El Constitucional tumba el plan de Aguirre para construir la R-1

El fallo del tribunal obliga a la Comunidad a llegar a un acuerdo con el Ministerio de Fomento

Vista aérea de la R-3, que discurre entre Madrid y Arganda del Rey.
Vista aérea de la R-3, que discurre entre Madrid y Arganda del Rey.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, tiene otro motivo para pedir la desaparición del Tribunal Constitucional, tal y como hizo tras la legalización de Sortu. El pleno ha dado la razón al anterior Gobierno, del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que la Comunidad de Madrid ha invadido competencias del Estado al iniciar la construcción de la autopista radial R-1 y el cierre de la vertiente norte de la M-50 al margen del Ejecutivo.

El Tribunal Constitucional ha dictado dos sentencias (el 24 de mayo y el 5 de junio) que traban la determinación de Aguirre de sacar adelante una autovía bautizada como RM-1, al concluir que se solapa con el trazado de la R-1 prevista por el Estado. Aguirre justificó que ninguna de las dos obras estaba incluida en los planes del Gobierno.

Más información

Los magistrados la conminan ahora a llegar a un acuerdo con Fomento, que es quien, según el tribunal, debe promover su construcción. “Quien lo puede hacer es el Gobierno central, pero en estos momentos estamos negociando con el Ministerio de Fomento un convenio, por lo que la Comunidad se hará cargo del proyecto”, explica un portavoz de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. En su opinión, la decisión del Tribunal Constitucional no supondrá un problema para la obra, cuya finalización está prevista para antes de 2016.

La sentencia, que tumba todos los argumentos de la Comunidad, afirma que la carretera proyectada por Aguirre no constituye realmente, ni por su naturaleza, itinerario o funcionalidad, algo distinto de la R-1. Toma en consideración un estudio elaborado por Fomento para concluir que la nueva autopista coincide sustancialmente con el proyecto del Estado, que discurre por el territorio de Madrid y de Castilla y León. “Por ello, aun cuando el anteproyecto de construcción y explotación que la Comunidad saca a licitar se refiere a una carretera que transcurre solo por territorio intracomunitario, al haber sido declarado de interés general por el Consejo de Ministros el itinerario de la R-1 (Madrid-Santo Tomé del Puerto), la nueva carretera R-1 es una parte del itinerario del Estado, por lo que este es el único competente para elaborar los estudios previos a su construcción”, asegura el Constitucional en su sentencia de mayo.

Los informes de Fomento demuestran, según la sentencia, que el trazado recomendado por el Estado para la R-1 discurre sobre el mismo corredor que la actuación a la que se refiere la Comunidad de Madrid (nueva carretera R-1. Tramo El Molar-M-12). “Por lo que resultarían incompatibles y redundantes las dos carreteras, pese a su distinta denominación”, concluyen los magistrados.

El Constitucional también enmienda la plana a la defensa de la Comunidad al considerar que el cierre de la M-50 y la construcción de la R-1 es competencia del Estado. “El desinterés que el Estado pueda mostrar en la construcción a medio plazo del proyecto de cierre de la M-50, al no haber incluido el mismo en el plan estratégico de infraestructuras y transportes de 2005 a 2020, no puede ser invocado por la comunidad autónoma para arrogarse una competencia que no le pertenece”, indican los magistrados.

No obstante, los jueces abren la puerta a la colaboración entre ambas Administraciones: “Aunque es cierto que estamos ante una materia que resulta especialmente idónea para el establecimiento de fórmulas de colaboración, no hay que olvidar que el establecimiento de fórmulas de colaboración entre las comunidades autónomas y el Estado requiere el mutuo respeto de las respectivas competencias, que son irrenunciables, en el marco establecido por la Constitución y los Estatutos de autonomía”.

El Ejecutivo regional anunció en marzo que la construcción de la RM-1 costaría un 30% del precio previsto por el Gobierno central, que pretendió hacerla por 200 millones de euros. La obra se iniciaría en régimen de explotación, lo que significa que quien la construya podría explotarla a cambio de un peaje.

La determinación de Aguirre de seguir adelante con la RM-1 contrasta con la crisis estructural que sufren las otras radiales madrileñas.

De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy busca nuevas fórmulas de rescate para estas infraestructuras, después de que hace dos años Zapatero les concediera un préstamo ventajoso para que pudieran proseguir su actividad.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Logo elpais

Ya no dispones de más artículos gratis este mes

Suscríbete para seguir leyendo

Descubre las promociones disponibles

Suscríbete

Ya tengo una suscripción