El Supremo obliga a Rajoy a pagar 243 millones de deuda sanitaria

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a pagar 243 millones de euros a la Junta de Andalucía por errores cometidos en los cálculos de la financiación sanitaria en los años 2003 y 2004. Los jueces han dado la razón a la Consejería de Economía y Hacienda, que impugnó los importes de garantía de los servicios de asistencia sanitaria que el Ejecutivo central asignó a Andalucía esos dos ejercicios y que, según denunció la Junta y ha ratificado el Supremo, eran muy inferiores a los que por ley le correspondían a la comunidad.

La decisión, que puede suponer un balón de oxígeno para las cuentas autonómicas, la dio ayer a conocer el presidente de la Junta durante una de sus intervenciones en el Parlamento. José Antonio Griñán ilustró con estas dos sentencias del Supremo que la Junta ha batallado contra el Gobierno central cuando, como ahora, entiende que no le está aportando a Andalucía lo que le corresponde. Y los tribunales, añadió Griñán, empiezan a darle la razón.

Los dos casos sobre los que ha resuelto el Supremo corresponden a los dos últimos Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno de José María Aznar (años 2003 y 2004), aunque los primeros requerimientos del Gobierno andaluz y el cruce de recursos entre la Junta y el Estado se desarrollaron ya en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Economía fijó las cantidades en función de un PIB provisional

El conflicto entre las Administraciones partió por la aplicación de la ley 21/2001, que establece que las comunidades que asumieran la gestión de la sanidad pública percibirían en los tres primeros años (de 2002 a 2004) un incremento de la financiación cuyo porcentaje se ligaba a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) nominal a precios de mercado (PIB más inflación). Pero cuando llegó la cuantía correspondiente a 2003, y un año después la de 2004, la Junta entendió que el Gobierno aplicó un índice de crecimiento del PIB inferior al real.

El Gobierno andaluz se fue a los tribunales después de que el Ministerio de Economía rechazara los requerimientos de la Junta para que se corrigiera esta cifra. El asunto acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en un caso (el correspondiente a 2003) dio la razón a la Junta y en otro (el de 2004) al Gobierno central. El Supremo ha desestimado ahora el recurso del Estado sobre la primera sentencia y le da la razón a la Junta sobre la segunda.

En total, la decisión de los jueces supone que el Estado le debe a Andalucía 243,224 millones de euros. Para el año 2003, el Ejecutivo central solo consignó 65 millones a Andalucía para servicios sanitarios. El Supremo considera que, como reclamaba la comunidad, le correspondían 194,248 millones, por lo que a la comunidad se le deben 129,432 millones de euros. Para el año 2004, la diferencia entre lo que aportó el Estado y lo que por ley tenía que haber recibido Andalucía asciende a 113,792 millones.

El Gobierno rechazó los requerimientos de la Junta para que corrigiera las cifras

A estas cantidades, el presidente de la Junta sumó ayer otros 30 millones de euros que tendrá que pagar el Gobierno central en concepto de intereses, por lo que la cifra total se eleva a 273 millones de euros.

La reclamación de Andalucía se basó en que el Ministerio de Economía había fijado las cantidades que le tocaban a la comunidad cogiendo como referencia un índice de crecimiento del PIB que no era el definitivo y que se incrementó en posteriores revisiones. La Junta en su recurso empleó la cifra que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) para cada uno de esos ejercicios y los jueces le dan la razón.

"En el cálculo de magnitudes, la fijación definitiva de los valores del PIB corresponde al Instituto Nacional de Estadística", señalan los jueces en la sentencia correspondiente al ejercicio 2004. El tribunal sostiene que los últimos datos de la contabilidad nacional publicados en julio de 2006 (cuando la Junta formula el requerimiento al Gobierno central para que le pague más) por el INE "ponen de relieve" que la estimación del índice de incremento del PIB para el periodo de 1999 a 2004 realizada por el Ministerio de Economía y Hacienda (1,4143) "no se ajustaba a ellos", por lo que "y a falta de cualquier otro que demuestre el error de la cifra propuesta por la Junta", el índice de incremento del PIB nominal a precios de mercado era el 1,4437.