La juez Alaya imputa tres delitos a una exasesora de la Consejería de Empleo

La juez Mercedes Alaya ha imputado a María José Rofa, exasesora de la Consejería de Empleo, tres delitos por su tramitación de los expedientes en el caso de los ERE: malversación, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, todos ellos continuados. La gravedad de la acusación es llamativa tras la supuesta colaboración de Rofa con los agentes de la Guardia Civil, a los que aportó documentación y detalló las tripas de la Consejería entre 2008 y 2010, cuando se intentó ordenar el caos dejado por el anterior director general Javier Guerrero. Lo cierto es que Rofa podría afrontar hasta ocho años de prisión por malversación continuada.

 La Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza por responsabilidad civil de 205 millones para Rofa, cifra similar a la exigida a su exjefe, el antiguo director general de Trabajo Juan Márquez, en libertad con cargos. Mientras, la Junta rebajó la suma a 3,5 millones por conocer la inclusión de dos intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) en la póliza de Calderinox y tres pagos irregulares a las empresas SAT Virgen del Espino, Pack Sur y Río Grande. El resto de acusaciones, Partido Popular, UGT y el sindicato ultraderechista Manos Limpias se limitaron a apoyar a la juez en cualquiera de las medidas que decida adoptar contra Rofa.

La juez no ha adoptado medidas personales contra Rofa, que ratificó su extensa declaración ante la Guardia Civil pero se negó a declarar ante Alaya, aunque dejó una puerta abierta a declarar por escrito próximamente para aclarar su postura respecto a las irregularidades detectadas en la Consejería. Rofa ha subrayado que no era funcionaria, sino que tenía un contrato como personal laboral y que no tenía capacidad de decisión.

Alaya detalló los cargos contra Rofa en un auto, entre ellos “suplir deficiencias y convenios que faltaban”, según le achacó: “Trabajó con las mismas herramientas, aunque fuera por indicación de sus superiores, pero teniendo ella conocimiento de la presunta ilegalidad que todo ello suponía”. El abogado Juan Carlos Alférez pidió a la magistrada que no imponga fianzas a “simples empleados en tareas de auxilio técnico que nada decidían”. Alférez matizó al respecto: “Estas personas verán trabado embargos cien millonarios sobre su patrimonio sin haber obtenido lucro personal”.