El Plan General de Almería acumula cinco años de retraso

Cinco años después de la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almería nada más se ha vuelto a saber del proyecto de ciudad que prevé el equipo de gobierno municipal (PP). El hermetismo en torno a este documento que marcará las claves del futuro urbanístico de la capital durante varias décadas es máximo. El Ayuntamiento anunció hace justo un año que estaba en disposición de presentar el Plan General para su aprobación provisional después de un largo proceso de modificación para adaptarlo a las normas andaluzas de rango superior, entre ellas el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Es la única capital andaluza que aún no lo ha hecho.

El PGOU “ha costado ya casi tres millones de euros” a Almería, calcula Joaquín Jiménez, concejal socialista. Es lo que costó su redacción sin modificación, labor que todavía llevan a cabo los funcionarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

La oposición nada sabe del Plan General, proyecto que fue muy discutido hace cinco años. “No tenemos conocimiento de qué se va a hacer”, reconoce Rafael Esteban, portavoz de IU, quien aconseja aprovechar “el parón inmobiliario” para debatir con calma el documento y, sobre todo, “que la ciudadanía sepa lo que se va a hacer”.

Los dos partidos de la oposición coinciden en destacar que el PGOU es el “mayor fracaso político del PP”. Cuando se aprobó de manera inicial, Urbanismo estaba en manos del partido independiente Gial, con el que el PP gobernaba en coalición. Ahora el PP, que gestiona con mayoría absoluta, está revisando hasta el milímetro lo planteado con anterioridad. “El alcalde era el mismo antes y ahora, así que el fracaso es suyo”, señala Joaquín Jiménez, convencido de que los grandes convenios se reexaminan de manera pormenorizada.

Almería es la única capital que todavía no ha adaptado su plan al POTA

La implantación de El Corte Inglés en los terrenos que ocupa el colegio concertado La Salle, la construcción de un hotel de lujo junto al colegio Compañía de María o los fastuosos puentes sobre el río Andarax que unirían la vega con la urbe, son algunos de ellos. También hay dudas en torno al tranvía o el soterramiento. Sobre este último, el Ayuntamiento —ahora con el PP en el Gobierno central— ha reconocido que el proyecto original, firmado con el PSOE, es caro y que estaría dispuesto a conformarse con un soterramiento menos ambicioso y por el que se viene luchando desde hace 20 años.

Sin embargo, pese a lo misterioso del PGOU y su situación de inmovilidad, estas circunstancias no han impedido que el Ayuntamiento diera luz verde a varios planes especiales de reforma. Uno de ellos permitiría la construcción de dos torres de 15 plantas cada una en la zona norte de la Rambla, el corazón de la ciudad; una iniciativa abrazada hace más de 10 años.

Otro de ellos es el Plan Especial del Sistema General de la Red Ferroviaria que permitirá edificar en una pastilla junto al futuro soterramiento y estación. Los terrenos, ahora en manos de una gran empresa constructora, pertenecían a Renfe, que los utilizaba como almacén de maquinaria. Con una edificabilidad de 175.000 metros cuadrados, los usos se repartirán entre vivienda libre (114.750 metros cuadrados), vivienda protegida (20.250 metros cuadrados) y uso terciario (40.000 metros cuadrados). Este plan especial ha suscitado una enorme polémica ciudadana, ahora que se enfrenta a su aprobación definitiva. Colectivos ciudadanos piden que el lugar, conocido como Toblerone debido a su forma triangular, se utilice como espacio público o, al menos, gran parte de él.