Una sentencia declara nulo por “mala fe” el ERE en la Casa de las Lenguas

Una nueva sentencia ha tumbado despidos realizados por la Generalitat en sus empresas públicas. En este caso, no solo echa atrás despidos, sino que declara nulo un expediente de regulación de empleo (ERE). La sentencia la firma la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y declara nulo el ERE que a finales de 2011 afectó a seis trabajadores del Consorcio Casa de las Lenguas, integrado por la propia Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. La sentencia, en la que los trabajadores han sido representantes por el Colectivo Ronda, atribuye "mala fe" a la actuación de la Administración, a la que acusa de "falta de negociación real" con los empleados, lo que convirtió el periodo de consultas con los trabajadores en "un mero formalismo de contenido únicamente informativo".

"El periodo de consultas no estuvo dotado del contenido mínimo que la ley impone", dice el texto, que llega a observar "mala fe" por parte del consorcio al haber "negado la posibilidad de negociar indemnizaciones", cuando, después, acabaron "ofreciéndolas a los trabajadores una vez iniciado el litigio, vaciando así de contenido el período de consultas". Por todo esto, los jueces fallan "declarar nula" la extinción de contrato, ante lo que la Generalitat, institución de la que dependía la ya extinta Casa de las Lenguas, deberá recurrir la sentencia o readmitir a los seis trabajadores. 

La Casa de las Lenguas se creó en 2005 y surgió del Fórum Universal de las Culturas de 2004. Inicialmente lo integraron la fundación del evento, la Generalitat de Cataluña, el Centro Unesco de Cataluña y tenía como objetivo "promover y facilitar la preservación, el uso y el desarrollo de las lenguas del mundo". Sin embargo, en diciembre de 2011 se inició su disolución, al considerarse "completamente insostenible" a raíz de la situación por la que pasaban las finanzas de la Generalitat y se formalizó un ERE por el que se extinguía el contrato a los seis trabajadores.

Esta sentencia llega después de la declaración de nulidad de una veintena de despidos realizados el año pasadon en el Incasòl. Los empleados tuvieron que ser readmitidos pero han sido incluidos en el ERE que ha afectado a 173 empleados y que se cerró hace un mes y que fue el primero presentado por el Gobierno catalán tras la reforma laboral. La Generalitat también ha presentado un ERE que afecta a 95 empleados de la empresa Gisa, y tiene la intención de despedir a un total de 1.400 empleados de empresas públicas.