La ley de empleo público busca “una nueva cultura” funcionarial

La aprobación de la Ley de Empleo Público, a cuyo proyecto dio luz verde ayer el Gobierno, traería consigo “un cambio de cultura en el seno de la Administración, ya que hablamos de trabajar por objetivos y evaluar el desempeño de los funcionarios”, explicó ayer la portavoz y consejera de Justicia y Función Pública, cuyo departamento lo ha elaborado.

Junto a ese nuevo modo de trabajar, en el que se introducen elementos de gestión que se aplican en la empresa privada, el Ejecutivo buscar también dar a las administraciones herramientas que les permitan asignar funciones diferentes a sus empleados según las necesidades cambiantes. Mendia admitió las dificultades de tramitación en el tiempo que quede de legislatura de una ley compleja y muy extensa —tiene más de 200 artículos — pero dijo que todo dependerá de “los ritmos” que se impongan los grupos parlamentarios en la Cámara.

La introducción de ese nuevo modo de operar en todas las administraciones, Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos, deberá ser “gradual y prudente, pero decidida”, defendió Mendia. “La legitimidad del empleo público crecerá ante la opinión pública si esta percibe que es evaluado por sus resultados”, añadió. La consejera afirmó que el proyecto es “respetuoso con la autonomía foral y municipal”.

La portavoz negó que el sometimiento a evaluación del desempeño que cada empleado realiza en su puesto de trabajo pueda suponer rebajas de categoría o despidos más fáciles. Estos seguirán limitados por las restricciones y seguridades que amparan al funcionariado, de un modo especial respecto del resto de los trabajadores. Mendia resaltó los aspectos positivos que la evaluación tendrá en el avance en la carrera profesional para aquellos funcionarios que lo merezcan y que ahora carecen de cualquier expectativa o incentivo respecto de compañeros que realizan menos esfuerzos.

Código ético

Mendia destacó también que la normativa actual contiene muchas restricciones para las administraciones a la hora de mover al personal de un lugar a otro, aunque tengan necesidades de hacerlo. La nueva norma facilita esas movilidad. El proyecto redactado por el Gobierno contiene también un código ético de obligado cumplimiento para todos los empleados públicos.