Los actuales juzgados mantendrán su uso tras la nueva demarcación

La crisis aprieta y la óptima utilización de los recursos disponibles se impone. Sobre todo, en un escenario judicial que hunde sus raíces décadas atrás y reclama con urgencia una revisión. Junto a la nueva oficina que funciona ya en la mayor parte de Euskadi, se antoja necesaria también otra demarcación. En esta línea, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteó en mayo una propuesta para reducir a seis los 14 partidos actuales, aunque su aplicación no conllevaría la desaparición de los actuales juzgados. La pretensión la analiza ya con detalle el Gobierno central, sobre el que recae la decisión última de aplicar una reforma cuyo proyecto dará a conocer en octubre. El debate está sobre la mesa.

Elaborado como propuesta para el conjunto de España, tras los cambios sociales y demográficos habidos desde que la actual demarcación se implantó en 1988, el estudio del CGPJ contempla la reducción de ocho partidos judiciales en Euskadi. En Álava se eliminaría el de Amurrio, que pasaría a fusionarse con el de Vitoria. En Gipuzkoa se unificarían los de San Sebastián e Irún, por un lado, así como los de Eibar, Tolosa, Bergara y Azpeitia, por otro. En Bizkaia, finalmente, se integrarían Bilbao con Getxo, Barakaldo con Balmaseda y Durango con Gernika. Los actuales juzgados, en cualquier caso, no desaparecerían. Los más modestos mantendrían su servicio como subsede de la circunscripción resultante.

La fusión de partidos judiciales, según el propio CGPJ, facilitaría la especialización de los magistrados, al permitir la separación de jurisdicciones, y una mayor agilidad en la tramitación de los procesos. Necesidades, ambas, que se contemplan como imprescindibles para hacer frente a la saturación que soportan los tribunales debido al incremento de la litigiosidad. Como requisitos, el órgano de gobierno de los jueces se ha marcado circunscripciones con más de 100.000 habitantes y un mínimo de ocho juzgados, lo que ha determinado un escenario de seis únicos partidos en Euskadi. En el conjunto de España, se prevé reducir los 431 actuales a menos de 200.

El Poder Judicial, en realidad, no tiene capacidad para impulsar los cambios. Su iniciativa no es más que una propuesta, a petición del Congreso, aunque con ella pretende influir en la decisión final de un Gobierno central que no termina de aplicarlos. La necesidad de un nuevo mapa judicial quedaba ya recogida en el denominado pacto de Estado para la reforma de la Justicia que se firmó en 2001. Su aplicación, no obstante, se ha ido retrasando año tras año, con los sucesivos Ejecutivos. Tras el último relevo en La Moncloa, el CGPJ no ha dejado pasar la oportunidad de adelantarse al Gabinete de Mariano Rajoy y presionarle para que las modificaciones previstas no queden en el olvido ni pasen a un segundo plano ante la crisis económica.

El Superior remitirá en septiembre sus impresiones sobre la reforma del CGPJ

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no tardó en marcar distancias con el CGPJ tras conocer un planteamiento que, según dijo, “no expresa el deseo del Gobierno”. El trabajo realizado, no obstante, puede servir de guía. El Ejecutivo dará a conocer en octubre el proyecto que impulsará gracias a su mayoría, en el que trabaja ya una comisión de expertos.

A falta de conocer la posición del Gobierno, la reforma propuesta por el Poder Judicial no ha dejado insatisfecha a la sala de gobierno del Tribunal Superior. La cúpula de la judicatura vasca coincide con las líneas generales planteadas, al abogar por la especialización judicial y defender la funcionalidad de los actuales palacios de justicia. No obstante, disiente de la nueva distribución de partidos prevista para Gipuzkoa, al entender que dos no son suficientes para un territorio pequeño en extensión, sí, pero donde la orografía complica los sistemas de comunicación y el acceso de no pocos ciudadanos a los tribunales.

Desde el órgano de gobierno de los jueces han planteado al Superior vasco una respuesta oficial a su planteamiento, con la que aspiran a introducir mejoras en su proyecto. Desde Euskadi se ha puesto en marcha una ponencia para estudiar con detalle la propuesta. En septiembre se enviarán las conclusiones al Poder Judicial.