Ares dilapida la paz social

La paz social es una especie rara en la Ertzaintza, incluso ante un escenario histórico que parece difícil de mejorar para un cuerpo policial en Euskadi tras el cese definitivo de ETA decretado el pasado mes de octubre. El acuerdo laboral alcanzado entre el Departamento de Interior y los sindicatos del que ayer se cumplió un año hacía prever una etapa de sosiego muy poco frecuente en la Policía vasca, pero la crisis y ciertas decisiones de la consejería se han sumado para echar abajo la esperanza de los agentes y encrespar a los sindicatos. Todos han salido al paso de la reciente adjudicación de plazas vacantes en comisión de servicios, la última polémica y la gota que ha colmado el vaso.

Hace apenas dos semanas que la central mayoritaria e independiente Erne predijo “tiempos difíciles y una conflictividad como nunca” en la Ertzaintza. La advertencia, a través de un comunicado, obedecía a la percepción de un “enchufismo puro y duro” en la polémica adjudicación de plazas, de la que tan pendiente están los cientos de agentes que aspiran a trabajar más cerca de casa. Interpretado el aviso de forma aislada, podría parecer que la Policía vasca atraviesa la etapa más difícil desde su creación en 1982, un hecho que dista bastante de la realidad. No se puede obviar, sin embargo, que el departamento ha perdido en solo un año el crédito que se ganó con un acuerdo histórico logrado, además, en plena recesión.

La adjudicación de plazas en comisión de servicios encrespa a las centrales

Fue el 12 de agosto de 2011 cuando el consejero, Rodolfo Ares, puso fin a dos años de tensas relaciones y protestas al firmar con la mayoría sindical un nuevo convenio que sustituía al que llevaba casi un lustro prorrogado. Pero además arregló otras viejas reivindicaciones de los ertzainas, como la regulación de la segunda actividad o de la promoción interna.

Y lo hizo en pleno azote de la crisis, consciente de que el malestar en el seno del cuerpo y las reclamaciones de la plantilla habían comenzado a convertirse en un lastre para la imagen del Gobierno socialista, transcurrida ya la mitad de la legislatura.

El pacto se selló con una cláusula de paz social por parte de las centrales que no tardó demasiado tiempo en saltar por los aires.

La crisis fue la primera en golpear. Pese a que la situación económica no ha sido tan grave en Euskadi como en el resto de España, el Gobierno vasco anunció a finales del pasado año una serie de recortes al conjunto de los funcionarios que ponía en entredicho los acuerdos laborales pactados meses atrás para la Ertzaintza. Los agentes se consideraron estafados y perjudicados en comparación con el resto de los trabajadores públicos. Ares se ofreció desde el primer momento a negociar para mitigar las consecuencias sobre los ertzainas, pero lo cierto es que no fue capaz de satisfacer las reivindicaciones de una plantilla que en marzo salió a las calles de Bilbao en la manifestación más multitudinaria de la Policía vasca en los últimos años.

Los sindicatos retomarán sus protestas a finales de este mes

Aquella marcha, en la que tomaron parte cerca de 3.000 personas, simbolizó el recrudecimiento de una tensa situación que incluso se ha agravado con el paso de los meses, a medida que las expectativas de la plantilla se han ido viendo defraudadas. La ilusión que generó el relevo socialista al frente de una consejería cuya trayectoria había sido siempre nacionalista y parecía sometida a enfrentamientos históricos se ha quedado en eso para la plantilla, en una ilusión.

Ares puede presumir de haber impulsado numerosos cambios en apenas tres años. La política de tolerancia cero contra el enaltecimiento del terrorismo en las calles de Euskadi o la consolidación de un cuerpo de 8.000 agentes son los iconos de un mandato que también ha servido para reorganizar estructuras con el fin de optimizar recursos. Pero muchas de las medidas adoptadas, sin embargo, han estado acompañadas de la polémica o no se han desarrollado en su integridad.

La asignación de las plazas en comisión de servicio se ha convertido en la gota que ha colmado el vaso. Con independencia de posibles errores en la asignación, que el propio Ares no descarta, lo cierto es que su anuncio, el pasado 27 de julio, ha dejado insatisfechos por igual a los seis sindicatos policiales, que se han unido en demanda de dimisiones.

Es su estrategia de desgaste al poder político. Los ánimos se han serenado en las últimas semanas por la condición inhábil del verano, pero la batalla se reanudará en las últimas jornadas de agosto. En concreto, los sindicatos se concentrarán durante la reunión del Consejo de Gobierno en San Sebastián el próximo día 28.

Será el inicio de una campaña de protestas que se prolongará y ganará en intensidad durante las siguientes semanas. Una campaña que además arreciará a medida que se acerquen unas elecciones autonómicas en las que el consejero Ares se volcará en la política y en el PSE, en detrimento del día a día del cuerpo. Los agentes, sin embargo, no van a dar un paso atrás. Muy sensibilizados con los recortes de los funcionarios se siente minusvalorados tras años de dura lucha contra ETA.