La justicia se concentra en la ciudad

La presente cartografía judicial de Galicia tiene los meses contados. Tanto los tres grupos parlamentarios gallegos como los distintos profesionales del Derecho llevan el ceño fruncido desde que se publicó en mayo el informe primigenio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con su propuesta para reformar la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Todos están de acuerdo en que el mapa actual, trazado en 1988, está obsoleto. Pero el resultado de la ecuación que se maneja en Galicia, una vez leído el informe, es que no se puede hacer esta reforma desde Madrid. Políticos, abogados y procuradores coinciden en señalar que la dispersión demográfica, con 33.000 núcleos de población, la mitad de los que existen en todo el Estado, no permite una centralización semejante a la propuesta desde el CGPJ, que trasladaría a las ciudades lo que hoy atañe a los pueblos.

No obstante, el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, nivela la balanza. Él aboga por una demarcación judicial semejante a la de la fiscalidad, por provincias. “La mayoría de la gente usa la Justicia dos veces en su vida”, resume Aladro: al casarse y al hacer el testamento. De ahí que prefiera su especialización y la eliminación de juzgados unipersonales, en los que un juez atiende a lo penal y a lo civil, en detrimento de la proximidad. La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, destaca que la reforma permitirá la creación de juzgados exclusivos de violencia de género en territorios que todavía carecen de ellos.

A grandes rasgos, la propuesta que servirá de base al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pretende aumentar el número de municipios dependientes de una sede judicial, lo que supondría la eliminación de 32 de las 45 unidades territoriales en las que se organiza una parte de la Administración gallega de Justicia. En el mapa que bosqueja el documento languidecen los partidos judiciales de cada provincia.

El decano del Colegio de Procuradores de Santiago, José Paz Montero, resalta la “inconcreción” del informe. Ni el documento, ni el CGPJ, a expensas de las recomendaciones de los tribunales superiores, indican cuál será la cabeza de cada partido judicial. Aunque, de acuerdo con la “referencia indicativa” del Consejo, el de Corcubión o el de Verín podrían ser desterrados.

La villa de Corcubión que durante el Antiguo Régimen había sido el orgullo administrativo y comercial de los Condes de Altamira vio peligrar su cabeza judicial en varias ocasionas. La primera fue en 1893 cuando el Ministerio de Gracia y Justicia dibujó una cruz sobre su Juzgado de Primera Instancia. Casi treinta años después, Vimianzo trató de arrebatarle la capitalidad del partido judicial, pero los litigios continuaron al abrigo del edificio modernista que corona su calle principal. Según documenta el historiador corcubionés Luis Lamela, no se trasladarían al actual inmueble hasta la década de los 70. Más de 40.000 personas dependen de este juzgado al que avala una historia vinculada a la instrucción del Prestige, a casos como la operación Orquesta o al naufragio del Casón.

El regidor de Corcubión, Francisco Lema, llevó el asunto a pleno para protestar. Si el CGPJ pretende substituir infraestructuras por ordenadores, Lema considera que la Justicia, igual que Internet, no funcionará correctamente en la comarca. Y en el momento de emitir la sentencia, la cobertura telefónica del alcalde parpadea para ejemplificar el mal.

También se ignora lo que acontecerá con el edificio del Juzgado de Corcubión. Pero es una cuestión que excede los límites municipales, ya que el Plan de Infraestruturas Xudiciais 2010-2015 de la Xunta espera invertir en los edificios que albergan a la Justicia cerca de 100 millones de euros. De esos ya se han consumido 32. Entre la barahúnda de números destacan los destinados a las capitales de provincia o a circunscripciones más modestas como las de Viveiro o Vilalba, en las que se han invertido 200.000 y 16.000 euros, respectivamente.

Muchos de estos juzgados, en su mayoría de Primera Instancia e Instrucción, que tratan divorcios o accidentes, están condenados a extinguirse. Pese al dato, desde el Consejo consideran que los cambios se acogen a “la difícil situación económica que atraviesa el país y que obliga a optimizar recursos”. El decano del Colexio de Avogados de Santiago, Evaristo Nogueira, cree que será la Xunta la que tendrá que rascarse el bolsillo. De aglutinarse varios partidos judiciales en uno solo, no habrá espacio suficiente para dar cobijo a todas las salas y tendrán que construirse nuevos edificios que se financiarán con el erario de la Administración gallega.

Pero Aladro ve la situación desde otro prisma. “Si ahorras para comprarte un Ferrari, puede que después no te llegue el dinero para cambiarle una rueda”. La moraleja del fiscal es que el despliegue de juzgados no es viable económicamente, por los altos costes de su mantenimiento. Pero sugiere que esos inmuebles no tienen por que vaciarse, sino que pueden adquirir las competencias de los servicios de asistencia.

El documento reza que debe haber menos de una hora de trayecto a la sede del partido judicial. Pero, para los vecinos de A Mezquita el trayecto a los juzgados de Ourense superaría ese margen. Los funcionarios de Verín están en vilo. De sus archivos descuellan litigios que datan el siglo XIX. En 1989 se trasladaron a las nuevas dependencias, donde se suceden casos de extranjería, violencia de género y, antes, contrabando. Cuentan sus trabajadores que Verín solo aparece en los periódicos por la rareza de sus casos judiciales. Conforme señala el texto, el partido judicial de esta localidad, del que dependen 10 municipios, pasaría a ser un eslabón más de la cadena que sostiene Ourense. En Verín se encuentra la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, un órgano a merced de la Administración de Justicia.

“Desde Zamora a Verín hay pueblos que quedan a más de 60km, y ahora tendrán que desplazarse a Ourense, que estará a 130”. Amén de la distancia está la falta de transporte público que obliga a muchos vecinos a depender de taxis o familiares para desplazarse al juzgado. Todos estos cambios vienen de la mano de la subida de tasas. El decano de abogados de Santiago da forma al enunciado explicando que por un pleito civil habría que pagar 300 euros, que se convertirían en 600 si se apelase al caso. Sería el doble de lo que se paga en la actualidad. “Si es por una tierra de servidumbre, un pleito acabaría costándoles tanto como si se tratase de un solar. Acabarán por no denunciar”, arguye una funcionaria.

Si bien todos los partidos manifestaron en el hemiciclo su rechazo al informe, los populares rebajaron su importancia a “mera propuesta”, y votaron en contra de la creación de un grupo de trabajo antes de que el Ministerio presente su borrador. Pero PSOE y BNG temen la rotundidad del documento, pues está subscrito por el órgano de gobierno del Poder Judicial, y la ley especifica que es el CGPJ el que debe instruir sobre el anteproyecto de ley de la Administración de Justicia. Y aunque la polémica trata de sacar a bailar a la justicia, esta resiste, convencida de que cesarán los recelos.