Los empleados de Aljaraque recaudan casa por casa para cobrar su sueldo

Casa por casa para poder cobrar la nómina. Los 320 funcionarios del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) más 95 empleados de empresas municipales se han visto obligados a recaudar los impuestos, casa por casa, para poder percibir su sueldo. El colectivo no cobra sus nóminas desde febrero pasado. Ante la asfixia económica que padece el Ayuntamiento de esta localidad, de unos 18.000 habitantes, el equipo de gobierno del PP ha tenido la idea de permitir a los empleados públicos recaudar los impuestos, como el de la contribución (IBI) o el de circulación de vehículos.

El gobierno local ha denominado “cesión de deuda” a esta medida que permite compensar los recibos, en principio, de familiares y de amigos. De esta manera, el funcionario recibe del contribuyente el dinero en metálico de los impuestos y un recibo que después deberá compensar en el Ayuntamiento. Una vez que se ha sellado el recibo, tiene que entregarlo, de nuevo, al particular que ha aportado el dinero.

Los funcionarios recelan de la legalidad de la medida: “Esta medida no se ha negociado con nadie y dudamos de su legalidad”, señaló Enrique Valle, representante sindical del CSIF. “Se supone que el 1 de septiembre tenemos que llevar los recibos al Ayuntamiento para realizar la compensación de la deuda del impuesto de contribución, pero tememos que cuando llegue el momento, se produzca alguna incidencia y no podamos justificar ante Hacienda ese dinero”, explicó Valle.

El dirigente sindical se preguntó de qué manera va a figurar en sus nóminas un dinero que han recibido en metálico de manos del contribuyente. “No tenemos justificación legal de que hemos percibido ese dinero”, incidió. La deuda municipal asciende a 24 millones de euros. Los funcionarios de Aljaraque no cobran desde febrero, pero, además, aún está pendiente la paga extraordinaria de julio, el cobro de las horas extras desde marzo de 2010, las ayudas sociales de 2011 y los planes de pensiones de 2009 y de la productividad de 2008, entre otros conceptos. “Esta situación es desesperante”, remarcó Enrique Valle.

Por su parte, el concejal de Personal y Seguridad Ciudadana, Pedro Llórquez, defendió la legalidad de la iniciativa: “Antes de autorizar la iniciativa hemos consultado su legalidad y podemos asegurar que es perfectamente legal, como lo garantizan el interventor y el secretario municipal”.