La demora del plan general deja sin casas a 21 propietarios de Culleredo

Se llamaba Pepín y buscaba terrenos. A finales de los años noventa rondaba una céntrica parcela en la avenida de Rutis, Vilaboa, en el Ayuntamiento de Culleredo, que tenía 21 propietarios y seis viviendas antiguas. “El tal Pepín apareció por allí y me propuso una permuta, entregar la casa a cambio de una nueva”, recuerda A. C., uno de los afectados. El representante (Pepín) hacía los contratos en nombre de la promotora Naiguata, propiedad del empresario Manuel Gómez Landeira. “Iba y venía, le mandé corregir 10 o 15 veces el documento, yo no lo veía claro”. Pero al final él y el resto de los dueños accedieron.

El encaje previo a la operación fue el convenio que firmaron con el Ayuntamiento de Culleredo para agrupar las fincas y ceder una parte del terreno para un vial. A cambio, la promotora negoció incrementar la edificabilidad del solar en la revisión del Plan General que se cocinaba en 1998.

Las cesiones se realizaron con el compromiso de Naiguata de entregar las viviendas en los 30 meses posteriores a recibir la licencia de obras, que a su vez pediría en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del PGOM de Culleredo. Todo parecía encarrilado. El problema fue que la aprobación “inminente”, de la regulación urbanística sigue empantanada 14 años después.

Excepto dos propietarios, el resto no buscaron asesoramiento jurídico para protegerse de esta circunstancia y en los contratos cedían la propiedad libre de cargas sin aval, ni reserva, ni plazo de ejecución, ni condición resolutoria alguna que hiciese revertir los terrenos ante la inexistencia de un nuevo planeamiento. Sus casas fueron derribadas en el 2000 y valoradas en diez millones de las antiguas pesetas (60.000 euros), y ellos siguieron pagando el IBI, aunque en algún caso la promotora abonó alquileres de los pisos a los que se trasladaron las familias.

Una empresa del presidente de la patronal, Antonio Fontenla, prestó un millón de euros a la promotora y luego se quedó con los terrenos

La burbuja inmobiliaria creció como la espuma en un Ayuntamiento convertido en ciudad dormitorio de A Coruña, hasta que reventó. Mientras la parcela de Culleredo seguía vacía, las cuentas de Naiguata comenzaron a emitir señales de alerta en 2006, con pérdidas de 43.897 euros. Esa situación se agravó en los años posteriores hasta que en 2008 presentó patrimonio neto negativo, lo que colocó a la sociedad en quiebra técnica. “En esta situación pide un préstamo por importe tan considerable como un millón de euros pero no a un banco, sino a otra sociedad también en quiebra técnica como es Monelos Aparcamientos”, argumenta la demanda presentada por tres afectados que fueron a juicio.

Monelos Aparcamientos, una empresa del grupo que preside Antonio Fontenla, a su vez pilota la patronal gallega (CEG), concedió ese millón de euros a Naiguata que, y aquí viene el lío, le entregó como garantía los terrenos de Culleredo sobre los que no había edificado. No fue el único préstamo que solicitó a costa del solar: Naiguata obtuvo 2,9 millones con dos hipotecas en la CAM y el Banco de Galicia. Enseguida la promotora dejó de pagar el dinero a la empresa de Fontenla, que no esperó ni un minuto para ejecutar las garantías y quedarse con las fincas. Aunque Monelos también estaba en pérdidas cuando prestó el dinero, un portavoz señaló a este periódico que la operación no tiene nada de extraño. “Le hemos prestado dinero a otras empresas, desconozco las obligaciones que tenía Naiguata con los propietarios, nosotros nos adjudicamos el solar en las condiciones que figuraban en el registro, nos hubiese gustado que nos pagase la deuda, no quedarnos con un solar”.

En suma, los 21 propietarios se quedaron sin los terrenos, que han pasado a la empresa de Fontenla, y ven casi imposible que la promotora de Manuel Gómez Landeira cumpla con sus compromisos (no tiene actividad, ni números de contacto, y la gestoría que le presenta las cuentas no sabe nada). En la operación ven una jugada de lo más extraña para despojarles de sus derechos. “Se basaron en la buena fe”, asegura Ana Vieiro, una de las abogadas que lleva el caso.

Solo tres de los afectados fueron a juicio, que ganaron a medias. La juez atribuyó a la ausencia de Plan General la imposibilidad de que Naiguata ejecutase el acuerdo y la condenó a resarcir a cada propietario con 60.000 euros (que era la valoración inicial de los pisos). Pero curiosamente, la promotora pidió 20 días después de ese proceso, y antes de que se dictara sentencia, otro crédito de 960.000 euros aportando como garantía más fincas de esa parcela.