Correctivo por luchar por el CAP del barrio

La lucha contra el cierre de las urgencias nocturnas del centro de atención primaria (CAP) del barrio puede acabar saliendo muy cara a las asociaciones de vecinos de la Guineueta y Canyelles. Tan cara como 30.000 euros. Esta es la multa máxima que prevé el expediente sancionador abierto contra ambas entidades por las protestas llevadas a cabo en los últimos meses para lograr la reapertura del equipamiento, actos que incluyeron el corte de la Ronda de Dalt un total de 38 veces desde diciembre de 2011.

El expediente acusa a ambas entidades de “tener un papel muy relevante en la organización y desarrollo de las manifestaciones”. Con las protestas, convocadas por una asamblea popular, se rechazaba el traslado de las urgencias nocturnas del CAP del barrio al centro de urgencias de atención primaria (CUAP) de Horta, como parte del plan de reorganización de servicios del Departamento de Salud, cuyo titular es Boi Ruiz. “Somos la cabeza de turco”, se queja Gonzalo Rodrigo, presidente de la asociación de vecinos de la Guineueta.

“Protestábamos todos los lunes y los viernes por la reapertura de las urgencias, que atienden a unas 56.000 personas. La combinación de transporte público con el nuevo centro es muy difícil y la mayoría de los vecinos del barrio tienen más de 65 años. Nos concentrábamos frente al CAP y después una asamblea, donde también estaban los indignados, la CUP y otras organizaciones, decidía realizar una marcha”, explica Manuel Sánchez, responsable de la entidad vecinal de Canyelles.

El expediente, abierto el 17 de mayo, se basa en un informe realizado por la División de Coordinación de la Guardia Urbana. El documento detalla todos los cortes de tráfico realizados entre el 4 de diciembre del año pasado y el 27 de abril. Se hacían dos marchas: una comenzaba frente al centro, ubicado en el cruce del paseo de Fabra i Puig y el de Valldaura, y terminaba en la sede del distrito de Nou Barris. “Posteriormente, los convocantes radicalizaron sus protestas”, dice el documento, cortando “por casi 20 minutos” la Ronda de Dalt con su marcha, en el tramo entre la plaza de Karl Marx y la salida 3 de la Ronda, que da acceso a la Via Favència. Estas manifestaciones se hacían sin ningún tipo de notificación.

Durante las dos horas que duraba cada protesta se generaban “graves problemas de tráfico”, según el documento, que habla también de “colapso circulatorio” en el caso de los cortes de la ronda y afectación en un gran número de líneas de autobús de la ciudad.

Pero lo más grave, según el texto, fue el impacto que las marchas tuvieron sobre el “normal desarrollo de la movilidad” de pacientes hacia el hospital San Rafael, del complejo sanitario de Vall d’Hebron; un parque de bomberos, y el centro sanitario Staurus. “Nunca hemos bloqueado el paso de una ambulancia o vehículo de emergencias”, se defienden los vecinos. “Y la clínica infantil Staurus dejó de funcionar hace dos años”, añade Rodrigo.

El instructor del expediente sostiene que la sanción debería ser “superior al mínimo previsto por la normativa [300 euros] por considerar que, “además de que las manifestaciones no estaban notificadas, causaron una afectación grave del tráfico público y privado, y afectaron al funcionamiento de servicios públicos como hospitales y centros de emergencias”, reza el informe. El escrito abre, pues, la puerta a que la sanción impuesta pueda ser la máxima: 30.000 euros.

Los vecinos han tenido la oportunidad de hablar con el consejero de Interior, Felip Puig, sobre la sanción que les atemoriza. Hace dos semanas se reunieron de manera oficial. Según una portavoz, Interior estudiará “las alegaciones de los vecinos con detalle”. En una ocasión, Puig y los vecinos se encontraron en un acto en el barrio. Gonzalo Rodrigo asegura que el consejero les dijo que había que “quitarle ceros a la multa”. “Felip”, contestaron los vecinos, “nosotros no queremos que nos quites los ceros de la multa, queremos que nos quites el tres”.

Los vecinos del distrito barcelonés de Nou Barris lo han intentado todo estos últimos ocho meses para recuperar las urgencias nocturnas del CAP. Recogieron más de 12.000 firmas en contra de la medida, enviaron 300 cartas de reclamación y hasta algunos acamparon durante tres meses en las instalaciones del centro. Tanto en el Ayuntamiento como en el Parlament han salido adelante mociones que exigen la apertura del centro. Una portavoz de Salud explicó que hay cuatro meses para estudiarlas. El Ayuntamiento, por su parte, se comprometió a buscar nuevos itinerarios de autobuses para mejorar la conexión, algo complicado teniendo en cuenta los malos momentos por los que pasa Transportes Metropolitanos de Barcelona. “Poner un médico y una enfermera entre las ocho de la noche y las ocho de la mañana es más sencillo que poner en marcha una nueva línea de autobús”, aventura Rodrigo.

El 24% de los vecinos de Can Peguera, Verdum, Roquetes, Canyelles y la Guineueta son adultos mayores. Sentados en las terrazas, bajo el calor estival, recuerdan lo duro que fue construir su barrio. “No es un tema solo de Nou Barris. Somos más que un grupo de gente mayor en lucha por un CAP. Esta es una lucha que ejemplifica lo que está pasando en toda Cataluña. En septiembre habrá más movilizaciones”, anuncia Rodrigo.