Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Gobierno para las oposiciones en la Universidad pública

El requerimiento de Hacienda afecta a cientos de profesores catedráticos y titulares

Los rectores abandonan el Consejo de Universidades tras plantar al ministro José Ignacio Wert.
Los rectores abandonan el Consejo de Universidades tras plantar al ministro José Ignacio Wert.

Fin de curso convulso en la universidad pública española. A las huelgas estudiantiles y de profesores asociados, que se han producido en los últimos meses contra el ya más conocido como decreto Wert de medidas de recorte en el ámbito educativo, se añade ahora la orden del Ministerio de Hacienda que paraliza las oposiciones a catedrático y titular de Universidad en el sistema universitario público español. Si los rectorados no “anulan” todas las convocatorias publicadas en 2012 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “la Dirección General anuncia su intención de interponer un recurso contencioso-administrativo, transcurrido un mes”, según el burofax, al que ha tenido acceso EL PAÍS. En esta situación se encuentran “entre 12 y 17 universidades públicas”, según estimaciones de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que convocará la semana que viene con carácter “urgente” a los servicios jurídicos de las universidades afectadas en Madrid.

El rector Morcillo: “No está clara la base jurídica para la supresión”

Los rectores calculan que la decisión afecta en este momento a “cientos de catedráticos y titulares de Universidad”, que se habían preparado para optar a una plaza. Las más afectadas por volumen de plazas son la Universitat de València (más de 50), todas las universidades andaluzas (excepto la de Málaga), la Jaume I de Castellón, varias gallegas o la Autónoma de Madrid.

El Gobierno justifica esta medida insólita en el funcionamiento del sistema público universitario —a través de la apertura de diligencias ordenada por el Tribunal de Cuentas—, “en base al Real Decreto Ley 20/2011 de 30 diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria” que prohíbe durante 2012 “la incorporación de personal nuevo en el sector público”. En el burofax también se alega que la Ley de Presupuestos de 2/2012, de 29 junio establece una tasa de reposición del 10% para los cuerpos de personal docente e investigador de las universidades.

El Gobierno paraliza así convocatorias de oposición, que ya están prácticamente en marcha y con los tribunales constituidos, ante la mirada atónita de los rectores, que no han recibido “instrucción alguna del Ministerio de Educación”. Extremo que confirman los rectores Esteban Morcillo, de la Universitat de València; Vicent Climent, de la Jaume I de Castellón, y José Manuel Roldán, de la Universidad de Córdoba.

El rector Roldán: “Es como cambiar las reglas del juego al final del partido”

Hacienda, según fuentes consultadas, advierte de que la orden va en el mismo sentido que el recurso contra las oposiciones para acceder al cuerpo de maestros y profesores de Andalucía que el Gobierno ha recurrido al Constitucional. “Solo se ha autorizado una Oferta de Empleo Público en el País Vasco, porque ya la tenía en marcha antes del 30 diciembre de 2011”.

“La única comunicación que tenemos es el burofax. En este proceso las universidades no han tenido audiencia. Solo nos ha llegado el requerimiento de apertura de diligencias del Tribunal de Cuentas”, se queja amargado, el rector de Córdoba.

“¿Qué ocurre ahora? Que te cambian las reglas del juego cuando el partido está casi acabado. Nunca se nos había dicho que el programa de jubilación anticipada estaba mal”, añade en referencia al plan estatal de reposición de plazas. El rector de Castellón señala que las plazas son por “acuerdo del Consejo de Gobierno, con el aval del Consejo Social, dentro de la autonomía universitaria y de nuestro presupuesto”. Morcillo coincide en las “dudas jurídicas” para aplicar la orden de Hacienda. “No está clara la base jurídica para la supresión”. El rector llevará el tema al Consejo de Gobierno del martes. “Estudiaremos si esperamos el recurso contencioso de Hacienda o iniciamos acciones oponiéndonos al requerimiento”, concluye Morcillo.