Las protestas por el crematorio de Carabanchel llegan a los juzgados

La oposición de los vecinos de Carabanchel a la instalación en su barrio del enésimo equipamiento funerario ha llegado a los juzgados. Un total de 22 vecinos han presentado escritos de denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por la construcción de un crematorio de cadáveres dentro del Cementerio Sur. El edificio, que cuenta con dos hornos crematorios con capacidad para incinerar hasta 16 cadáveres al día, ya está terminado y a la espera de recibir los últimos permisos para ser inaugurado. Lo ha construido la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, propiedad en un 51% del Ayuntamiento de Madrid.

Los vecinos alegan en el escrito, al que ha tenido acceso este diario, que la licencia municipal para construir el crematorio se ha otorgado "presuntamente de manera irregular" y enumeran una serie de cuestiones que consideran incumplimientos de la legalidad. Según detallan, el edificio incumple la legislación medioambiental y también la urbanística. Los escritos han llegado a la Fiscalía en dos tandas: la primera de 16 y una segunda de seis denuncias, todas con el mismo texto.

Las denuncias subrayan, en primer lugar, "la dificultad de acceso al expediente" y critican que las alegaciones que la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto presentó al anuncio de solicitud de licencia de instalación de actividad (publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 5 de noviembre de 2009) "no fueron respondidas".

Los vecinos alegan que el edificio incumple la legislación medioambiental y también la urbanística

Entre las irregularidades que denuncian los vecinos destaca que "no se respetan las distancias mínimas desde el foco de las emisiones contaminantes a edificaciones destinadas a alojamiento humano". En su opinión, la norma que debe aplicarse es la que establece que la distancia mínima debe ser de 500 metros, algo que recoge el decreto 2236/1974 de Policía Sanitaria Mortuoria, aún en vigor. "En el radio de 500 metros se encuentran el centro comercial Islazul, el polideportivo Francisco Fernández Ochoa, las cocheras de la EMT, el centro comercial Mercadona en fase de construcción...". Los vecinos señalan que a pocos metros más ya hay núcleos de población, colegios y una escuela infantil.

Los escritos de denuncian inciden también en la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto. En la primera autorización que concedió la Comunidad de Madrid -mediante resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental- "se describía que el edificio tendría una superficie de 200 metros cuadrados, cuando el proyecto de construcción es para un edificio de 800 metros", señalan los vecinos. "Al tratarse de un proyecto que no se ajusta a la DIA que trata de aplicar, supone la nulidad radical del procedimiento administrativo de otorgamiento de licencia", añaden.

Al proyecto de crematorio también le faltaría una autorización administrativa que otorga la Comunidad de Madrid, según los vecinos. Dado que la actividad de cremación de cadáveres humanos se considera "actividad potencialmente contaminadora del grupo B" requiere una autorización administrativa en la que se detalle los valores límites de emisión de contaminantes, entre otras cosas. Los vecinos aseguran que la Comunidad ha reconocido que el proyecto no cuenta con ese requisito. Este diario ha intentado durante tres días, sin éxito, que la Consejería de Medio Ambiente corrobore la falta de autorización administrativa.

Finalmente, las denuncias aseguran que el proyecto incumple el actual Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. El crematorio logró la licencia municipal tras alegar que era una ampliación de un edificio ya existente, pese a que es de nueva planta. Urbanismo avisó de que no podía autorizar un inmueble en el Cementerio Sur, porque las normas impedían construir, pero a los seis meses concedió el permiso.