El Gobierno explora si es viable llevar también al TC nuevos recortes

Los servicios jurídicos del Gobierno vasco ultimaron ayer un primer informe interno de valoración de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros. El análisis de esas medidas, y su obligatoriedad o no en Euskadi, fue iniciado el mismo miércoles, sobre la base de lo enunciado por el presidente del Ejecutivo central en el Congreso. Ayer se cerró, y el próximo lunes será sometido a un primer examen por el núcleo duro del Ejecutivo más inmediato al lehendakari, Patxi López.

El contenido del informe lleva incorporadas, según pudo saber EL PAÍS de fuentes solventes, todas las reservas y cautelas obligadas hasta que los acuerdos tomen carta de naturaleza con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Pero sí incluye ya unos primeros apuntes sobre los márgenes de actuación, nulos en cuestiones como el IVA y aparentemente escasos en casi todo el resto, que le quedaría en esta ocasión al Ejecutivo autónomo.

El Gobierno no descartaba ayer ninguna línea de respuesta, incluida la de preparar los recursos al Tribunal Constitucional que vea fundamentados y sobre todos los extremos que, a su juicio, resulten impugnables.

Los servicios del Ejecutivo cerraron ayer un primer informe

El Ejecutivo se considera además en la obligación de cumplir un mandato parlamentario, del que obtiene, según oficializó la portavoz, Idoia Mendia “el respaldo absoluto” de la Cámara para hacer frente a los recortes. Mendia citó expresamente el acuerdo reciente en el que el Parlamento pidió al Gobierno que no recorte las políticas públicas y que defienda el autogobierno.

A ese mandato considera haber respondido con los tres decretos ley anteriores del Gobierno Rajoy y, de ver resquicios razonables para una actuación por esa vía, algunas de las nuevas medidas podrían recorrer el mismo camino y convertirse en objeto de otro más. Con ello se elevarían a cuatro los contenciosos ante el TC entre ambas administraciones promovidos por el Gobierno vasco.

El primero, referido al decreto de 30 de diciembre que prohibió a las administraciones realizar aportaciones a las EPSV de los empleados públicos, ya fue tratado el miércoles en el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, en la comisión bilateral prevista legalmente antes de la formalizasen del recurso. Este es ya ineludible, porque el encuentro se saldó con un fracaso total y nulas posibilidades de entendimiento. Los otros dos, que atañen a los recortes en la asistencia sanitaria y al copago farmacéutico, y a los fijados en materia educativa, están pendientes del trámite de constituir y reunir esa comisión. Pero todo indica que ambos tienen también escasísimos visos de acuerdo y casi todas las papeletas para terminar en la interposición de sendos recursos de inconstitucionalidad. El motivo, siempre el mismo: la invasión competencia por el Estado de las previsiones del Estatuto de Gernika.

El núcleo duro de López decidirá el lunes si lo lleva al consejo el martes

De modo público, el Gobierno y todas las fuentes oficiales se encastillaron ayer en la espera a conocer el contenido del BOE para analizar “con detenimiento” la letra pequeña. El lehendakari, Patxi López, consideró las medidas de Rajoy como “el mayor tajo” en la historia mientras la portavoz, Idoia Mendia, informó de que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, pidió ya el jueves al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la reunión de la Comisión Mixta. En ella debe acordarse de modo bilateral “hasta qué punto son de aplicación en el caso vasco” las medidas, dijo. La portavoz aseguró que Euskadi compartirá “de modo responsable” los objetivos de déficit fijados por Europa.

López se mostró "radical y firmemente" en contra de lo que tipificó como “el mayor tajo” infligido en la historia al sistema. Las medidas, “agravan los problemas”, porque “ninguna de las medidas busca el crecimiento económico y la generación de empleo”. La crisis no es esencialmente del sector público, sino del financiero, y la responsabilidad no es de funcionarios, trabajadores ni servicios públicos, sino de quienes arruinaron las entidades, obligando a un rescate que ahora sí pagan esos sectores. Tampoco es “de deuda, sino de crecimiento y de empleo”, diagnosticó, para criticar que entre las medidas no haya ni una sola de “estímulo para reactivar la economía y sacarla del pozo de la recesión”. Rajoy se ha equivocado “en el diagnóstico y en la solución”, concluyó.

Además de las iniciativas de propio cuño, el Ejecutivo propuso ayer a las tres diputaciones que no apliquen aquellas medidas de las reformas previstas en materia de dependencia, como el copago a través de la vivienda habitual que supongan un “menoscabo”, según la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, “del modelo de cuidados familiares de Euskadi”.