CiU y PP plasmaron en la modificación de la Ordenanza de Civismo que entró en vigor ayer. El jueves, antes de su paseo por las calles decoradas de Gràcia, el alcalde Xavier Trias (CiU) explicó que es consciente de que la prostitución —suele referirse a ella como “la esclavitud del siglo XXI”— no “se acabará en cuatro días”, pero que el cambio normativo era indispensable. “Damos un mensaje al mundo de que Barcelona no quiere ser la ciudad de la explotación sexual de las personas; es una idea que todo el mundo debe tener muy clara”.

La Guardia Urbana no reportó ninguna incidencia ni denuncia. De hecho, el mismo Trias y la cuarta teniente de alcalde, Maite Fandos (CiU) ya habían explicado el jueves que no se multará hasta septiembre. Por lo pronto, según un portavoz, los agentes de la policía barcelonesa y los trabajadores de la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual se encargarán de informar sobre el cambio. Algo que, sin embargo, las prostitutas echan en falta.

Cliente potencial

“En los últimos días todo ha sido igual; a mí nadie me ha explicado qué pasará ahora con lo del cambio”, aseguraba María, rumana, con una lata de bebida energizante en la mano y que también trabaja en la Rambla. “Lo que quieren es marginarnos, que nadie nos pueda hablar. ¿Cómo van a saber si estoy ayudando a un chico a encontrar una dirección?”, se mofaba una transexual latina, un poco más enterada sobre el cambio y que movía con efusividad su cabellera rubia. “Yo estoy empadronada en este barrio, estoy afiliada a la Seguridad Social, pago mis impuestos. ¿Cómo van a demostrar que soy prostituta?”, preguntaba otra. Varios coches y agentes de la Guardia Urbana que patrullaban la zona ni siquiera se detuvieron. Las chicas tampoco parecían inmutarse.

“La norma ahora establece que se podrá multar al “cliente potencial”, es decir, cualquiera que “solicite, demande o negocie” sexo de pago en la calle y se elimina el preaviso.

La modificación de la ordenanza, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado jueves, también ratifica el importe de las multas que tendrán que pagar tanto clientes como meretrices. Para ellos van desde los 1.000 hasta los 1.500 euros —la cercanía a un centro educativo es agravante—. La realización de actos sexuales en la calle son multados con hasta 3.000 euros.

Para las trabajadora sexuales oscilan entre los 100 y los 350 pero pueden ser cambiadas por cursos formativos que imparte la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual —ABITS—. El cambio elimina un apartado de la anterior, que establecía que la negociación entre cliente y prostituta se puede realizar si no riñe con “los diferentes usos del espacio público”.

La decisión de CiU de cambiar la normativa —mitad convicción, mitad compromiso con el Partido Popular tras el pacto de los presupuestos— se ha vista envuelta en polémica desde el principio. La oposición la tilda de “estética” e “hipócrita” y asegura que agravará la situación de las mujeres que están sometidas a las redes de trata de personas, ya que invisibiliza el fenómeno. Se trata de una tesis que defienden algunas ONG que trabajan con meretrices, como Genera.

Además, varios informes técnicos del Ayuntamiento también desaconsejaban la desición. El gobierno municipal, sin embargo, dice que la nueva ordenanza pone el foco punitivo en el cliente y protege más a las mujeres. El presupuesto del ABITS se ha incrementado en un 67%. Y asegura que se trata solo del primer paso en una lucha integral contra la prostitución y que el siguiente objetivo son los locales de alterne.

Uno de los principales puntos de confusión respecto al nuevo texto es el de la figura de “cliente potencial”, incluída por CiU en último momento. “Se es cliente aunque no se haya cerrado el negocio”, defendió en su día la Regidora de Derechos Civiles y Mujer, Francina Vila (CiU). “Si tengo un condón en el bolsillo, o lo tiene un chico con el que hablo, ¿eso significa que yo sea prostituto?”, se preguntaba en la madrugada de ayer la transexual latina. Dudas que solo se podrán resolver cuando la Guardia Urbana comience a multar. A ver qué pasa en otoño. Me preocupa”, admitía otra, española, en la cercana calle de Robadors, otro de los puntos neurálgicos de la prostitución en la ciudad.