Bravo hará una “declaración sosegada” contra su condena de 11 años de cárcel
El exdirector de la Hacienda de Irún confirma que recurrirá la sentencia
José María Bravo, condenado a 11 años de prisión por ser el responsable del fraude de la Hacienda de Irún, se encontraba ayer en el hotel y spa Túnel del Hada, en Jerte (Cáceres), el negocio que regenta con Rosa Cobos, también penada con tres años y cuatro meses de cárcel por el mismo caso. Al mediodía atendió una llamada telefónica de EL PAÍS. No quiso conceder una entrevista para valorar el contenido de la resolución dictada este lunes en su contra por la Audiencia de Gipuzkoa, pero anunció, con una prudencia exquisita, que “en los próximos días” hará pública “algún tipo de declaración sosegada contra la sentencia”. “Hasta entonces no voy a hacer ningún comentario”, apostilló.
Es la primera vez que Bravo habla con un medio de comunicación tras saberse culpable del mayor desfalco cometido en la Hacienda guipuzcoana. El tribunal le hace responsable de apropiarse de 1,6 millones de euros que recibió de contribuyentes deudores entre 1990 y 2004 en lugar de ingresarlos en las arcas forales. La Audiencia le considera autor de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Bravo aseguró a este diario que va a recurrir la sentencia. “Obviamente, hay que recurrirla [ante el Tribunal Supremo] porque hay base jurídica para ello”, aunque no quiso desvelar cuáles serán las argumentaciones que va a plantear en casación. Tiene cinco días para presentar el escrito ante el alto tribunal. Durante el juicio, sostuvo en todo momento que no se embolsó un solo euro y que si las sumas de dinero no figuran en la contabilidad de la Hacienda es porque “no han buscado bien”.
Bravo: “Entiendo el interés, pero ya habrá tiempo de calificar el fallo y el proceso”
El condenado declinó expresar cuál era su estado de ánimo tras conocer la decisión de los jueces, ni realizar ninguna valoración de urgencia sobre la misma hasta estudiarla “en profundidad”. “Es una sentencia de más de 300 folios y, como comprenderás, todavía no me ha dado tiempo a analizarla a fondo. Además, tengo pendiente una conversación con mi abogado”, Jesús Urraza.
Iñaki Subijana, presidente del tribunal y ponente de la resolución, calificó los hechos como “severamente graves” y confió en que, a la vista de la repercusión social que ha suscitado este caso, la ciudadanía “sepa comprender el por qué de la decisión adoptada y sus fundamentos”. El tribunal tuvo que enfrentarse a un procedimiento “muy complejo”, de 15.000 folios de extensión. “La labor ha sido muy exigente. Hemos dedicado mucho tiempo, esfuerzo y muchas energías, pero ha sido una tarea colectiva compleja de la que estoy satisfecho”, manifestó en un programa de Radio San Sebastián. El caso Bravo ha sido “sin duda” el más relevante de cuantos se han visto en la Audiencia provincial “por la significación de los hechos” enjuiciados y porque estaba en juego “un asunto delicado e importante”, como es la forma en que se recaudan los impuestos que se utilizan para cubrir las necesidades de la comunidad.
Bravo prefiere guardar silencio al respecto: “Sin comentarios”, dijo tajante. “Entiendo el interés. Ya habrá tiempo de calificar la sentencia y todo el proceso. Ha habido demasiados titulares sobre mí sin que los haya dado yo. Cuando quiera dar el mío, lo sabréis”.
El presidente de la Audiencia considera “severamente graves” los hechos
El exdirector de la Hacienda de Irún, que antes de iniciarse la vista judicial propuso al fiscal llegar a un acuerdo consistente en pagar una pena de nueve años y devolver 1,9 millones, se enfrenta ahora a una condena superior. A expensas de lo que dictamine el Supremo, Bravo deberá estar 11 años en la cárcel —estuvo 16 meses en prisión provisional—, además de pagar una multa de dos millones y devolver 1,9 millones a la Hacienda foral. A su mujer, como partícipe en los hechos, se le imponen tres años y cuatro meses de reclusión y otros dos millones de sanción. Las acusaciones pedían para el principal acusado penas de entre 24 y 27 años de cárcel.
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