El anterior director de Trabajo alega que nadie le alertó de irregularidades

“Puedo tener responsabilidad política, pero no penal”. A pesar del alegato del ex director general de Trabajo andaluz Daniel Rivera, este miércoles la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, le ha imputado cuatro delitos continuados: malversación, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos. Rivera concedió 42 millones en ayudas del fondo para empresas en crisis entre 2010 y 2012, gracias a un procedimiento que la juez considera ilegal. Sin embargo, el Ejecutivo de José Antonio Griñán defiende su inocencia y la investigación interna que dirigió para arrojar luz tras 10 años de desmanes y caos administrativo.

El alto cargo del Gobierno andaluz hasta hace un mes defendió que ningún responsable técnico ni jurídico le advirtió de que las subvenciones requerían una fiscalización previa, otra permanente y un control a posteriori para seguir el rastro del dinero concedido por la Consejería de Empleo. La juez le ha achacado haber conocido un informe del despacho Garrigues de 2009 que alertaba de irregularidades en el procedimiento y descontrol en las ayudas. Mientras, Rivera admitió haberlo leído pero adujo que la Intervención General, la Intervención delegada en Empleo, el gabinete jurídico y la secretaría general técnica discrepaban y nunca pusieron pegas al sistema implantado en la consejería.

Alaya acusa a Rivera de haber prorrogado el sistema desarrollado por los ex directores generales Javier Guerrero (en prisión preventiva) y Juan Márquez (imputado en la causa). A pesar de que Rivera sustituyó la encomienda de gestión por la transferencia de financiación para los pagos, la juez estima que el cambio normativo también careció de una fiscalización adecuada.

“Puedo tener responsabilidad política, pero no penal”, alega Rivera

Durante su interrogatorio, Alaya ha sacado a relucir las ayudas directas concedidas a las empresas Acyco y Elizana, o las ayudas sociolaborales a Astilleros, en un intento frustrado de salvar la construcción naval en Sevilla y Huelva. Asimismo, Alaya le ha acusado de autorizar pagos a Surcolor sin haber comprobado que se incluyeron dos intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) en su póliza. Durante la mañana hubo momentos de tensión: “Usted es dueña de su pregunta y yo de mi respuesta (…) Usted no me permite que conteste lo que a mi derecho convenga”, ha replicado Rivera.

Juez e imputado han coincidido en el desorden administrativo que suponían los expedientes tras la etapa de Guerrero y Márquez. “Los expedientes eran un desastre y parecían que se habían tirado al aire y luego se habían recompuesto”, ha explicado de manera gráfica Rivera. Alaya le ha recriminado su falta de colaboración con la instrucción judicial, y le ha acusado de haber seleccionado apuntes manuscritos que no envió al juzgado. Y el imputado ha corroborado la acusación de que la Dirección General de Trabajo gestionó “expedientes administrativos” que envió a Alaya y en paralelo otros “expedientes de trabajo” que incluían post-it y demás anotaciones, y que permanecen aún en la consejería. “Yo debo determinar si existe un ilícito penal”, ha zanjado la juez al decirle que debía entregarle toda la documentación al juzgado.

Alaya estima que el ex alto cargo dio ayudas ilegales que suman 42 millones

Entre estos reproches, Alaya ha puntualizado que Empleo debía haberle enviado su investigación realizada junto a los auditores de la Cámara de Cuentas, que identificó 323 personas sospechosas de recibir pagos irregulares, incluidos 126 intrusos y 11,3 millones defraudados, unos datos que aún espera recibir la juez.

Además, la magistrada ha preguntado a Rivera por qué las ayudas no se publicaron en el BOJA y por qué incumplieron la normativa europea. Rivera, licenciado en Derecho, ha replicado que ningún asesor le informó sobre los hechos.

Antes de la declaración, la juez ha desestimado la recusación contra ella que planteó Rivera por “extemporánea”. El ex director general se ha quejado del retraso de casi cinco meses en resolver un recurso contra su imputación. Y Alaya ha replicado: “Están a mi cargo diversas macrocausas, que disponen de varias habitaciones repletas de documentación solo para ellas”.