El PSPV exige un calendario de pago para los centros sociales que evite cierres

La crisis y los recortes del Consell se ceban en los más débiles y se multiplican las reclamaciones y manifestaciones de centros sociales y ONG ante el impago de ayudas sin las que no pueden prestar sus servicios. El portavoz socialista en las Cortes, Antonio Torres, denunció este miércoles la precaria situación de muchas entidades que atienden a discapacitados, enfermos mentales, menores y mujeres maltratadas por las deudas de la Generalitat, y exigió un calendario de pago para evitar cierres. La mayor parte de estas instituciones no ha recibido “ni un solo euro desde el año pasado”.

A su juicio, el PP demuestra “su poca sensibilidad y humanidad dejando quebrar a todas las entidades que no le suponen un negocio”. “Hasta ahora hay cientos de afectados que llevan meses aguantando sin cobrar y demostrando que tienen más conciencia social y generosidad que el Consell, que no se preocupa por la situación ni da explicaciones de por qué no les está pagando”, sostuvo Torres.

El Grupo Socialista preguntó el 2 de agosto en la Diputación Permanente de las Cortes al consejero de Hacienda, José Manuel Vela, por la deuda con estos colectivos y el calendario de pagos previsto “sin obtener ninguna respuesta”. Por ello, los socialistas presentaron ayer en el Parlamento valenciano 21 preguntas por escrito en las que instan al Consell a concretar la deuda y a fijar una fecha de pago “que evite que tengan que cerrar sus puertas”.

En las preguntas, Torres se interesa por las deudas con residencias y centros de día de la tercera edad; los ocupacionales; los de atención temprana; los centros y residencias de discapacitados; los de enfermos mentales y los especializados en su rehabilitación e integración social; los centros de menores; los de empleo, y con los cuidadores de dependientes.

Además, el portavoz socialista pide los datos de impagos a las farmacias; Ayuntamientos; institutos tecnológicos; la patronal Cierval; los sindicatos, beneficiarios de la renta garantizada por ley; proveedores de la Administración en general, y deudas pendientes por inversiones (capítulo seis del presupuesto).

Las 21 preguntas plantean una radiografía completa de las deudas que arrastra la Generalitat, en muchos casos sin fecha comprometida de pago. Torres incidió especialmente en las entidades que se ocupan de “personas dependientes y en riesgo de exclusión social”, y apeló al Consell para que no permita que cierren centros básicos para su atención.

En ese contexto, el portavoz socialista citó el caso Nuevo Futuro, que ha renunciado al concierto con el que mantenía dos centros para 12 menores en Valencia por el impago de la subvención de este año, como confirmó su directora, Miriam Poole. “No garantizan el pago ni sabemos qué ocurrirá el año que viene. La inseguridad es enorme y ha llegado un momento en que esto ya es inviable”, explicó Poole, que se declaró “desolada” por el cierre porque “los trabajadores y muchos voluntarios han trabajado muy duro” por mantener estos hogares para menores en régimen de protección. La falta de garantías de pago, además, amenaza la supervivencia de los dos centros de la organización en Alicante, así como a otros hogares del resto de España, donde la crisis también afecta a las ayudas con las que subsisten este tipo de centros. “Si pagaran no tiraríamos la toalla”, añadió Poole.

El consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, reconoció la deuda y afirmó que se pagará “inmediatamente que se pueda”. La consejería prevé reubicar a los menores en familias de acogida y otros centros.