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La juez paraliza el desalojo de 300 inmigrantes en una nave del Poblenou

El Ayuntamiento de Barcelona planea construir en la zona edificios autosuficientes

Las 300 personas que ocupan el solar del número 127 de la calle de Puigcerdà, en el barrio del Poblenou, en Barcelona, respiran un poco más tranquilas desde ayer. Hoy tampoco serán desalojadas. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona ha anulado la orden de desalojo porque la denuncia que reclamaba esa medida se dirigía contra un grupo de inmigrantes que ya han abandonado el lugar.

El pasado viernes, los abogados de los inmigrantes subsaharianos que se dedican a recoger chatarra presentaron en el último momento un recurso para denunciar “el estado de necesidad real, grave y urgente” de sus defendidos, que fue aceptado por la magistrada, quien tomó declaración a uno de los inquilinos. El auto judicial dictado ayer reconoce que la actual ocupación es “un hecho diferente del que tenía por objeto la denuncia inicial”.

En 2011, la empresa propietaria de la nave, Fincas Riana, denunció por primera vez la ocupación. Quienes ocupaban la finca en ese momento fueron desalojados en agosto del año pasado, e incluso entregaron las llaves. En septiembre de ese mismo año, Fincas Riana presentó una nueva denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona. Los ocupantes de la nave ya no eran los mismos. Esta es la razón por la que la magistrada del juzgado número 5 —que había ordenado el desalojo el pasado lunes, día 16— anuló la orden, “por entender que es el Juzgado de Instrucción 24 el competente para resolver sobre cualquier incidencia relacionada con los hechos denunciados” el 15 de septiembre de 2011.

Los 300 inquilinos de este solar ocupado en el Poblenou han ganado la primera batalla, pero esto supone tan solo una prórroga para ellos, a la espera de lo que suceda con la segunda denuncia. Laia Serra, una de las abogadas de los inmigrantes, confía en que con esta nueva causa penal “la situación se desarrolle de forma diferente”. “Ahora es necesario identificar a los asentados, tomarles declaración y luego llevar a cabo las medidas cautelares correspondientes”, afirmó Serra.

La abogada confía en que “los propietarios den su brazo a torcer ahora que el desalojo no es inminente”, al contrario de lo sucedido en la última semana, cuando se negaron a dialogar para que ambas partes pudiesen llegar a un acuerdo.

En esta nueva denuncia, la intención de los abogados y las asociaciones defensoras de los habitantes de la nave es “encauzarla por el proceso de mediación judicial”, apunta Serra. “Proponemos una mediación multisectorial en la que participen propietarios, inmigrantes, vecinos, asociaciones y también el Ayuntamiento de Barcelona”, concluyó la abogada.

En el número 127 de la calle de Puigcerdà, el día transcurrió ayer como cualquier otro. Por la tarde, los vecinos, que se encontraron en una reunión improvisada dentro del solar, se abrazaban emocionados por la paralización del desalojo.

Los cerca de 300 inmigrantes continuaban con su vida diaria, aunque muchos reconocían que respiraban mucho más tranquilos. Amador, un senegalés con papeles que lleva 13 años viviendo en España, dice: “No somos un perro que puedes llevar de un sitio para otro. Aquí es donde dormimos, donde tenemos nuestras cosas, donde trabajamos. Si hubiésemos tenido que marcharnos hoy, nos habríamos ido a la calle”, afirmó.

El Ayuntamiento de Barcelona planea que este solar forme parte de uno de sus planes estrella: la construcción de islas autosuficientes, edificios con autonomía energética, más eficientes y sostenibles, informa Europa Press.

Fincas Riana estaría interesada en construir viviendas en su solar y hacerlo sometiéndose a los criterios de las islas autosuficientes. Aunque estos inmuebles estarán en suelo privado, una parte de ellos deberá destinarse a viviendas públicas, en cumplimiento de la ley.

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