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Cataluña reclama cambiar la ley para permitir la dación en pago

El Parlament aprueba por unanimidad una propuesta que enviará al Congreso

El pleno del Parlament ha aprobado esta mañana por unanimidad una proposición de ley para permitir la dación en pago a las familias que no puedan hacer frente al pago de una hipoteca, de manera que la entrega de la vivienda salde la deuda con la entidad bancaria. La propuesta se enviará al Congreso de los Diputados para su tramitación porque sería necesario reformar diversos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la derogación de un apartado de la Ley Hipotecaria.

La proposición de ley aprobada por el Parlament llega después de más de un año de trabajos en comisión, a partir de sendas iniciativas planteadas por ERC, ICV y Ciutadans que se tramitaron de manera separada, pero finalmente se integraron en una. Finalmente, todos los grupos han llegado a un acuerdo, han retirado las enmiendas y la propuesta ha obtenido 128 votos a favor.

Entre 2008 y 2011 se han producido en España más de 166.000 procesos de ejecución hipotecaria, 20.000 de los cuales en Barcelona. Solamente el año pasado se realizaron en Cataluña más de 11.000 procesos de este tipo, que en el 82% de los casos afectan a familias en las que hay menores de edad. De ahí la necesidad de adoptar medidas decididas para afrontar una realidad que cada día afecta a más ciudadanos, según han coincidido en señalar todos los portavoces parlamentarios, aunque con discursos distintos.

Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han acudido esta mañana a seguir el debate de una proposición en la que se prevén procedimientos extrajudiciales, entre los que se incluye la dación en pago, pero también otras medidas que garanticen la permanencia en la vivienda. En países como Francia y Bélgica, la entrega de la vivienda satisface la deuda con el banco y no se persigue al deudor después de esa entrega como ocurre ahora en España. 

La proposición de ley establece medidas para resolver el sobreendeudamiento vinculado a la adquisición de vivienda habitual y corregir el vacío legal actual. Así, por ejemplo, se limita a 30 años la concesión de un préstamo hipotecario y se prohíbe a las entidades financieras conceder hipotecas por un importe superior al 90% del precio de tasación de la vivienda. Otro capítulo de la propuesta regula algunas particularidades del procedimiento de ejecución hipotecaria en las viviendas de protección pública.

En las disposiciones finales de la proposición de ley se especifica el tratamiento fiscal que han de tener las daciones en pago para que no se agrave la situación económica de los morosos y se insta al Gobierno y a otras instituciones a garantizar la transparencia y equidad de las tasaciones a partir de la independencia de las empresas que las realizan.