Chamizo pide expropiar a los bancos las VPO que no pongan a la venta

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha presentado una serie de documentos y propuestas ante el aumento de las quejas y de petición de ayuda a su institución de numerosos ciudadanos apremiados por los desahucios hipotecarios. Chamizo ha dirigido sendas misivas a la consejera andaluza de Fomento, Elena Cortés, a los 11 Colegios de Abogados de Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en las que les solicita su intervención para tratar de paliar el dramático aumento de los desahucios de viviendas y del incremento de la denominada “nueva pobreza” en Andalucía.

Chamizo requiere a la Junta de Andalucía para promulgue una norma que obligue a las entidades financieras a elaborar, “en un plazo determinado y perentorio, un inventario de las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública que, actualmente, se encuentren bajo su titularidad”.

Asimismo, el Defensor sugiere que la norma obligue a la puesta en venta de dichas viviendas protegidas y que se establezcan plazos máximos para su adjudicación, bien en régimen de venta o de alquiler, con preferencia a las familias que estén afectadas por procedimientos de desahucio o que, incluso, hayan sido ya desahuciadas de viviendas protegidas.

Chamizo llega incluso a proponer que se contemple la posibilidad de ejercer la facultad expropiatoria por parte de las administraciones autonómicas de aquellas viviendas protegidas que incumplan la obligación de ser ofertadas en el plazo que se establezca en la norma, posibilidad que contempla la ley de VPO. Y añade que “la valoración del inmueble sería muy inferior a la de referencia, según la legislación de VPO, ya que tendría la consideración de expropiación-sanción, como la figura similar existente en la legislación urbanística, por incumplimiento de la función social de la propiedad”.

Reclama a la FAMP servicios de asesoramiento jurídico para desahuciados

Chamizo agrega también que debería considerarse la posibilidad rebajar los precios de las viviendas protegidas en poder de las entidades financieras, reduciendo los precios máximos contemplados en la legislación de VPO, a fin de hacerlas más asequibles. “Ello, teniendo en cuenta el esfuerzo extraordinario que la sociedad española, en su conjunto, está realizando para facilitar el saneamiento del sector bancario”.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo andaluz se ha dirigido a los 11 Colegios de Abogados de Andalucía a fin de conocer si han puesto en marcha algún tipo de oficina de asesoramiento para aquellas personas que se ven inmersas en procesos de ejecución hipotecaria de su vivienda habitual.

Chamizo afirma que han detectado en sus intervenciones en caso de desahucio del “absoluto desconocimiento por parte de la ciudadanía de los derechos que le asisten como partes implicadas en un proceso judicial de ejecución hipotecaria”. Es por ello, por lo que propone la creación de servicios de asesoramiento e intermediación en el ámbito local, residenciados en los municipios de más de 50.000 habitantes o en las Diputaciones en caso de municipios menores, “con integración de los Colegios de Abogados, y la colaboración de los servicios sociales comunitarios y las entidades del tercer sector”. En la propuesta, los entes locales financiarían el servicio a aquellas personas “que, estando en situación de precariedad económica, no resulten beneficiarias del derecho de justicia gratuita”.