Los recortes de Fabra llegan a las instituciones de autogobierno

La Generalitat Valenciana, desde que la preside Alberto Fabra, es la avanzada, o el campo de experimentación, de las políticas del PP que lidera Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. La ofensiva a favor de redimensionar el Estado autonómico, que ha arreciado en los últimos tiempos al amparo de la crisis económica, encontró este viernes en Fabra a alguien dispuesto a dar un paso más. No dijo en qué consistirán, pero el jefe del Consell, que ya había expresado su intención de reducir el número de diputados en las Cortes Valencianas, anunció que propondrá la “reducción y redefinición” de instituciones y organismos del autogobierno como las sindicaturas de Greuges y de Comptes, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el Consell Valencià de Cultura (CVC), el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y el Comité Económico y Social (CES).

Son instituciones estatutarias que hasta ahora no han adoptado iniciativas para reducir gastos pero que este viernes, al menos en lo que se refiere al CJC y la AVL, expresaron oficiosamente el carácter “imprescindible” o “vital” de su trabajo.

Fabra hizo el anuncio en una comparecencia tras el pleno del Consell celebrado en el monasterio de La Valldigna, que aprovechó para hacer balance de su primer año al frente de la Generalitat, e insistió en la necesidad de conseguir “una Administración mucho más pequeña y adaptada a la situación”. El presidente de la Generalitat anunció que en el próximo debate de política general en las Cortes Valencianas, en otoño, propondrá a los grupos parlamentarios la “reorganización y reducción” de las instituciones estatutarias.

La idea, “en aras de la austeridad”, es “redefinir” esas entidades para “garantizar” su mantenimiento. Preguntado por el alcance de la reducción de los organismos, el presidente dijo que eso habrá que “negociarlo con el resto” de las fuerzas políticas. Y añadió: “Sin perder fuerza en las señas de identidad, tenemos que hacer un ajuste para garantizar su mantenimiento. Queremos seguir creyendo en la necesidad de mantener instituciones estatutarias y, por eso, tenemos que ajustar, como hemos hecho en el resto de la Administración y empresas públicas”.

El presidente prevé la supresión de 4.000 a 5.000 empleos públicos

La eliminación de dietas o remuneraciones, la reducción del número de componentes y el recorte en personal y funcionamiento son las opciones que baraja el Consell, que no pretende suprimir ningún organismo. Las seis instituciones, según informó Europa Press, cuestan a la Generalitat unos 20 millones de euros anuales.

Fabra centró su balance del primer año al frente del Consell en los esfuerzos para la reestructuración del sector público y los ajustes para hacer frente a la crisis económica, pero, aunque habló explícitamente del plan de reequilibrio acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no hizo referencia alguna a la petición de rescate al Gobierno central a través del Fondo de Liquidez Autonómico, que se produjo la semana pasada. Y eso que la Generalitat Valenciana fue la primera en acogerse al mecanismo, lo que desencadenó un auténtico movimiento sísmico en los mercados.

El jefe del Consell explicó que la remodelación del sector público empresarial y fundacional ha implicado la reducción de 46 a seis empresas, lo que supone un ahorro de 1.000 millones de euros, y la liquidación de 19 fundaciones. Fabra recordó que se han puesto en marcha expedientes de regulación de empleo (ERE) en el Instituto Valenciano de la Vivienda, la empresa de construcciones escolares Ciegsa y Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Y adelantó que se van a suprimir “entre 4.000 y 5.000 empleos públicos más”.

Tras insistir en que su compromiso es cumplir con el límite de déficit previsto en el plan de reequilibrio, del 1,5%, Fabra señaló que el índice alcanzado en el primer semestre, del 1,09%, permite ser optimistas. “Vamos por buen camino y a final de año vamos a estar en ese compromiso de no exceder el 1,5%”, auguró el presidente de la Generalitat. Después, en la rueda de prensa para informar de lo tratado en el pleno, el vicepresidente José Ciscar aclaró que no se puede multiplicar por dos la cifra del primer semestre, que desbordaría ampliamente el límite previsto, porque unas medidas de ajuste se adoptaron al inicio del año y otras en abril. “Son medidas progresivas y, según transcurre el año, los ahorros son más intensos”, explicó Ciscar.

El jefe del Consell vincula las ayudas a patronal y sindicatos a que se cree empleo

En su balance, el presidente Fabra insistió en reclamar una mejor financiación autonómica, el impulso del corredor mediterráneo y la llegada del AVE a Alicante y Castellón, pero, sobre todo, incidió en la difícil coyuntura económica y las medidas de ajuste. “No hemos parado de hacer cosas en un año en el que se nos exigía mucho”, dijo. “No hemos dejado de tomar medidas difíciles pero absolutamente necesarias”.

La idea más reiterada de su intervención fue lo que denominó la “cultura de los incentivos”, de la que puso como ejemplo que los miembros del Consell han vinculado sus salarios al cumplimiento de los objetivos de déficit, pero que aprovechó para advertir que, entre las medidas que se adoptarán se incluye la vinculación de las subvenciones a las organizaciones empresariales y sindicales para iniciativas de formación a “la consecución de resultados”. “Uno de los objetivos más importantes”, añadió, “es la creación de empleo”.

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, por su parte, anunció que la comisión interdepartamental creada para seguir la aplicación de medidas de ahorro en el funcionamiento de la Administración autonómica ha certificado que se ha conseguido rebajar 417 millones de gasto con 73 medidas de austeridad. El objetivo es llegar a un ahorro de 958 millones en 2012.