Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
caso de los ere

La Junta detecta 200 irregularidades en los ERE

El Gobierno reclama 12 millones de euros a beneficiarios de ayudas y deja de pagar otros 14

Daniel Rivera, a la entrada de los juzgados de Sevilla el pasado mes.
Daniel Rivera, a la entrada de los juzgados de Sevilla el pasado mes.

La Junta de Andalucía ha revisado, como consecuencia de la investigación por los ERE falsos, 325 ayudas sociolaborales y ha detectado, hasta el 12 de junio, 200 con irregularidades, lo que ha supuesto la reclamación de 12 millones de euros a sus perceptores y dejar de pagar otros 14 millones. Así se recoge en un informe que el ex director general de Trabajo Daniel Rivera entregó a la juez que investiga los ERE con motivo de su declaración como imputado, el pasado 12 de julio.

Dicho informe indica, además, que hasta la misma fecha la Junta había iniciado la revisión de 191 ayudas a empresas, ayuntamientos y consultoras con cargo a la partida 31L o “fondo de reptiles”, por un importe total de 106.191.283 euros, correspondientes a un crédito total comprometido de 135.068.340 euros.

Rivera explica que la Junta ha revisado 325 expedientes de ayudas sociolaborales, de los que 281 habían ya concluido en su primera fase y 44 estaban en trámite de alegaciones.

De los concluidos, 200 presentaron algún tipo de irregularidad porque el perceptor no tenía ningún derecho o simultaneaba esta percepción con trabajos remunerados o con incapacidad permanente, 71 eran correctos y “se han resuelto favorablemente para las personas interesadas”, uno terminó con revocación, cinco con archivo y cuatro se remitieron a una revisión de oficio.

Precisa el informe de Rivera que las cantidades “reintegrables” a la Junta por lo “indebidamente abonado” a esos trabajadores asciende a 12.823.637 euros, cantidad a la que deben unirse los 14.725.868 euros que la Administración ha dejado de abonar en esos expedientes. Hasta el 12 de junio, en 105 informes, la Junta había iniciado la fase de reintegro y las cantidades reclamadas ascendían a 9.960.169 euros.

La juez Mercedes Alaya mantiene imputados por los ERE falsos a 60 personas entre intrusos que nunca trabajaron en las empresas beneficiarias, cinco ex altos cargos de la Junta, abogados y mediadores en los expedientes.