No solo rescatados e intervenidos

Hemos sido los primeros. Tantas veces y durante tantos años nos han repetido los gobernantes autonómicos, con la inestimable colaboración de la alcaldesa Barberá, que los valencianos éramos los primeros de entre los primeros que, finalmente, y por una vez, han acabado teniendo razón. Porque, la petición de ayuda de la Generalitat al Fondo para la Liquidez para el rescate de las comunidades insolventes ha sido la primera en solicitarse. La incapacidad para hacer frente a los próximos vencimientos ha llevado a reclamar una ayuda que tiene como contrapartida ser financieramente intervenidos por el Ministerio de Hacienda. Dejando de lado la especialidad actual del PP de no llamar a las cosas por su nombre, a partir de ahora quien manda en la Generalitat Valenciana es Cristóbal Montoro, el ministro más histriónico y diría que más imprudente, de la democracia española.

Atrás, pues, quedan los sueños de pretender llegar a ser lo que no somos, ni falta que nos hacía, a golpe de evento, ciudades fantasma de todo tipo y condición u obras faraónicas que hoy son, dentro y fuera de España, ejemplo de desastrosa gestión pública. Con un agravante: que los responsables del desastre, impertérritos, perseveran en defender lo indefendible.

Ya se lo leímos hace unos meses a Francisco Camps, en una surrealista entrevista en la que se mostraba orgulloso de haber hecho una Comunidad Valenciana “fuerte, próspera, digna, moderna y leal a España”. Su orgullo es sólo el exponente de esa confusión total, y letal, de los gobernantes del PP valenciano. De José Manuel Vela a Carlos Fabra pasando por Rita Barbera todo el PP, quizá con la excepción de Alberto Fabra, se muestra satisfecho de una actuación que es causa de dónde estamos. Lo demostraba hace casi un año en EL PAÍS el consejero de Hacienda afirmando que “el déficit da igual. A mí lo que me interesa es renovar lo que tengo y emitir lo que tengo autorizado”. Y lo corroboraban hace poco los poderes fácticos de Castellón y Valencia. El primero declarando, contundente, en Envoyé Spécial, el principal programa informativo de France 2, que hoy volvería a construir ese aeropuerto sin aviones que ha dado la vuelta al mundo. Y la segunda autoproclamando en prensa el éxito de la última carrera de Fórmula 1 cuando se sospecha que sus efectos inducidos sobre la economía valenciana no cubren ya ni el canon anual.

Ni inteligencia ni habilidad

Hay que ser riguroso, sin embargo. La situación y su deriva de nuevos recortes no es sólo consecuencia del despilfarro del Consell. Ni de esa corrupción que parece formar parte intrínseca de la concepción del PPCV de la gestión pública con tantos cargos imputados a pesar de proclamar tolerancia cero. La situación a la que se ha llegado es también el resultado de que, como resumía el diario El Liberal hace casi un siglo, en economía, como en política, los problemas que no se resuelven por la inteligencia y la habilidad de los hombres de Estado se resuelven, a la postre, por sus propias internas energías.

Y aquí, no ha habido habilidad porque no ha existido inteligencia. En la política valenciana, también en la española, se ha consolidado un proceso de selección adversa, con lo cual en lugar de hombres de Estado, lo que hemos sufrido ha sido una gestión sin vuelo, ni siquiera gallináceo, plagada de amiguismo, de tics autoritarios y de represalias a los discrepantes. No ha habido inteligencia para tener la habilidad de establecer una agenda que fijara prioridades ancladas a los intereses generales. Por eso, por ejemplo, el victimismo sustituyó a la movilización transversal contra la discriminatoria e injustificable financiación por habitante que padecemos. Y por eso, una vez desaparecido el gobierno Rodríguez Zapatero, el lloriqueo lacrimógeno mendicante ha dado paso a la pleitesía y la inacción.

Falta además la otra parte de la identidad de la acción del PP: el asalto al Estado de las autonomías supuestamente en nombre de la eficiencia y la racionalidad. Estamos ante un deliberado proceso de recentralización en el que se pretende hacer aparecer a las autonomías como principales culpables de la gravísima situación económica. Y es completamente falso. Las disfunciones y los excesos han sido numerosos y la Comunidad Valenciana es exponente de ellos. Pero los ha habido a docenas también en la Administración central, (el despilfarro en el CGPJ —no sólo por Divar— es buen botón de muestra) y nadie cuestiona la existencia de sus organismos.

La crisis del Estado autonómico es la quiebra de un modelo de financiación no diseñado para soportar la crisis fiscal actual, esa que el ministro Montoro denuncia como si fuera otro el responsable de solucionarla. Si se defiende que sanidad y educación sigan siendo dos bienes preferentes, las comunidades deben mantener sus recursos. Si se quiere acabar con ellos, el camino más rápido es estrangularlas financieramente. Ese parece ser el objetivo del gobierno de Mariano Rajoy.

Jordi Palafox es Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Valencia.