Calparsoro archiva la investigación sobre las irregularidades de Justicia

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha decidido finalmente archivar la investigación abierta por el supuesto fraude de 23 millones de euros detectado en la informatización de varios juzgados entre los años 2000 y 2009. A través de un decreto comunicado hoy, el máximo responsable del Ministerio Público en Euskadi considera que no se ha producido una malversación de caudales públicos ni tampoco un delito de prevaricación administrativa. Su decisión supone un duro varapalo para la actual consejería, que reveló las supuestas irregularidades.

Tras dar a conocer el caso ante la opinión pública, la consejería remitió en febrero a la Fiscalía las pruebas del supuesto fraude. Fue finalmente Calparsoro quien asumió la investigación. Durante casi seis meses ha tomado declaración a miembros del departamento actual y de los anteriores, así como a peritos y representantes de las empresas presuntamente beneficiadas por los contratos. La viceconsejera de Justicia y responsable del informe sobre las irregularidades, María Victoria Cinto, cerró el viernes la fase de testimonios con siete horas de declaración.

Tras escuchar a todas las partes implicadas, Calparsoro ha resuelto el archivo del caso, al considerar que no procede su traslado a los tribunales. En su decreto argumenta que “no se han acreditado hechos constitutivos de delito”. No obstante, valora el “encomiable” esfuerzo realizado por la consejería para lograr un control exhaustivo del uso de los recursos públicos puestos al servicio de la Administración de Justicia.