Hallados en Gualchos los restos de 11 fusilados tras un tiroteo con maquis

De nuevo la tierra ha guardado la verdad. La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH) ha confirmado el hallazgo de una fosa común donde el franquismo enterró a 11 personas asesinadas y a las que acusó falsamente de ser "bandoleros". Uno era guerrillero de la resistencia; el resto, entre los que se encontraban dos adolescentes y una embarazada, víctimas del terrorismo del Estado franquista en 1947.

El trabajo del historiador José María Azuaga a partir de investigación documental y testimonial llevó a la asociación memorialista hasta el lugar exacto de la fosa común donde el régimen de Franco intentó ocultar sus crímenes. Tras un mes de excavaciones, han hallado ya restos de dos cuerpos donde se encuentran, al menos, nueve cadáveres más de represaliados.

Llévense dinamita y gasolina. No quiero detenidos. Orden de Madrid

Estos crímenes han cumplido este mes de agosto 65 años. Lo detalla Azuaga en su libro de próxima publicación Granada-Málaga: represión, resistencia y guerrilla (1939-1952), donde se pone de manifiesto la importante labor de resistencia contra la dictadura en Andalucía. Sus actuaciones llevaron hasta Granada al jefe de la Guardia Civil Julián Lasierra, cuya crueldad será determinante en este y otros sucesos.

El origen de la matanza es la detención de un joven por un robo en una casa rural. Tras los interrogatorios de los agentes, el sospechoso termina señalando a un colaborador y asegurando que hay guerrilleros en el cortijo de Pablo Martín, conocido como Paulo, en Los Tablones.

En ese lugar se presenta durante la madrugada del 31 de julio con un numeroso grupo de la Guardia Civil el teniente Francisco Morales Rodríguez. Pablo Martín se niega en principio a facilitar el acceso, pero cuando abre se entabla un tiroteo en el que muere este, Serafín Lorenzo de Cara y Francisco Frías López. Sobrevive el maquis Antonio Fernández Ayllón, que será detenido y fusilado poco después con los otros 10 represaliados

La violencia del régimen era mucho mayor, intencionada y planificada desde arriba. El único objetivo era sembrar el terror José María Azuaga, historiador

En la refriega, de la que se ven obligados a huir guerrilleros que intentaron auxiliar a los vecinos que se encontraban en el cortijo de Paulo, resulta gravemente herido el agente que dirige el asalto, quien muere finalmente en Granada. “Llévense dinamita y gasolina. No quiero detenidos. Orden de Madrid”. Fueron las palabras de Lasierra que desencadenaron la matanza de Gualchos y que demuestran, según Azuaga, que “la violencia del régimen era mucho mayor, intencionada y planificada desde arriba”.

Sin juicio, sin investigación y con el “único objetivo de sembrar el terror”, señala el historiador, la Guardia Civil detiene el último día de julio a Manuel Rubiño y a su esposa Juana Correa, embarazada y con un hijo enfermo de sarampión al que se ve obligada a dejar. Rubiño forma parte del PCE y, pese a la evidente amenaza para su vida y la de su familia, según relata Ernesto Rosales, responsable de exhumaciones de la AGRMH, no delata a ningún miembro del partido, lo que permite seguir a sus compañeros con la actividad política cinco años más.

Manuela Correa y Pablo Martín, de unos 16 años, esposa e hijo del fallecido horas antes en el cortijo durante el tiroteo con la Guardia Civil también son detenidos. Como Emilio García, Juan Moreno y su hijo Manuel —dos agricultores que estaban arando—, Manuel Castillo —que intenta huir— y los dos jóvenes acusados de robo: Francisco Correa y Cecilio Moreno.

En las primeras horas del 1 de agosto, en el cruce de la carretera entre Motril y Gualchos con Lújar, fueron asesinados y rematados posteriormente, como demuestran los tiros en la cabeza de los primeros cráneos encontrados. Para tapar el crimen, los agentes colocan armas viejas y balas sin explosionar. La versión oficial: eran bandoleros que no respondieron al alto de la guardia civil.

Pero la asociación memorialista granadina, a instancia de dos familias de víctimas deseosas de sacar a la luz la verdad y con una ayuda de 45.800 euros del antiguo Ministerio de Presidencia, ha conseguido “conocer la verdad”, según Francisco Vigueras, vicepresidente de la AGRMH. “Cada fosa abierta cierra heridas. Es una cuestión de derechos humanos, además de una labor de documentación histórica importante. Tenemos que conocer la verdad”, concluye Vigueras