La gran subasta de propiedad municipal

El Ayuntamiento de Madrid continúa deshaciéndose de patrimonio municipal para obtener ingresos extra. Si hace unas semanas anunció que sacaba a subasta siete inmuebles que suman más de 10.000 metros cuadrados, ahora vende solares municipales, entre ellos la sede de Urbanismo o parcela APR 05-06. En un principio se valoró en 75 millones, con la posibilidad de que pudiera llegar a 100. Finalmente, se rebajan las expectativas y se saca al mercado por 65. En total, el Consistorio quiere desprenderse de cinco terrenos de propiedad pública con los que espera obtener 79 millones, con lo que el grueso de los ingresos se esperan de la venta de Urbanismo.

El edificio actual, que no está protegido y se derribará, ocupa una parcela calificada de uso residencial en el área de planeamiento remitido (APR) de 14.190 metros cuadrados situada entre las calles de Guatemala, Alfonso XIII, Paraguay y Puerto Rico, en el distrito de Chamartín. El plan parcial aprobado recientemente establece una nueva parcela edificable de 9.190 metros cuadrados para desarrollar 32.000 metros cuadrados de edificabilidad. En el resto, acogerá una zona verde de uso público de 4.500 metros cuadrados, un eje arbolado y 500 metros cuadrados de nuevo viario. Los funcionarios que trabajan allí se trasladarán al edificio Apot, de alquiler.

El presupuesto base de licitación asciende a 65 millones de euros. La forma de adjudicación será, según el anuncio del BOCM, la "oferta más ventajosa para los intereses municipales". El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publica este martes otros tantos anuncios en los que hace pública la convocatoria para la adjudicación de la "enajenación" de las parcelas.

El resto de los terrenos se encuentran en los distritos de Chamberí, Vicálvaro, Tetuán y San Blas. Otra de las parcelas que forman parte de este lote se identifica como A del APE (área de planeamiento específico) 07.05, "Palafox", en el distrito de Chamberí y también de uso residencial, en concreto, en categoría de vivienda unifamiliar aislada. En este caso, el presupuesto base es de 4,7 millones de euros. Por un terreno en el Desarrollo del Este- El Cañaveral, calificado de uso residencial para la construcción de vivienda de protección pública de precio limitado, en el distrito de Vicálvaro, el Consistorio espera obtener 2,7 millones de euros.

La oferta en el distrito de Tetuán es una parcela en la calle Palmera, 21, calificada de uso residencial libre, "en régimen de vivienda colectiva y/o compatibles", en el barrio de Almenara. El precio de licitación es de 703.000 euros. Finalmente, el quinto solar es la parcela municipal D del APE 20.20 Norte Torre Arias, en el distrito de San Blas, calificada de uso terciario, por el que el Ayuntamiento espera reunir 6,1 millones de euros.

La dependencia municipal que tramita los expedientes es la Subdirección General de Patrimonio del Suelo del área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. La fecha límite de presentación de las ofertas es el 20 de septiembre próximo. 

El Consistorio aprobó el 28 de marzo pasado un Plan de ajuste con múltiples medidas para "mantener la estabilidad presupuestaria". Una de ellas consistía en elaborar un Plan de gestión patrimonial que permitiera al Gobierno municipal saber exactamente qué uso se está dando a los edificios en propiedad y a los alquilados para determinar de cuáles se puede prescindir. Como primera decisión, el Ayuntamiento acordó vender siete inmuebles, de los que colgó en su web extensas y detalladas descripciones.

El Consistorio aprobó el 28 de marzo pasado un Plan de ajuste con múltiples medidas para "mantener la estabilidad presupuestaria"

Botella anunció su intención de "enajenar" inmuebles municipales por subasta pública el 15 de marzo pasado. No preciso cuándo ni cuánto dinero iban a poder ingresar las arcas municipales con esta operación. Tampoco lo hizo cuando anunció la venta de los siete inmuebles, pero pocas semanas después se supo, por ejemplo, que el mejor edificio, en Recoletos, que albergó la Concejalía de Medio Ambiente que dirigió la propia Ana Botella, salía a subasta por 28 millones de euros.

La decisión de desprenderse de patrimonio contrasta con la opinión que mantuvo el ex delegado de Hacienda con Alberto Ruiz-Gallardón, Juan Bravo, que hace no demasiado tiempo -año y medio- aseguraba que no era el momento para vender patrimonio público. "No hay mercado a precios razonables", afirmó, y habló incluso de "malvender".