La patronal alavesa pide un “marco legal estable” para atraer inversores

“Imaginaros una empresa afectada por las vacaciones fiscales, una multinacional que tiene la sede en Estados Unidos. Es muy difícil explicarle a ese señor de Estados Unidos que tiene que devolver no sé cuántos millones de euros porque una norma a la que se acogió en su momento, perfectamente legal, resulta que ahora la han declarado ayuda de estado y ahora tiene que devolver todo lo que de algún modo dejó de pagar, si queremos ser un territorio atractivo para las inversiones, lo que cualquier inversor te va a reclamar es seguridad jurídica”. El secretario general de SEA empresarios alaveses, Juan Ugarte, ha pedido esta mañana a las instituciones alavesas, durante la presentación del último barómetro empresarial de esta patronal, un “marco legal estable”, un “blindaje normativo” para que no se vuelvan a dar situaciones de “debilidad” como la devolución de las conocidas como vacaciones fiscales. Ugarte ha señalado que se está trabajando “caso por caso” para “encontrar una solución para este problemón”.

Asimismo, ha augurado un “otoño con bastante conflictividad” y ha criticado que “con huelgas generales [como la convocada por los sindicatos abertzales para septiembre] no arreglamos nada”. Ugarte ha realizado estas declaraciones tras describir la situación de las empresas alavesas como “preocupante” y “muy delicada”, mientras que ha tachado de “insostenible” la de la economía española. El director adjunto del SEA, Aitor Otaola, ha desgranado los datos que llevan a esta conclusión, que esbozan un panorama que ha “empeorado con respecto al ya crítico informe de marzo”: 25 puntos más de empresas cuyo mercado está en recesión –alcanzan ya el 69% del total de la provincia-, situándose muy cerca de los peores momentos de la crisis, en verano de 2009; solo el 7% de las compañías alavesas está utilizando el total de su capacidad productiva, el nivel de pedidos es débil para el 76%, el 66% tiene una facturación inferior al mes de julio del año pasado –los peores datos se registran en construcción y madera-, el 31% tiene muchos problemas para acceder a créditos que les permitan realizar inversiones y el 36% los tiene para circulante.

El acceso a la financiación, la principal demanda a las administraciones 

En general, más de la mitad de las empresas prevé cerrar este ejercicio con resultados peores que los de 2011 –en el sector de la construcción el porcentaje se eleva al 88%.

Ugarte ha resaltado especialmente que, pese a estas negativas cifras, el 67% de las más de 200 empresas consultadas asegura que en la actualidad va a mantener o aumentar su plantilla -65% y 2% respectivamente-. Sin embargo, no ha mencionado que, preguntados por las previsiones para los próximos meses, baja el porcentaje de compañías que confían en mantener plantilla –del 65% al 54%-, con un trasvase de empresas al lado de quienes esperan una disminución, ya que frente a aquellas que van a reducir su plantilla en la actualidad, el 33%, en los próximos meses prevén hacer lo propio el 43%.

El dato positivo vuelve a llegar de la mano de las empresas exportadoras. El 35% de aquellas que acuden al mercado internacional han aumentado sus ventas, frente al limitado aumento del 13% de aquellas que operan en España. El 73% de estas últimas pierde ventas, mientras que entre las exportadoras la caída en este ámbito se reduce al 24% de las compañías.

Entre las demandas a las administraciones públicas, los empresarios alaveses piden que se les facilite el acceso a la financiación (66%), una reducción de la fiscalidad empresarial (49%) y un recorte del gasto público y una delimitación del déficit (46%). Ugarte ha enumerado cuatro peticiones: la exigencia a las instituciones que dejen al margen sus diferencias para generar confianza, la petición de que se palien las restricciones de financiación y la puesta en marcha de medidas que estimulen la actividad económica, así como que se impulse la “paz social”.